Un artículo periodístico da cuenta de que los chicos que no conocen el miedo, están más predispuestos a la delincuencia. Es decir: la delincuencia no es un problema social, sino genético. Un nuevo e ingenioso aporte a la derechización de la sociedad.

Por Pablo Scatizza

Es esa extraña sensación entre miedo y bronca, algo así como indignación,  pero también temor al momento de imaginar la repercusión que una nota como la que estaba leyendo puede llegar a ocasionar en ese gran sector filofascista que compone esta sociedad en la que vivimos.

No es la primera vez que el diario Río Negro nos regala una nota de este tipo, capciosa y en franca sintonía con la paranoia de turno generada por los grandes medios de comunicación. Basta recordar su comportamiento reciente frente a la psicosis de la Gripe A para tener un sólo y claro ejemplo de lo que quiero decir. Pero esta mañana, nuevamente, una nota suya puso en ridículo mi ya bastardeada capacidad de asombro.

El artículo en cuestión afirma con contundencia  en su título: “Los niños que no conocen el miedo predispuestos a la delincuencia”. Y reproduce en él un cable de la agencia de noticias AFP, en la que en cinco párrafos se da a conocer los resultados de un supuesto informe publicado el pasado lunes de la American Journal of Psychiatry, que dicho en criollo sería la Revista Americana de Psiquiatría. Según el informe, y como resultado de una investigación realizada en isla Mauricio –donde se estudió el comportamiento de 1.800 niños durante 20 años., los chicos “que no tienen una reacción de miedo frente a situaciones atemorizantes están más predispuestos a convertirse en delincuentes cuando crezcan”.

En el artículo publicado por el Río Negro se explica que en aquel lugar (isla Mauricio queda en medio del Océano Indico, a unos 900 kilómetros al Este de Madagascar) “se evaluaron las reacciones de miedo de casi 1.800 niños de tres años midiendo sus reacciones cutáneas, como la producción de sudor, a ruidos repentinos que buscaban asustarlos. Veinte años después, los investigadores estudiaron los expedientes judiciales de su muestra y descubrieron que, a los 23 años, 137 de los participantes en el estudio inicial habían cometido delitos o crímenes. Ninguno de ellos había mostrado una reacción de miedo en la experiencia realizada cuando tenían tres años. Los que a los 23 años no habían cometido delitos habían manifestado miedo en esos tests. Los autores del estudio dan a entender que la tendencia a convertirse en un delincuente o un criminal se debe menos a las condiciones económicas y sociales que al funcionamiento del cerebro”.

Ya está. La solución a “nuestros” problemas de inseguridad que nos provocan los pequeños demonios que pululan por las ciudades está al alcance de nuestras manos. Matemos a los “sin-miedo” antes de que crezcan, o metámoslos a todos en una isla bien alejada (bien podría ser la Mauricio ésta), dejemos con nosotros, que ya sabemos lo que es el miedo, a los niños que sí saben lo que es el temor, ¡y listo!

En medio de una psicosis colectiva generada y retroalimentada por los grande medios de comunicación, en la que los niños delincuentes parecen salir de abajo de las piedras y en la que estamos siendo todos –cuando digo todos, entiéndase, me refiero a la gente “decente, trabajadora y de clase media y alta”-  amenazados por púberes asesinos, un artículo titulado de esta manera que concluye en que el problema de la delincuencia no es social sino genético, dando una vuelta de tuerca a la teoría lombrosiana de principios de siglo XX -que definía a los delincuentes de acuerdo a las características físicas de las personas-, es realmente preocupante, cuando no peligroso y anti ético.

Sobre todo porque el artículo en cuestión va contextualizado por la típica falacia de autoridad que brinda el señalar los títulos y honores de quienes hicieron la investigación, publicada a su vez por una revista con nombre en inglés –lo cual da más credibilidad e importancia al asunto-, y arrojando datos numéricos y porcentuales que tanto gustan a las mentes simplificadoras de la realidad social. “Ja, 20 años estuvieron estudiando pibes los médicos estos; milochocientos chicos analizaron. Y dicen que los que son delincuentes son así de chiquitos, ves? Son asesinos por naturaleza. No tienen remedio”.

Lo que no dice el artículo del diario, ni siquiera se lo pregunta, es cómo es posible semejante conclusión, si de 1.800 niños analizados sólo 137 de ellos cometieron delitos 20 años después. Es decir, solamente el 7,6 por ciento de ese total.

Pero no, si de fundamentar la mano dura se trata, si la idea es promover la derechización de la sociedad que quiere “terminar de una vez por todas” con las ocupaciones de tierra por parte de los mapuches, con los cortes de ruta, con las huelgas y con todo lo que impida el “normal” desarrollo del capitalismo, la publicación de un informe como este es sólo un elemento más.

Desde hace más de un año dos militantes chilenos permanecen privados de su libertad en la U11. Acusados en su país de matar a un carabinero, el gobierno trasandino ha pedido su extradición para que sean juzgados por un tribunal militar.

Por Pablo Scatizza

Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel son dos luchadores populares chilenos que se encuentran presos en la U11, la  Alcaidía provincial ubicada en el Parque Industrial de Neuquén. Están detenidos allí cumpliendo una condena de tres años y seis meses de prisión, acusados de “portación ilegal de arma de guerra”. Fueron detenidos el 15 de marzo de 2008 en San Martín de los Andes, luego de un entredicho que comenzó cuando el guardia de un pub-restaurant les prohibiera el ingreso al escuchar su acento chileno, y donde la xenofobia, los golpes y las lesiones provocadas por personal policial no estuvieron ausentes. Fueron juzgados en Zapala y trasladados a la cárcel de esta capital. Sobre ellos pende un pedido de extradición del gobierno chileno, que los culpa del robo a un banco y el asesinato de un carabinero, hecho que ellos niegan de manera rotunda, subrayando que son perseguidos políticos por ser luchadores sociales y enfrentar actívamente al poder. Freddy Fuentevilla es marxista, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), y Marcelo Villarroel es anarquista, e integra el movimiento Kamina Libre. No son presos comunes y ambos gobiernos lo saben. Ellos mismos lo saben, al igual que el resto de los internos de la Alcaidía. Saben también que son un dolor de cabeza para los gobiernos nacional y provincial, y no hay aspirina que lo pueda calmar.

Es por ello que desde el gobierno y los grandes medios de comunicación se ha impulsado una campaña para legitimar la expulsión de estos jóvenes de la Argentina, caracterizándolos un poco menos que demonios terroristas prontos a reproducir el fantasma libertario que se expande clandestinamente por el continente. Así de “malos” son estos muchachos, que en este armado discursivo no cesan de promover intentos de fuga y tráfico de explosivos para derrumbar los muros de su prisión.

Y no es ironía. Tanto La Mañana de Neuquén como el Río Negro no han dejado de pasar la oportunidad para publicar noticias referidas a Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, haciendo referencia únicamente a la minuta oficial emanada desde la jefatura de Policía. Según ella, los chilenos han sido los culpables de todos los males que este año se produjeron en la Alcadía, acusándolos de promover un intento de fuga en el pabellón 5, mientras el primero de ellos estaba en el pabellón 1 y el segundo en el 4, separados entre sí por muros, rejas, policías y guardia cárceles. Lo dijo así la policía. Lo reproducen así, sin filtro, estos medios, y se instala así en la opinión pública de la “neuquenidad”, que lo último que quiere es que vengan dos chilenos revolucionarios a provocar lío y terminar con la tan ansiada “paz social”.

Dentro de pocos meses, en diciembre de 2009,  Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel cumplirán la mitad de su condena y podrán hacer uso -teóricamente- de ciertos “beneficios” como lo es la libertad temporaria. Pero con ello, también se habilita la posibilidad que se concrete el pedido de extradición que realizó el gobierno chileno y sean enviados al país trasandino, donde los espera una corte militar para enjuiciarlos por el asesinato del carabinero del cual se los acusa. Y en ese país, contraviniendo todas las normas internacionales de Derechos Humanos, aún funciona -como en tiempos dictatoriales- la Justicia Militar para casos en los que se ve involucrado personal de alguna fuerza armada. Es decir, a estos dos civiles a los que se acusa de haber matado de un carabinero, no los juzgaría un tribunal civil sino uno militar, donde los derechos y garantías están ausentes y con aviso. Tal es así, que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas indicó en un documento de 1995 que “El Comité advierte con preocupación la existencia de un número considerable de denuncias de torturas y malos tratos por parte de distintas fuerzas de seguridad, especialmente Carabineros y la Policía de Investigaciones, que no han tenido una respuesta eficaz a través del necesario enjuiciamiento de los autores de tales hechos. El Comité piensa también que algunos aspectos de la legislación vigente, como las reglas del sistema de enjuiciamiento penal o el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar, no contribuyen a la evitación de la tortura”. Bien, esta es la “justicia” que los espera en Chile, de ser extraditados, con el agregado de ser considerados “terroristas” por su militancia activa y popular en ese país.

En lo que respecta al pedido de extradición, Marcelo Villarroel nos explicó días atrás durante una visita a la U11, que el trámite corre por dos vías paralelas, una administrativa y la otra jurídica. El proceso administrativo tiene que ver con la decisión de expulsión por parte del gobierno argentino. Frente a esa decisión (que depende del Ministerio del Interior de la Nación), hay un recurso administrativo presentado a través de la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), para evitar que esa expulsión se concrete. Orden de expulsión que, además, no respeta protocolos internacionales ya que fue dispuesta días después del pedido de asilo político por parte de los presos chilenos, y tal como lo dispone el CEPARE, que es el Comité para la Eligibilidad para los Refugiados, no se puede expulsar a quien es peticionante. “Nosotros somos detenidos el 15 de marzo y el 22 pedimos el asilo político, y a los días después se ordena la expulsión. Ahí hay una irregularidad flagrante. Un proceso de petición habitualmente no dura menos de dos años. El proceso de análisis no dura menos de dos años. Y a nosotros se nos dicta la expulsión en ocho días, y aún siendo peticionantes, contra el criterio universal que ordena el Cepare”, relató.

Frente a este proceso administrativo, está el pedido de extradición que realizó el gobierno chileno, que es un proceso jurídico que solicita la justicia militar y que, un estado democrático de derecho como el argentino debiera negar.

El caso de Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla ha recorrido el mundo, por ser perseguidos políticos, por sus luchas al lado de los mapuches comuneros que luchan por la recuperación de sus tierras, por rebelarse y agredir toda forma de explotación privada y estatal. Este fin de semana del 5  de septiembre, en España, Chile, Suiza, Brasil y muchos otros países se realizarán actividades por la liberación de estos presos y la no extradición a Chile. En Argentina, esta jornada de protesta se realizará en Neuquén, La Plata, Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades, en las cuales se incluirá el pedido de liberación de Karina Germano, “La Galle”, militante de HIJOS y presa política, que se encuentra detenida en la cárcel de Ezeiza.

Existen situaciones que no cambian con el tiempo. Situaciones que parecen contradecir la cualidad histórica propia que tienen todas las sociedades y las cosas, inmersas inevitablemente en el decurso temporal.

Por Pablo Scatizza

El tiempo no para, dice una voz, y es por ello que las gentes y las cosas se modifican, mutan, se corrompen. Son esas rupturas las que le dan al historiador un cebo irresistible para urgar entre ellas los procesos que se vuelven necesarios analizar, comprender y explicar.

Es cierto que las continuidades, los elementos que se repiten a lo largo del tiempo, son tan importantes e irresistibles como aquellas para quien decide mirar el pasado desde un presente que reclama explicación. Pero pocas son las cosas que parecen permanecer inmutables; no digo estáticas sino permanentes, repetidas, con apenas algunos toques sutiles que las vuelven más perfectas y peligrosas.

Una de ellas es la tortura; la aplicación de tormentos físicos y psíquicos en tanto dispositivo de poder, aplicados por instituciones estatales sobre personas privadas de su libertad.

Escuchar o leer los testimonios de los internos de la Alcaidía neuquina, la U11, cuando relatan las torturas y los tratos degradantes a los que a diario son sometidos, nos permite trazar un puente directo entre las crónicas inquisitoriales y las memorias de las víctimas de la última dictadura militar, pasando por las reconstrucciones históricas que dan cuenta de la aplicación de tormentos en cárceles y prisiones desde el mismo momento en que estas se convirtieron en el siglo XIX en el símbolo de la evolución del sistema punitivo.

Hasta entonces, la cara de la moneda -que siempre fue la misma- estaba volcada sobre el lado de la tortura y el confinamiento como forma de castigo y disciplinamiento, y con el avenimiento de la Modernidad sólo se volteó sobre sí misma al mostrar la cara de la prisión como institución disciplinadora dominante. Es decir, la moneda nunca cambió, y ni la tortura ni el confinamiento desaparecieron tras los muros carcelarios.

Es cierto que los fines con los que entonces y ahora se tortura no son los mismos, y que las tecnologías aplicadas al sufrimiento ajeno tuvieron una innegable evolución; no se trata tampoco de poner en un mismo plano los objetivos con los que sistemáticamente se les aplicó tormentos a quienes fueron secuestrados y retenidos en campos de concentración dictatoriales, con los que hoy tienen quienes torturan en las cárceles de Neuquén.

Pero la comparación es válida, porque salvo el indescriptible dolor que debe provocar la picana eléctrica -y que con los límites propios que impone el lenguaje los sobrevivientes de los campos de concentración pueden aún hoy describir-, el sufrimiento que hoy padecen los internos detenidos poco se diferencia al de aquellos y aquellas víctimas del terrorismo de Estado: Golpes en las plantas de los pies con varillas de hierro, apaleamiento, patadas, ahorcamientos, intoxicación con gas lacrimógeno, violaciones y submarino seco -tortura consistente en la provocación de asfixia por la colocación de una bolsa de nylon en la cabeza, mientra se golpea repetidamente en el abdomen al detenido- son sólo algunas de las formas de tormentos que los internos de las cárceles neuquinas sufren de manera sistemática.

Aquello era tortura. Esto lo es.

El pasado 31 de julio de 2009 la asociación Zainuco, que vela por los derechos de las personas privadas de la libertad, presentó dos recursos de amparo denunciando las pésimas condiciones de alimentación que sufren los internos de la U11, así como los apremios ilegales a los cuales sistemáticamente son sometidos.

Según la denuncia, a las personas allí detenidas la alimentación que se les sirve está en mal estado de conservación y cocción, es escasa, sin valor nutricional y en algunos casos adulterada con viruta de hierro y otras sustancias químicas no aptas para el consumo humano. Y son humanos, mal que les pese a las autoridades, a la policía y a los funcionarios, quienes terminan siendo cómplices por omisión al no hacer nada al respecto a pesar de estar bien informados sobre esta situación.

Y que están informados no cabe ninguna duda. En mayo de 2008, unas semanas antes de que se iniciara el primer juicio oral y público contra 28 policías acusados de tortura -juicio que finalmente no se realizó y que probablemente lo haga en el próximo mes de septiembre-, se creó una comisión intersectorial conformada por miembros de la APDH y Zainuco, y de los poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia, con el fin de monitorear que se cumpliera con el marco protectorio de la integridad psicofísica de los internos testigos víctimas en la causa, caratulada “Zárate Ricardo y otros s/ torturas”, Expte 59/07.

El temor no era menor: aunque parezca absurdo, los mismos policías acusados de torturar a los internos eran -y son- quienes los “custodian” en la Alcaidía y comisarías provinciales. Y lo que se esperaba sucedió; o mejor dicho, continuó sucediendo. Tal como lo pudieron constatar los integrantes de dicha comisión, un gran número de internos que son testigos y víctimas en la causa no sólo continuaron sufriendo castigos, malos tratos y vejámenes de todo tipo, sino que las condiciones de detención tuvieron un marcado agravamiento.

En la U11, la reclusión en celdas de aislamiento -”buzones”- de los testigos víctimas se convirtió en moneda corriente, así como la irrupción repentina en las celdas por parte de los policías, en horas nocturnas para golpear hasta el cansancio a los internos incluso ahorcando a uno de ellos. Situación a la que se le suma traslados intempestivos a otras dependencias sin aviso a defensores ni familiares y manoseos y abusos a mujeres que acuden a la prisión a visitarlos, entre otras acciones vejatorias.

Y de todo esto fue informado el ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, Omar Pérez, así como el defensor del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Gavernet, el Fiscal Alberto Tribug y los jueces de la Cámara Criminal I y II. También fueron informados de cada una de las visitas que la comisión realizó a los pabellones de la Alcaidía, en la mayoría de las cuales se detectaron en los internos signos de golpes y malos tratos.

Pero ninguno hizo ni hace nada para que esta situación se revierta y no continúe sucediendo.

En mayo de 2009, Zainuco solicitó al presidente del TSJ, Oscar Massei que “disponga de medidas eficientes para la protección de los testigos de la causa (Zárate Ricardo y otros s/torturas), en la medida en que la mayoría de ellos son personas privadas de su libertad que como tales se encuentran bajo la custodia del personal policial que revista en las diferentes unidades de detención de nuestra provincia”. En dicha solicitud, se le informó a Massei acerca de diez causas penales que en el último año se iniciaron en la justicia neuquina, en las que se investiga la comisión de delito de apremios ilegales cometidos por personal policial en contra de diferentes testigos de la causa.

Es decir: el Ministro Omar Perez lo sabe -por ende también lo saben el gobernador Jorge Sapag y la vice gobernadora Ana Pechén-, lo sabe el defensor Alejandro Gavernet, lo sabe el Fiscal Alberto Tribug y lo sabe el vocal del TSJ Oscar Massei… Todos están al tanto de que en las cárceles neuquinas se tortura. Todos están al tanto de cómo se realizan estas torturas. Todos conocen quiénes son los que las realizan.

Pero nadie hace nada.

Y la omisión implica complicidad. Especialmente cuando son funcionarios públicos quienes omiten, quienes miran para otro lado, quienes no escuchan.

Funcionarios que saben muy bien que la pena que una persona debe soportar por haber cometido un delito, cualquiera que este sea, es únicamente la privación de la libertad. Ni más ni menos que eso. Y el que sea moneda corriente los malos tratos, los golpes, la mala alimentación y la tortura no implica que estas acciones puedan volverse legítimas. Son ellos, los funcionarios de los poderes Ejecutivos y Judicial los responsables de que eso no suceda, a partir de acciones concretas que pongan freno a una situación que desde hace años es insostenible.

Como lo fue hace 200 años, cuando en Occidente la tortura dejó paso a la reclusión en tanto dispositivo de castigo, disciplinamiento y control; tan insostenible como en nuestro país lo fue durante la última dictadura militar, cuando la tortura se convirtió en el protagonista principal del horror genocida desatado sobre toda la sociedad.

Comité de consenso

Cuando tienen razón, tienen razón. No hay con qué darles. Y nobleza obliga reconocerlo. Porque no es cuestión de criticar todo por el simple hecho de criticar nomás. Y es por esto que me llamó la atención que tanta gente, que en términos generales opina como uno respecto a temas sociales -seamos claros, respecto a la lucha de los obreras y obreros de Zanón-,  pusiera el grito en el cielo cuando el gran luchador sindical Sergio Rodríguez y el intelectual de ACIPAN Edgardo Phielip, dijeran que la expropiación de Zanón implicaría “convalidar la lucha de clases y los cortes de ruta”, así como “avanzar sobre la propiedad privada”.

Y la verdad es que, quienes así piensan, ¡tienen razón! La diferencia es que, contrariamente a suponer que esto es algo negativo, como ellos lo postulan, que esto suceda es algo totalmente positivo. En primer lugar, porque lejos de descubrir la pólvora, los pensadores de la talla de Rodríguez parecen haber escuchado hablar de un tal Carlos Marx, o quizá leyeron al pasar el comienzo del Manifiesto Comunista -no en vano es el segundo libro más leído del mundo, luego de la Biblia- cuando Marx y Engels sentencian: La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. ¡Y esto quiere decir que leen!. Punto para ellos.

Por otro lado, lo que estos analistas sostienen -me refiero a Rodriguez, Phielip y sus congéneres, no a Marx y Engels- respecto a la convalidación de los cortes de ruta y de la protesta social, no es ni más ni menos que otra gran verdad. Y que bueno que así sea. Qué mejor que dejar asentado a través de una norma legislativa que la protesta social es un método legítimo de expresión ciudadana y de participación democrática, y motivar así a que aquellos sectores sociales más desposeídos y/o abandonados por el Estado se movilicen, protesten y reclamen por sus derechos. Tal como los trabajadores y trabajadoras de Fasinpat nos han enseñado en todos estos años, provocándole tanto miedo a los recalcitrantes defensores de la propiedad privada, la represión y la mansedad social como los señores Rodriguez y Phielip. (P.S.)

Uribe pretende instalar en el Cono Sur la política pergeñada en 1998 con el Plan Colombia. Con más rechazos que adhesiones, el presidente colombiano llega al país.

Por Pablo Scatizza

Pocos medios han dado cuenta de un hecho que resulta de extrema peligrosidad para la soberanía de los países latinoamericanos, y es la autorización del presidente colombiano Alvaro Uribe a Estados Unidos, para que instale en el territorio de ese país siete bases militares. La excusa, como lo ha sido siempre, es la lucha contra el narcotráfico, y Uribe se encuentra de recorrida actualmente por los países del cono sur tratando de convencer a los mandatarios regionales de las “bondades” que esta medida traerá consigo.

Frente al único apoyo de su par peruano, Alan García, y al silencio de las mandatarias argentina y chilena, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, los presidentes Hugo Chavez y Evo Morales  no dudaron en repudiar la decisión de Uribe, que significa un paso más en la consolidación de la expansión hegemónica -ya no sólo política sino militar- de Estados Unidos en este continente latinoamericano.

Una expansión que en términos oficiales comenzó a cristalizarse mediante el Plan Colombia firmado en 1998 entre los entonces presidente Andres Pastrana y Bill Clinton, que tras la fachada de erradicar la guerrilla colombiana y controlar el tráfico de droga en ese país tiene el objetivo último de acaparar los recursos económicos de la región e de intervenir en el control geopolítico.

Quien también salió rápidamente a cuestionar esta decisión fue el ex presidente Cubano Fidel Castro, quien en una extensa y clarificadora carta titulada “Siete puñales en el corazón de américa”, explica los alcances de esta medida.

El poeta cubano José Martí decía que “los derechos se tienen cuando se los ejerce”, y es bajo esta premisa que se está llevando adelante un proyecto de extensión en la Universidad de La Plata, desde donde se acaba de editar un manual de Derechos Humanos destinado a todas las organizaciones sociales del país.

Por Pablo Scatizza

El proyecto está dirigido por Esteban Rodriguez y Mariana Relli, y a ellos se les sumó Gabriel Appella para coordinar este necesario manual editado conjuntamente por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, la organización político cultural Galpón Sur La Plata, del Frente Popular Darío Santillán, y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

La primera particularidad de este manual, es que no está dirigido a hombres y mujeres en tanto sujetos individuales, sino que su destinatario son las organizaciones sociales, en particular aquellas que representan los intereses y forman parte de las experiencias de lucha de los sectores populares de todo el país. Y esto, porque durante la experiencia obtenida a lo largo del proyecto de extensión en el que trabajan desde 2005 junto a militantes sociales, docentes, estudiantes e investigadores de distintas disciplinas, han comprendido que la única manera de garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos, sobre todo al interior de los sectores populares en situación de desventaja y vulnerabilidad, es la organización. “La organización colectiva es nuestro punto de partida -aseguran. No hay derechos sin organización”.

Los creadores de esta publicación, afirman por ello que “los interlocutores de esta herramienta no son, entonces, los ciudadanos sueltos o los vecinos aislados del barrio, sino los ciudadanos organizados y comprometidos que vienen protagonizando diferentes tipos de experiencias colectivas para hacer frente a las distintas situaciones problemáticas de violencia y descompromiso institucional que padecen”.

Una herramienta

La herramienta de la que hablan se llama “El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos para organizaciones sociales”, consta de unas 300 páginas y está organizada de manera muy didáctica y aprehensible, con gráficos, recuadros e innumerables ejemplos concretos de situaciones de violencia que, por parte del Estado a través de sus instituciones -especialmente la policía-, suelen vivir quienes viven en barrios marginados y pobres, o militan en alguna organización social.

Conscientes de la imposibilidad de abarcar el universo de derechos humanos que a diario son vulnerados de manera específica a mujeres, niños, pueblos originarios, inmigrantes, etc., el trabajo plasmado en este manual se centra en el derecho a la protesta, los derechos frente a la policía y el derecho a la ciudad. En este sentido, el escrito está dividido en cuatro segmentos, en el primero de los cuales se da cuenta de los estándares jurídicos de derechos humanos consagrados por pactos y convenciones internacionales, así como por la Constitución Nacional, partiendo de una básica y fundamental pregunta: qué son los derechos humanos?

Luego el escrito se centra en el derecho a la protesta social, donde se enmarca a esta acción no sólo como parte del derecho a la libertad de expresión, sino también como parte del derecho a reunirse y del derecho a organizarse, es decir, a la protesta social en tanto foro público indispensable de cualquier sistema democrático. La tercera parte del libro está destinada a dar cuenta de los derechos que tenemos frente a la violencia que despliega la policía con su accionar, dando cuenta de aquellas garantías constitucionales y repasando estrategias que cuestionan aquellas prácticas “normalizadas” -en las que pegarle a un joven de tez morocha en una villa, que se resiste a un arresto no estaría mal, por ejemplo.

Más adelante en el texto se aborda las problemáticas propias de las ciudades fragmentadas producto de las desigualdades sociales, como lo son el incumplimiento de los derechos al acceso a los servicios públicos y por lo que diariamente miles de personas no poseen luz, gas, agua potable, transporte público, etc. Finalmente, el manual tiene un apartado en el que se aborda la comunicación comunitaria, y se desarrollan estrategias e ideas para que las organizaciones sociales y comunitarias puedan comunicarse, expresarse y organizarse.

Qué hacer

Es este al principal título que abre la mayoría de las páginas del manual. Básicamente, se explica bajo esa línea qué acciones debemos tomar en tanto vecinos, compañeros militantes o involucrados directos, frente a cualquier acción generalmente policial que pueda llegar a vulnerar algunos de nuestros derechos. Así, por ejemplo, se dan pautas sobre qué hacer cuando nos roban nuestros documentos, cuando nos detienen y sacan una foto, cuando la policía allana un domicilio o cuando nos detienen y llevan a la comisaría. Lo interesante, además, es que las pautas, como se dijo más arriba, no están destinadas sólo a qué hacer de manera individual – es decir, que tengo que hacer yo cuando me detienen, por ejemplo- sino a qué hacer en tanto vecinos o compañeros; en tanto organización social y colectiva.

Este manual no está a la venta, y se distribuye de manera gratuita a colectivos y organizaciones sociales en todo el país. Quienes estén interesados en adquirir uno, habría que ponerse en contacto con sus editores. Uno de ellos es el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, y pueden hacerlo en su página web, o bien al correo electrónico: derechoatenerderechos.laplata@gmail.com

Suponiendo que los medios de comunicación son responsables al momento de informar, al hacerlo sobre temas delicados y de tanto interés público como el de la gripe A deberían extremar esa actitud. Algo que el diario Río Negro no hace y termina atentando contra el derecho humano que tenemos las personas a estar bien informadas.

Por Pablo Scatizza

El derecho a la información es un derecho humano fundamental. Esta incorporado a la Constitución Nacional y es uno de los pilares de un sistema democrático. Es innegable la necesidad de que las sociedades cuenten con información precisa y veraz para poder tomar decisiones, tanto en su vida social como individual, pública y privada. Para poder vivir, en definitiva.

Y en este sentido, el rol de los medios de comunicación (de todos, pero en especial de aquellos que son y se saben masivos) es superlativo. Son ellos los que instalan en la esfera pública los temas sobre los que hay que pensar y discutir, las cuestiones sobre las que hay que preocuparse y, para qué negarlo, dan también las pautas con las que aquellos temas y estas cuestiones deben analizarse, pensarse y resolverse.

Que quede claro: No digo con esto que los lectores y lectoras de diarios y noticias seamos estúpidos y no sepamos discernir ciertas manipulaciones de la información. Pero si es importante destacar como, más allá de nuestra capacidad de análisis, las representaciones que diariamente construimos como sociedad están fuertemente influenciadas no sólo por los temas que los grandes medios instalan como importantes, sino por la forma en que nos “sugieren” pensarlo y procesarlo.

Y es porque medios masivos como el diario Río Negro -el periódico de mayor tirada de la Patagonia cuyas páginas luego son reproducidas la mayoría de las veces de manera acrítica por otros medios de comunicación- tienen –o deberían tener- una responsabilidad mayúscula al momento de informar acerca temas tan delicados como el de la Gripe A.

Si algo ha demostrado este diario en la última semana, ha sido una irresponsabilidad que superó todo límite ético respecto al manejo y tratamiento de la información acerca de la gripe A. Porque si hay algo que los comunicadores debieran hacer en un momento de psicosis colectiva como el que se vive en todo el territorio por la pandemia de gripe porcina, es precisamente, mitigar todo lo posible esa psicosis, informar claramente y no poner a la comunidad más paranoica de lo que está. Justo lo que el Río Negro se “olvidó” de hacer en algunos de sus titulares.

El pasado jueves 2 de julio, tituló en tapa “Gripe A: Mujer habría muerto en Neuquén”, “aclarando” en la bajada de la nota “Tenía una enfermedad crónica y síntomas compatibles con influenza N1H1. Esperan confirmación del Malbrán (…)”.

Es decir, que en ese momento no se tenía la certeza de que había muerto por la gripe A, y por eso el editor utilizó el tiempo potencial, para resguardarse ante un eventual error.

Igual la noticia vendió y la psicosis aumentó: la gente que ojeó la tapa y no leyó la noticia completa habló todo el día del tema, las radios replicaron el titular y en Neuquén “ya había un muerto por la gripe A, sigamos comprando barbijos y alcohol en gel que la peste avanza”.

Pero no quedó ahí. No alcanzó con seguir titulando todos los días con letra de molde, de buen tamaño con este tema que a todas luces “vende”, y el pasado domingo 5 de julio el Río Negro coronó su edición con un “Gripe A en Neuquén: Confirman la muerte de otras dos personas” y explicando en la bajada “Alcanza a cinco el número de víctimas fatales con síntomas del virus H1N1”. Sin embargo, en el interior del diario, en su página 34, explicó que “no se confirmó que se debiera al virus N1H1”. Sin palabras.

Recién este lunes se confirmó oficialmente la primera muerte por el virus.
¿Por qué mentir de esta (¡y tan evidente!) manera?, ¿Cuál es el objetivo de manipular así la información sobre un tema tan delicado?, ¿Por qué este intento deliberado de expandir la psicosis colectiva que ya se vive en la región?
Estimados lectores y lectoras, las respuestas que se me figuran son muchas, pero las dejo para que ustedes mismos las imaginen.