Empieza el debate en el Congreso de los nueve proyectos para despenalizar el aborto

Géneros, SECCIONES

Este 10 de abril comenzará la discusión en comisiones de las iniciativas para la Interrupción voluntaria del embarazo. Son nueve los proyectos, incluyendo el de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

8M en Neuquen – Foto: Violeta Gosetti

Hay nueve proyectos presentados en el Congreso de la Nación para debatir por la legalización y despenalización del aborto. Algunos incluyen reformas en el Código Penal en las causales del aborto no punible, otros difieren las edades para brindar consentimiento sobre la interrupción voluntaria del embarazo entre los 13 a 16 años y algunos habilitan la objeción de conciencia para realizar la práctica mientras no sea institucional, pero otros prohíben que los médicos o médicas se puedan negar a garantizar el acceso al aborto.

Otros proyectos que se debatirán con más de mil expositores en el Congreso plantean que el Estado debe garantizar la producción y distribución de las pastillas para realizarse un aborto medicamentoso y que se debe garantizar la atención a la mujer que no elige abortar en el hospital. Algunas iniciativas hablan del aborto para mujeres y otras del acceso a personas gestantes, en consonancia con la Ley de Identidad de Género. Confidencialidad, asistencia pre y pos aborto y acceso a la salud son algunos de los puntos en común de las iniciativas.

Sergio Wisky, diputado nacional por Cambiemos por la provincia de Rio Negro, presentó una iniciativa para que el aborto no sea punible “si la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación”, propone.

A diferencia de iniciativas como el proyecto de la campaña, Wisky no deroga artículos que criminalizan a las mujeres, sino que agrega como aborto no punible al Código Penal causales como “evitar un peligro para la salud física, mental, emocional o social de la madre, entendiendo que el peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia” o “si la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación.”

Otra de las iniciativas a la que también adhiere Wisky y firman Daniel Lipovetzky, Karina Banfi, Miguel Angel Bazze, Marcelo Germán Wechsler, Fernando Iglesias, Anabella Ruth Hers Cabral, Yanina Celeste Hers Cabral, Yanina Celeste Gayol y Samanta Acerenza, establece que el sistema de salud privado y público está obligado “a brindar la cobertura integral”, garantizar los derechos de las pacientes, el acceso a la información disponible de forma dinámica y no interponerse obstáculos me?dico-burocra?ticos o judiciales para acceder a la prestación.

“Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica”, propone la propuesta firmada por nueve diputados y diputadas. “La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional”, agrega. También incluye la creación de protocolos de intervención, estadísticas, políticas de educación sexual y capacitación de profesionales de la salud en el tema. Además, los incumplimientos serán penados con multas o inhabilitación por hasta cinco años.

Marcelo Germán Wechsler, legislador del PRO por ciudad de Buenos Aires, también plantea la interrupción en las primeras 14 semanas como un derecho a decidir. Establece que el mismo día la mujer será atendida por al menos tres profesionales, de los cuales al menos dos deberán ser mujeres con especialización en salud mental y social. Además, la mujer tendrá un “periodo de reflexión” de 24 horas trascurrida la consulta. La realización de la práctica se debe realizar en un plazo máximo de 6 días. Este proyecto establece la no judicialización del aborto afirmando en el artículo 12 que “las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa.”

Daniel Filmus, diputado nacional por el Frente para la Victoria por Buenos Aires, propone al igual que Wechsler que “toda mujer tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta el término de la décimo cuarta semana (14) de gestación, bajo parámetros técnicos que establecerá el Ministerio de Salud”. Además, agrega que “quedan comprendidas en esta ley las personas con capacidad de gestar”, en consonancia con la Ley de Identidad de Género.

Según la propuesta de Filmus, la interrupción del embarazo se realizará bajo los parámetros de la ley de protección al paciente y el consentimiento comenzará a los 16 años. “Queda prohibida la objeción de conciencia institucional”, afirma el proyecto y establece que podrán objetar “en tanto no implique una dilación, retardo u obstáculo a su acceso.” Además, crea las Consejerías de atención Integral Pre y Post IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), un registro a través de un observatorio y la producción y distribución estatal de misoprostol y/o mifepristona, las pastillas utilizadas para el aborto medicamentoso.

Araceli Ferreyra, diputada nacional de Corrientes por el Frente para la Victoria, afirma con su iniciativa que “se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, eligiendo cuándo y con qué frecuencia tener hijos/s, así como el respeto irrestricto a quienes no contemplen en su plan de vida la procreación”. El proyecto que presentó establece que es válido el consentimiento de la persona a partir de los 13 años y que los servicios del sistema de salud deben garantizar la interrupción del embarazo a sola petición de la persona embarazada. “En el caso de que la persona embarazada optase por interrumpir el embarazo a través del método medicamentoso en forma ambulatoria, se le debe garantizar la medicación necesaria para el procedimiento”, información, medicamentos complementarios y seguimiento. También establece una consejería posterior.

Ferreyra también propone legislar la “distribución y producción estatal de misoprostol”, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. “A tal efecto, el Ministerio de Salud de la Nación incluirá el Misoprostol al Plan Remediar (…) Asimismo, se incluirá en el Plan Médico Obligatorio (P.M.O), resultando así, de cobertura obligatoria para las Obras Sociales y Agentes del Seguro de Salud”, dice el proyecto.

La iniciativa agrega que no se puede someter la IVE “a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas” y “se considerará una violación a la presente ley la utilización de la ´objeción de conciencia´ como mecanismo de discriminación respecto de los derechos que garantiza esta ley.”

 

El proyecto de Mayra Soledad Mendoza, legisladora del Frente para la Victoria (FPV) por Buenos Aires, plantea explícitamente la “despenalización” en el artículo dos y el acceso a la IVE dentro de las 14 semanas y las causales del aborto no punible sin límite de plazo. Además, reglamenta asistencia, trato digno y respetuoso “garantizando que no se reproduzcan conductas de maltrato o humillación, ni revictimización.”

La diputada del FPV, en lo procedimientos establece que la interrupción voluntaria del embarazo es garantizada por el Protocolo Para la Atención Integral de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015. También crea las consejerías de reducción de riesgos y daños en situaciones de embarazos no planificados y sanciona a quienes realicen acciones que dilaten la concreción del aborto.

Maria Teresita Villavicencio, del Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) por Tucumán, afirma en su iniciativa que “toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional” en el servicio de salud y prevé que se le informará sobre “las características de la interrupción del embarazo, y los riesgos inherentes a esta práctica.” Agrega que “si la mujer lo requiriera podrá solicitar asistencia psicológica para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.”

Además e plazo de decisión de la mujer será de 5 días, diferente a algunas de las iniciativas anteriores que plantean como plazo un solo día. El proyecto de Villavicencio establece que fuera de las 14 semanas la interrupción deberá ser por las causales del aborto no punible, incluyendo la salud física, psíquica y social de la mujer “considerada en los términos de salud integral como derecho humano” sin intervención judicial. Agrega que “queda prohibida la objeción de conciencia institucional.”

Facundo Suarez Lastra, diputado de la UCR por la ciudad de Buenos Aires, establece en su iniciativa que toda mujer tiene derecho a decidir de manera voluntaria la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Fuera de ese plazo también establece las causales del aborto no punible (violación, riegos para la salud de la mujer o malformación del feto). La norma incluye un plazo máximo de 6 días para la interrupción y el acceso en todos los sistemas de salud, públicos y privados. Tambien propone que los profesionales objetores de conciencia “no podrán ser obligados ni podrán recibir castigo alguno por su negativa. Quienes no hayan expresado objeciones de conciencia no podrán negarse a realizar los procedimientos fijados por la presente ley”.

Según el proyecto del diputado de la UCR, la persona mayor de 16 años tiene plena capacidad para ejercer los derechos y las menores de 13 deberán hacerlo con autorizació. Además agrega un registro estadístico con datos demográficos garantizando la confidencialidad.

Por último, el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal que fue presentado este año por séptima vez, reglamenta que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional, acceder a la práctica en el sistema de salud en un plazo máximo de 5 días y acceder a un aborto no punible fuera de las 14 semanas, incluyendo como causal “la salud social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”. Además, el sistema público de salud, el privado y las obras sociales deben garantizar la IVE sin ninguna autorización judicial previa y en el marco DE la normativa que garantiza el acceso a la salud e información de las y los pacientes.

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