Foto archivo 8300web

El abogado de la comunidad Plácido Puel, reclamó una solución institucional al conflicto originado en Villa Pehuenia cuando un grupo el intendente y otros funcionarios atacaron a integrantes de esa agrupación. Dijo que la provincia “tiene que intervenir” en el asunto. “Las denuncias penales no sirven para darle final al conflicto”, dijo.

Enero no fue un mes tranquilo para la comunidad Plácido Puel, en Villa Pehuenia. Una cuadrilla municipal, comenzó a trabajar en uno de los lotes que pertenecen a ese pueblo originario, algo que las autoridades municipales cuestionan.

“No sólo estaban emparejando, sino sacando arbustos, plantas medicionales y plantas autóctonas del lugar”, recordó Raúl Puel, miembro de la comunidad. “Traté de comunicarme con la gente de la municipalidad para ver qué estaba pasando, porque era muy cerca de la casa del lonko de la comunidad, pero no pude contactarme con nadie. Entonces hice una denuncia policial”, dijo.

Pero la cosa no terminó ahí: tres días después, la municipalidad siguió con el trabajo. “Como siguieron, y nadie nos quiso atender en la municipalidad, tomamos la medida de poner un par de palos y una hebra de alambre para que no ingresaran mas. Porque según el código civil, aun teniendo una hebra de alambre, quien la voltea comete un delito”.

Pero la medida no dio resultado, porque -según contó Puel- el intendente Sandro Badilla y el ex jefe comunal condenado y destituído por malversación de fondos, Mauro Del Castillo, comenzaron a convocar a los vecinos por la radio local, “engañándolos como que habíamos tomado la costa del lago. La gente vino al otro día. Lo que hicieron es sacar los alambrados por la fuerza, llevaron camiones, palas y todo. A la gente de la comunidad la agarraron a palos. Varios integrantes de la conunidad terminó golpeada”.

Nuestro colega de 8300web, Kvrvf Nawel, hizo una crónica detallada de ese conflicto en el sitio Mapuxpress.net, al que tituló: Puelmapu: Turismo, racismo y despojo contra comunidad mapuche Placido Puel.

Los lotes son de la comunidad Puel

El abogado de la comunidad, Jorge Tobares, explicó que Plácido Puel, es una comunidad originaria que ocupa ancestralmente el territorio. “Esta es una situación de conflicto que se remonta a la declaración del éjido y su villa, en 1996. Cuando se creó el éjido se incluyeron un par de lotes que ocupan ancestralmente la comunidad Plácido, que son los 37, 38 y 39. Nunca se efectivizó el reconocimiento de ese territorio comunitario”, aseguró.

En una entrevista realizada por el programa La Palangana, Tobares sostuvo que a partir de ese antecedente y hasta la fecha “han pasado muchos años pero el conflicto se mantuvo, porque la provincia, a través de la dirección provincial de Tierras, nunca hizo el reconocimiento. Es decir que por esto siempre hubo situaciones de tensión y enfrentamiento, por el crecimiento importante que tuvo la villa”.

Dijo además que sería importante cumplir con el Convenio169 de la OIT , porque eso “permitiría delimitar el territorio, y a partir de eso, podría existir una convivencia normal desde el punto de vista institucional, entre las autoridades y la comunidad de la villa Pehuenia y las comunidades que ancestralmente ocupan este territorio”.

El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos “puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan”. Sostiene además que estos principios “no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública”.

Tobares, señaló que las denuncias penales deben investigarse y esclarecerse, pero insistió en que deben encontrarse “los puentes” que permitan solucionar los problemas. “Hay denuncias cruzadas de hace años atrás. Algunas se están investigando. Ojalá haya un esclarecimietno y sanción a los responsables de los atropellos. Sean mapuches o huincas, pero no es el camino para la solución”, dijo.

Explicó además que las parcelas en conflicto están dentro del éjido de Villa Pehuenia, “y allí todas las tierras son provinciales, porque no ha habido transferencia a la comuna. O sea que la provincia tiene competencia directa allí”.

La lonko de la comunidad mapuche, Gelay Ko, Norma Lincopán, indicó que el informe que realizó la Provincia dictaminó finalmente que no hay contaminación en Barda Negra, área donde opera la empresa Apache. 

En una semana en la que se dio a conocer un nuevo derrame de petróleo en Barda, Negra Norma Lincopan aseguró en La Palangana (FM 103.7) que el estudio ambiental realizado por el Estado no arrojó índices de contaminación. “Nos entregaron un informe donde está la contaminación con fotos y todo pero a lo último dicen que no hay contaminación”, explicó la lonko.

Además, siguen sin recibir respuestas por parte del fiscal de Estado Raúl Gaitán quien hoy iba a proporcionarles algún tipo de solución consensuada con la empresa, pero finalmente no se concretó.

Esta tarde la comunidad se reunirá para evaluar cómo seguir. “Tenemos bajo control que la empresa no puede seguir haciendo pozos ni gasoductos”, aclaró Lincopan.

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Foto Confederación Mapuche

Alarmado por la situación que vive el Pueblo Mapuche en un contexto provincial donde el gobernador neuquino, Jorge Sapag, se niega a implementar la ley nacional 26.160 de relevamiento territorial indígena y donde el conflicto se  acrecienta en territorio mapuche con la invasión de empresas extractivas, el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, fue recibido hace días por todas las autoridades de la Confederación Mapuche de Neuquén, en un encuentro donde las denuncias alcanzan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Por Kvrvf Nawel, comunicador mapuche.

No se encontraron desconocidos. En los últimos años la Confederación Mapuche de Neuquén ha presentado en las instancias internacionales una innumerable lista de casos en los que se detalla la violación a los Derechos Humanos de las comunidades mapuche. Los mismos werken de la Confederación Mapuche han expuesto los casos más severos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Foro Permanente de la ONU. De hecho, el mismo Relator Especial envió al Estado argentino puntales recomendaciones para resguardar la vida y la integridad física y cultural de
las comunidades mapuche en la provincia de Neuquén. Sin embargo, en ésta provincia donde jueces, diputados, intendentes, empresarios y funcionarios están involucrados en la usurpación a las tierras comunitarias mapuche, es todo un desafío que esas recomendaciones se hagan realidad.

Foto Confederación Mapuche

“Mari mari Relator, mi nombre es Maripan Elías, soy logko de las 56 comunidades mapuche de la provincia de Neuquén. Usted aquí ha venido a observar la situación que vivimos, ha venido a escuchar y agradecidos estamos” inició el encuentro la máxima autoridad mapuche proclamada en el ultimo Parlamento Mapuche realizado en noviembre pasado.

Refiriéndose a la visita del Relator Anaya, Maripan dijo que “así debería hacer el gobierno provincial, así debería hacer el gobierno nacional. Y cuando a uno le niegan el diálogo, nuestros derechos se atropellan”. Sin muchas vueltas el Ñizol logko comentó las respuestas que reciben de los gobiernos. “Nos mandan a las petroleras como si nosotros no existiéramos. Nos mandan a las mineras para destruir el waj mapu, destruir el agua, los ríos y los lagos y así destruir a nuestro pueblo”.

Luego de agradecer las palabras del Ñizol Logko Maripan, el Relator Especial de la ONU dio cuenta de su tarea y del objetivo de su visita. “El Consejo de Derechos Humanos me nombra a mí para recibir información, promover los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, responder las preocupaciones indígenas haciendo comunicación con los gobiernos cuando ello lo amerita y realizando visitas de este tipo llegando al territorio para conocer directamente la realidad que están viviendo. Y ayudar a que los gobiernos sepan de sus preocupaciones para ver cómo se encuentran
las soluciones a los problemas que ustedes plantean.”

Y es que los problemas que los Estados y gobiernos generan hacia el Pueblo Originario Mapuche son muchos y de todo tipo, pero como las cucarachas, todos se esconden cuando prenden la luz. Sobre la invasión de empresas extractivas y la violenta contaminación diaria que éstas originan en territorio comunitario, “son inventos de dos mapuche” dice el fiscal de la provincia de Neuquén. Por la usurpación de terratenientes que adjudican títulos otorgados por la Dirección Provincial de Tierras, “se debe respetar la propiedad privada, así lo dice la ley” sostienen algunos diputados. Referente a las empresas turísticas que arrasan y destruyen las tierras de las comunidades, “son proyectos de desarrollo” afirman los funcionarios.

En las últimas décadas el Estado neuquino solo ha tenido dos respuestas ante las demandas del Pueblo Mapuche. Alguien podría decir que es un gobierno ejecutivo, pero no se trata de eso, sino de un fuerte racismo y discriminación institucional. Una opción es acusar a lo mapuche y enjuiciarlos; y la otra más rápida y eficaz, es la represión.

Hecha la ley, hecha la trampa 

Foto Confederación Mapuche

Un capítulo aparte merece la denuncia que la Confederación Mapuche elevó al Relator ante la nula implementación de la ley 26.160 de relevamiento de los territorios indígenas en la provincia de Neuquén.

El Congreso argentino sancionó dicha legislación en el año 2005 con el objetivo de frenar los desalojos hacia las comunidades originarias y realizar, en el lapso de 4 años y con un presupuesto de treinta millones de pesos, un urgente y rápido relevamiento técnico, antropológico-catastral de los territorios en los que viven los Pueblos Originarios en el país. Pero en plena vigencia de esta ley persistieron los desalojos violentos a las comunidades originarias y fueron asesinados cuatro indígenas. Ya pasaron seis años de la sanción de esta ley, incluyendo una prorroga de cuatro años y el
dinero sin usar, y hasta la fecha se aplico en menos de la mitad del país. Parece cómico, si no fuera demasiado trágico, que el Congreso haya denomino a la 26.160 como “ley de emergencia de los territorios indígenas”.

“Nosotros queremos y necesitamos con urgencia la implementación de la ley de relevamiento territorial. El gobierno ha boicoteado la presencia del Pueblo Mapuche en la implementación de la ley, quiere acomodarla para beneficio de los intereses de estancieros y nos siguen desplazando” le dijo al Relator, el Werken de la Confederación Mapuche, José Kintriqueo.

“Los que vamos a la veranada ya no tenemos espacios, los terratenientes nos están encerrando. Nos están dejando sin espacio para criar a nuestros animalitos. Todo eso lo genera el gobierno provincial” afirmo contundente el Ñizol Logko Maripan.

Es un secreto a voces el listado de funcionarios públicos que se han apropiado de las tierras mapuche, desplazando a las comunidades a territorios secos y rocosos; pero el gobernador neuquino, Jorge Sapag, fiel al refrenan popular “haz lo que yo digo pero no lo que hago”, insiste en que todos debemos ser “esclavos de las leyes”.

“El propio gobernador tiene estancias a lo largo y ancho de la provincia que atraviesan territorio comunitario, y por eso el gobierno se niega a que el relevamiento sea con participación mapuche, porque justamente la participación de nuestra organización generaría condiciones para abrir esa olla de información que está tapada por el gobierno” denunció la Werken Verónica Huilipan, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) es el partido que se instalo en el poder provincial hace medio siglo, solo las dictaduras militares interrumpieron sus gobiernos. En algunos países a ese tipo de poder le dicen dictadura, y aquí le llaman democracia.

Las últimas declaraciones del actual gobernador del MPN, Jorge Sapag, son elocuentes y cargadas de desprecio al afirmar que el relevamiento se realizara pero diseñado por el propio gobierno sin la Confederación Mapuche.

La legislación nacional establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es el responsable de la aplicación del programa que estipula el relevamiento territorial indígena. Y es clara la ley cuando sostiene que el INAI debe aplicarla con la necesaria participación de los Pueblos Indígenas de las provincias, respetando así el Derecho a la Consulta. Pero dicho Instituto del gobierno nacional, una vez mas muestra su inoperancia y después de 6 años de promesas, el programa de la ley de relevamiento de los territorios indígenas brilla por su ausencia.

Sobre la nula aplicación de la ley, la werken Huilipan fue directa en apuntar a los responsables. “El relevamiento está frenado porque los gobiernos provincial y nacional se han puesto de acuerdo en que la Confederación Mapuche de Neuquén no debe participar, existe una clara cooperación entre ambos gobiernos para que la institución mapuche no sea parte.”

Que el gobierno provincial del MPN se niegue tajantemente a reconocer a la organización mapuche no es novedad, lo que genera preocupación es la actitud del gobierno nacional. Y es que el INAI ha optado por paralizar cada acción que genere la implementación del relevamiento en la provincia de Neuquén. “Se está en un proceso de firmas de convenio entre el gobierno nacional y provincial” viene repitiendo hace dos años el presidente del INAI, Daniel Fernández.

La alianza que existe entre los gobiernos nacional y provincial se basa en un único interés que no es precisamente sentimental. Y es que esta relación de matrimonio sin amor solo se sostiene por la rentabilidad de las industrias extractivas de petróleo, gas y el nuevo yacimiento de hidrocarburo no convencional anunciado hace unos meses con bombos y platillos por la presidente Cristina Fernández y el gobernador Jorge Sapag. ¡Oh casualidad!, dicho yacimiento se encuentra en territorio mapuche y las investigaciones afirman que el sheil gas es 300 veces más contaminante y destructivo que el hidrocarburo convencional.

¡Elemental Watson! diría un conocido investigador. Son muchos intereses del poder que están en juego. Son muchos negociados políticos y económicos los que se destaparían con los resultados que arroje el relevamiento de territorios indígenas. Y por eso la negativa de los gobiernos a la participación de la Confederación Mapuche.

Listado de atropellos

En la capital de Neuquén las autoridades de la Confederación Mapuche le entregaron al Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas un completo documento que detalla la grave situación de vulneración que sufren los derechos del Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén.

La feroz contaminación generada en territorio mapuche por la explotación petrolera fue crucial en la reunión. Además, James Anaya recorrió la comunidad mapuche Kaxipayiñ (ubicada en el centro de la provincia) y constato personalmente el daño extremo que ha provocado el yacimiento Loma de la Lata en el territorio comunitario. Caños rotos que vierten crudo diariamente, camiones que entran y salen permanentemente volcando en piletas a cielo abierto los desechos tóxicos, derrames constantes, napas completamente contaminadas, animales muertos en el camino por ingerir agua intoxicada de los arroyos, fuertes ruidos de turbinas de gas y el aire con olor a gasolina, fueron algunas
de las observaciones del Relator. “¿Cómo les afecta todo esto a sus vidas?” le pregunto Anaya al werken Rolando Cherqui. “Esto nos está matando, y no hay dinero que pueda remediar lo que Repsol-YPF ha destrozado” respondió el werken.

Otra de las denuncias que las autoridades mapuche le expresaron al Relator fue la situación de la comunidad Lof Paichil Antriao. Es que ésta comunidad ha sido víctima de mentiras, engaños y usurpaciones de funcionarios, intendentes, abogados y empresarios desde la misma creación de la ciudad de Villa la Angostura. De hecho, tras la fundación de la villa fue constante la invasión municipal a las tierras de la comunidad. En este caso también James Anaya vivió en carne propia la violencia y el racismo de quienes despojaron a los mapuche de sus tierras. Y es que durante la visita,
el empresario norteamericano William Fisher, quien usurpo el rewe de la comunidad y desalojo con la policía a dos familias de Paichil Antriao, intento evitar a los golpes que la comitiva del Relator junto a la comunidad ingresaran al espacio sagrado para realizar una ceremonia espiritual. “¿Cuando fue el ultimo hecho de violencia que ustedes han
vivido?, consulto el Relator. “Esto es así todos los días. A mi me quemaron la casa y realmente nadie hace nada. Peligramos nuestra vida y no hay justicia. Jueces, policía, intendente, todos están juntos y la policía nos maltrata a todo momento. Después que desalojaron a las familias, nosotros tuvimos en nuestras tierras 50 parapoliciales de la
GEOP amedrentándonos durante tres meses. Y aquí no tenemos luz, agua, nada. Somos discriminados por el solo hecho de ser mapuche. Y además de ser discriminados, un día matan a un mapuche y nadie hace nada, esa es la verdad en este pueblo”, respondió Ester, pobladora de la comunidad Paichil Antriao.

Ambos lugares que Anaya recorrió fueron de suma relevancia para observar y sentir la desgarradora realidad que son empujadas a vivir las comunidades mapuche.

Cuando las comunidades ya hartas de ser despojadas deciden recuperar su territorio, son acusadas de usurpadoras y hasta de “terroristas”. Cuando los mapuche se cansan de la contaminación que generan las industrias extractivas multinacionales y realizan una medida de protesta, son acusadas de daño a la propiedad privada. En todos los casos el
gobierno nunca resuelve los conflictos que el mismo Estado genera.

La organización del Pueblo Mapuche de Neuquén expreso al Relator Anaya que los 250 mapuche procesados, con causas civiles y penales, que desfilan por los tribunales de la justicia neuquina son acusados de “usurpación”, “desobediencia a una orden judicial”, “coacción”, “instigación”, “daño a la propiedad privada”, todas acusaciones
que contradicen fuertemente el marco normativo actual.

La raíz de todos esos conflictos se encuentra en la violación que realiza el Estado al Derecho a la Consulta que tienen los Pueblos Originarios. Y es que el Derecho a la Consulta que poseen los pueblos preexistentes se traduce en que cualquier tipo de proyecto que pretenda instalarse en tierras indígenas debe obtener la aceptación o no, información mediante, de la comunidad originaria del lugar. Pero los gobiernos entregan concesiones a las empresas extractivas y turísticas y títulos de propiedad a terratenientes en los territorios de las comunidades mapuche sin ningún tipo de consulta previa, libre e informada.

“En 2006 le entregamos al gobierno federal una propuesta para establecer el derecho a la consulta, pero hasta el día de hoy no recibimos ninguna respuesta” le dijo la werken Verónica Huilipan al Relator Anaya.

La werken Pety Piciñam, quien representa al Pueblo Mapuche de Neuquén en el Consejo de Participación Indígena (CPI), instancia con facultad para establecer el derecho a la Consulta dentro del INAI, denunció que “es repudiable la manipulación que hace el INAI a los indígenas. Nos quiere hacer creer que con solo informándonos están respetando la Consulta y es lamentable ver que algunos indígenas confundidos se prestan para ese manejo. El INAI creó una organización indígena para desestructurar al CPI. Esa operación política de división dentro de las organizaciones originarias es lo que el INAI genera como política pública.”

Con todas las denuncias recibidas que involucran a los gobiernos nacional y de Neuquén, el Relator de la ONU dijo que “mi compromiso es generar ámbitos de concertación y dar luz a los problemas para superar los desafíos que ustedes me acaban de plantear.”

El Relator James Anaya elaborara en los próximos meses un Informe de situación de cada región que visito en el país y enviara al Estado nacional sus observaciones y recomendaciones pertinentes.

Es importante resaltar que la sola presencia en Argentina del Relator Especial de ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas indica que los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios están siendo vulnerados en el país. La visita de Anaya no es de carácter vacacional. El Estado argentino continúa adeudando las recomendaciones que el Relator envió en 2010 y 2011 para resguardar y proteger la integridad de los hijos e hijas de la tierra. Los Derechos de los Pueblos Indígenas es una materia pendiente en el actual gobierno “nacional y popular”, y aparentemente no existe interés en sacar un 10.

Sin embargo, empujada por la fuerza del antiguo viento, la Confederación Mapuche de Neuquén avanza por sus derechos. Como el pewen milenario se mantiene erguida ante los atropellos wigka y la desidia de los gobiernos. Porque el sol clarifica su camino y el corazón de la tierra le da fortaleza para enfrentar traiciones miserables y enemigos poderosos. Y allí se encuentran ahora, mujeres y hombres, niños y ancianos defendiendo la tierra y el agua que les dieron vida y luchando por el futuro de su Pueblo ancestral.

La lonko de la comunidad mapuche, Norma Lincopán, dijo en el programa La Palangana que esta semana hubo un nuevo derrame de petróleo en la zona de Barda Negra. “Ahora se lo llevamos al fiscal (de Estado) para que vea. Hubo una mala maniobra de la empresa y se derramó gas y petróleo”, explicó. Esta tarde se reúnen con el gobierno.

Norma Lincopán le dijo al programa La Palangana que llevarán las prubeas de este nuevo derrame el fiscal de Estado, quien la última semana de noviembre constató en el lugar las denuncias de la comunidad mapuce Gelay Ko.

“Seguimos esperando diálogo y dándole tiempo al fiscal que dijo que se iba a reunir con la empresa para ver a qué acuerdo llegar. Hoy tenemos una reunión a las 14 en Neuquén y sabremos qué nos van a comentar. Y a la espera de esa reunión”.

El reclamo de la comunidad es que la empresa Apache respete el compromiso asumido de palabra con la comunidad de no hacer más pozos y trabajar con los que ya tienen. La comunidad de Gelay Ko denunció la contaminación ambiental producida por la empresa Apache en Barda Negra, paraje cercano a Zapala.

Norma Lincopán, en La Palangana

Imagen del sitio: http://www.nodo50.org

La mesa nacional del Movimiento Campesino Indígena, vuelve a la carga por la sanción de una ley contra los desalojos campesinos. Planteo el freno por cinco años de los desalojos compulsivos. Ingresó en el congreso a principios de año. Si bien tiene el apoyo de la secretaría de Agricultura, aún espera ser tratada.

“La ley plantea el freno a los desalojos por cinco años. No se puiede avanzar en desalojo de familias campesinas indígenas y en ese período, propone hacer un relevamiento territorial, para ver quién es el propietario, como forma de reconocimiento de las familias que están ahí”, le dijo el dirigente de la mesa, Fabián Alderete, al programa La Palangana.

La norma es impulsada por el Movimiento Nacional Campesino, el Frente Nacional Campesino, el Movimiento Campesino de Liberación y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires.

El Foro por la soberanía alimentaria, recrodó que las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar “proponemos Soberanía Alimentaria, y para lograrla es preciso detener los desalojos y avanzar en la declaración de la función social de la tierra y el fortalecimiento de la agricultura campesina y familiar”.

En un artículo para el sitio de la coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el periodista Darío Aranda explicó que el proyecto “solicita la suspensión de desalojos durante cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta, en los tres primeros años, a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas”.

Alderete explicó que la iniciativa “aún está en construcción”, y que en este momento están “pelando políticamente para que se sancione”. Pero destacó que su objetivo fundamental es oponerse el modelo extractivo que existe en el país. “Como movimiento campesino indígena, vemos que hay un modelo extractivo del agronegocio, que busca extaer bienes naturales y avanzar sobre la población, la vegetación”.

Más información

Una ley para mantener la vida campesina. Por Darío Aranda

Foro por la soberanía alimentaria

Foto del sitio: http://mocase-vc.blogspot.com/

La Mesa Campesina del Norte Neuquino convoca a una movilización para mañana a las 18 en la Plaza San Martin. Sus integrantes reclaman juicio y castigo a quienes son responsables materiales e intelectuales del crimen de Ferreyra.

La marcha saldrá desde la plaza San Martin, frente al torreón, y continuará con una feria de productos de la soberanía alimentaria que se realizará en General Paz y Lamadrid de Chos Malal. Estarán presentes artistas locales.

La Mesa Campesina, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, señala las responsabilidades políticas en el asesinato de Cristian Ferreyra que le caben al gobierno de Santiago del Estero, conducido por Gerardo Zamora. Pide también que las y los diputados verifiquen la presencia de bandas al servicio del empresariado vinculado a los agronegocios y que se agilice el tratamiento parlamentario del proyecto de ley contra los desalojos y por la función social de la tierra, elaborado por las organizaciones campesino-indígenas del país.

Imagen extraída del sitio http://odhpi.org/2011/12/adios-al-dirigente-mapuche-alfredo-pichunleo/

Lo dijo Norma Lincopan. La comunidad de Gelay Ko denunció la contaminación ambiental producida por la empresa Apache en Barda Negra, paraje cercano a Zapala.

Representantes del gobierno provincial junto al fiscal de Estado recorrieron el jueves pasado el territorio y corroboraron la contaminación.

En diálogo con el ciclo La Palangana (FM 103.7) de radio Universidad Calf, Lincopan afirmó que el fiscal les dijo “que entre el lunes o martes” van a tener “alguna respuesta de parte del gobierno” y que él “vio como los animales tomaban el agua con petróleo”.

“Tenemos que llegar a esto para que nos escuchen”, aseguró Lincopan, en relación a la toma de la planta de gas de Apache. Señaló que la policía todavía sigue en la zona, aunque las autoridades manifestaron que no enviaron a las fuerzas de seguridad.

Escuchá la entrevista a Norma Lincopan en La Palangana

Foto Concejo Deliberante SMA: http://goo.gl/zRi6

La que logró sanción definitiva en el Congreso Nacional, fue la restitución  de 400 hectáreas que tenía en su poder el Estado Nacional a la comunidad Mapuce Curruhunica, en la zona de San Martín de los Andes. Allí ya funciona el barrio intercultural que alberga a unas 2500 familias. Las tierras corresponden al Lote 27 que hasta ayer, pertenecía al Parque Nacional Lanín.

El Congreso Nacional aprobó ayer por 149 votos a favor y dos en contra, la restitución de tierras para la constitución legal del barrio Intercultural en San Martín de los Andes. Se trata de una iniciativa de la agrupación de Vecinos sin Techo y la agrupación mapuce Curruhunica, quien reclama la propiedad de esas tierras ancestrales. Por ese motivo, los pueblos originarios hablan de “restitución” y no de cesión.

Son 400 hectáreas que se encuentran dentro de la región del Parque Nacional Lanín. De ese total, 100 se destinarán la barrio intercultural. El Parque tiene unas 420 mil hectáreas.

Si bien el proyecto no tenía aun dictamen de la comisión de Recursos Naturales, la diputada neuquina Alicia Comelli explicó que nunca se había logrado en ese grupo como para despachar la iniciativa. Por eso ayer, junto con el diputado nacional Claudio Lozando, propusieron su tratamiento sobre tablas y lograron la aprobación definitiva.

Comelli, explicó que este barrio intercultural “es hoy una realidad y estamos avanzando en infraestructura”. También advirtió que si no se trataba anoche el dictamen caería y con él la media sanción.

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes había declarado en agosto pasado “de interés municipal” el Proyecto de Ley “Transferencia de Tierras de Parques Nacionales en propiedad comunitaria para la Agrupación Mapuche Curruhuinca y establecimiento de un Barrio Intercultural en inmueble de propiedad comunitaria”.

“El proyecto involucra tanto al sector más vulnerable de la ciudad como a poblaciones de la comunidad Mapuche Curruhuinca, y es producto de un diálogo de más de 7 años entre las partes, al que se ha sumado el Parque Nacional Lanín y la Municipalidad de San Martín de los Andes”, resaltó el Deliberante de SMA cuando le dio su apoyo camino al Congreso de la Nación.

Más información

Qué es el proyecto del Barrio Intrercultural

El proyecto “De interés municipal”

El Barrio intercultural y la restitución son ley desde anoche

Foto mapuexpress.net

En un encuentro mantenido ayer el gobierno prometió ir al lugar para constatar las denuncias de contaminación. “No hubo diálogo”, aseguró la lonko.

Pocas respuestas encontraron ayer los y las representantes de la comunidad Gelay Ko ante el reclamo que mantienen con la empresa Apache, de frenar las exploraciones en la zona de Barda Negra (a unos 70 kilómetros de Zapala).

Norma Lincopan, entrevistada por La Palangana (FM 103.7), indicó que sólo obtuvieron una promesa de acercarse a la zona en tres días para confirmar si es cierta o no la denuncia de cocntaminación ambiental. “No nos creen, entonces no hay diálogo”, aseguró.

Además reveló conflictos internos en ya que “la empresa le paga a gente de mi propia comunidad para que salga a decir que está todo bien”.

“Estamos viendo el grado de contaminación en Loma de la Lata, eso nos esperan en Gelay Ko, no lo vamos a permitir”, destacó y adelantó que seguirán con las medidas de fuerza hasta recibir soluciones.

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Foto: opsur.wordpress.com

Desde la semana pasada la comunidad Gelay Ko tomó la planta de gas de Apache en Barda Negra -paraje ubicado a unos 70 kilómetros de Zapala-. El motivo fue el no cumplimiento por parte de la empresa del acuerdo logrado hace un año de no explorar más pozos, sino solo trabajar con los que ya tenían. Además denunciaron contaminación ambiental y solicitaron la conformación de un equipo para constatar esto.

Durante estos días de conflicto el gobierno ha dilatado las reuniones que podrían aportar soluciones y se vivieron momentos tensos con la policía que custodia el lugar.

Hoy a las 13 representantes mapuches se entrevistarán con la Fiscalía de Estado y esperan obtener respuestas.

Organizaciones como Foperma, Ecosur, Mesa Coordinadora por los DDHH Zapala, partidos políticos como FIT, Proyecto Sur Plottier, MST Neuquén, apoyaron la lucha de la comunidad y se sumaron al reclamo.