“La condena al parto en domicilio es funcional al sistema de atención médico-hegemónico”

Salud, SECCIONES

Belen Weber, licenciada en enfermería y obstetricia y partera independiente, enfrenta cargos de homicidio culposo con lesiones gravísimas por una muerte perinatal en una clínica hace más de tres años en San Luis. Fue la única detenida a pesar de que el nacimiento fue atendido por médicos de la clínica Cehru. Se conformará una junta médica que evalúe la responsabilidad de los doctores.

Ilustración: Sol Suárez

Weber, que es tucumana, se tomó un avión desde Buenos Aires hacia la ciudad de San Luis en septiembre de 2014 cuando le avisaron que la mamá que iba a acompañar a parir en su casa había roto bolsa. Aunque la gestante había dilatado por completo, la bebé no descendía al canal de parto y Weber decidió que era mejor trasladar a la mujer hacia un sanatorio y que allí le practicaran una cesárea. Sin embargo, en la clínica Cehru, desoyeron sus indicaciones e insistieron con el parto vaginal. Ingresaron a la mamá en sala de parto y le realizaron la maniobra de Kristeller, considerada riesgosa por la Organización Mundial de la Salud porque puede provocar el desprendimiento de la placenta y ruptura uterina o fracturas en el o la bebé. Finalmente, después de nacer por cesárea, la bebé murió. Ahora Weber, enfrenta un proceso por homicidio culposo y lesiones, luego de haber estado las últimas dos semanas detenida.

“Cuando llegaron a la clínica, Belén se hizo cargo de la situación como partera. Entró a la sala de parto con la mamá así que vio todos los procedimientos que se hicieron y allí le hicieron a esta mujer una maniobra de Kristeller, que está prohibida y que consiste en apretar la panza de la mamá, el fondo del útero, forzando de esa manera la salida de la bebé por la vagina”, aseguró Silvina Peirú, obstetra y activista por el parto respetado.

A pesar de haberse opuesto a la indicación inicial de Weber, finalmente los médicos de la clínica Cehru, decidieron hacer la cesárea y, aunque intentaron reanimarla, la bebé murió. Peirú explicó que “la autopsia determina que la bebé tiene una gran hemorragia intracraneana y esto solo puede darse por esa maniobra o porque se le hubiera practicado un forceps o porque se la hubiera tirado al piso. Pero un intento de parto vaginal nunca es causa de una hemorragia intracraneana”.

José Olguín, abogado de Weber en la ciudad de San Luis, fue enfático: “la declaración de los médicos se contradice con la del perito forense. La primera asegura que la bebé muere por asfixia e infección mientras que el forense habla de un derrame en el cerebro por la tremenda presión de la bebé contra la pelvis de la mamá”.

Siete días después del parto, la mamá fue trasladada a la maternidad pública Teresita Baigorria. Allí le practicaron una histerectomía, es decir, que le extrajeron el útero. Peirú, que declaró como asesora técnica la semana pasada en etapa de instrucción de la causa, y Olguín coinciden en que es posible que esa intervención haya sido para ocultar que su útero estaba roto por la maniobra de Kristeller.

La situación judicial

Weber declaró como testigo de la causa en 2014 y hace unos meses se le envió una notificación para que volviera a declarar. Sin embargo, la partera nunca recibió esa nota porque se había mudado. El juez a cargo, Sebastián Cadelago, la declaró prófuga y hace dos semanas, en un operativo policial en la calle, Weber fue detenida en Buenos Aires y trasladada a San Luis. “Ella seguía teniendo el mismo teléfono de siempre y hasta el mismo perfil de Facebook pero el juez la consideró prófuga”, explicó Peirú.

Olguín afirmó que el juez ya aprobó la conformación de una Junta Médica que evaluará las responsabilidades de los médicos de la clínica y de la partera y las causas de la muerte de la bebé que son contradictorias. “De esa junta médica estamos seguros que saldrá la imputación de los médicos porque está claro que están siendo protegidos como corporación que son”, dijo el abogado. Mientras, Weber fue liberada el martes y aguardará el juicio, que seguramente será el año que viene, en Buenos Aires.

Violencia obstétrica y criminalización

El parto domiciliario es una alternativa para no sufrir la violencia obstétrica que se ejerce en hospitales y clínicas. Este tipo de violencia está descrpita en la ley 26.485, de Protección a las Mujeres, como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.

La ley 25.929 debería garantizar derechos para las personas gestantes y evitar este tipo de violencia, pero no siempre se aplica. Por ejemplo, la norma establece el derecho de las mujeres a ser tratadas con respeto pero, según los datos del relevamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), el 27.9% fue criticada, el 29.7% recibió comentarios irónico o descalificadores, al 36.1% le hicieron sentir que corría peligro ella o su bebe y el 47.3% no se sintió contenida. Los datos del OVO revelan que la mayoría de los derechos garantizados por la ley 25.929 no se cumplen, por ejemplo, el 43.9% de las mujeres manifestó que no recibió información, como correspondería.

Quienes trabajan contra la violencia obstétrica consideran que a Weber se la criminaliza por acompañar un parto respetado y domiciliario, que esa detención fue en realidad un adoctrinamiento. Las Casildas, agrupación feminista que creó el OVO, manifestaron: “la condena al parto en domicilio es funcional al sistema de atención médico-hegemónico que incumple las leyes negando los derechos de la ciudadanía y causando lesiones y muertes. El parto y nacimiento planificado en domicilio es una opción que garantiza salud, por tanto se intenta reprimirlo y eliminarlo como opción y competencia, y como caso testigo de las falencias y asistencia medica obsoleta, peligrosa y lesiva, usándolo como chivo expiatorio para endilgar las muertes y el abandono y mala praxis del sistema de ‘salud’”.

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