Exclusiones que acrecientan desigualdades: la Asignación Universal por Hijo y la sospecha por ser migrante

Columnistas, SECCIONES

por Verónica Trpin*

El 10 de Abril se concretó en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue la firma del Acuerdo por el Pluralismo Cultural entre diferentes organismos de los Estados nacional y provincial, la Pastoral de Migraciones de Neuquén y colectividades de migrantes. La subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del ministerio de Ciudadanía, participó de la conformación y firma del acuerdo, con el propósito de organizar una agenda de trabajo de todos los sectores y actores involucrados en el mismo, para la elaboración de proyectos inclusivos, en pos de la visibilización, promoción y protección de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los y las migrantes.

Rodeados por las banderas de diferentes estados -centralmente latinoamericanos- que decoraban el recinto, se hicieron oír funcionarios públicos y miembros de colectivos de migrantes internacionales de diversos orígenes. En sus presentaciones, los y las migrantes expresaron variadas problemáticas vivenciadas en la Argentina, desde dificultades para la realización de trámites de validación de títulos a las limitaciones en el acceso a contratos de trabajo que permitan tener derechos laborales y mayores posibilidades de obtener un DNI como extranjeros; se compartieron también reclamos por el ejercicio del derecho al voto en todas las instancias nacionales y provinciales y se acordó encauzar la aprobación de personerías jurídicas para las asociaciones de migrantes. El segundo encuentro se desarrolló el 1 de junio en San Patricio del Chañar, se replicaron algunas demandas y fue una de las preocupaciones centrales expresadas por varones y mujeres la modificación en las exigencias para tramitar y percibir la AUH por parte de migrantes. “Tenemos hijos argentinos que parece que no tienen derechos como todos”, expresó un vecino neuquino de origen chileno. El acceso a derechos se instaló como un reclamo colectivo ante diversas barreras administrativas y representaciones estigmatizadas en torno a los y las migrantes, que obstaculizan su posibilidad de ejercer la ciudadanía, en tanto garantía de igualdad de derechos y obligaciones.

En Argentina, el origen nacional y las posibilidades de acceso a derechos ha sido parte de un debate político permanente. El Estado nacional se ha construido sobre el imaginario de tener una población blanca “venida de los barcos”, baluarte del “progreso” en clara alusión a los migrantes europeos llegados a principios del siglo XX. Por el contrario, la racialización y etnicización de los y las migrantes limítrofes que históricamente -y no en forma creciente- han circulado en forma dinámica por el territorio y las fronteras, ha justificado su explotación en los eslabones más precarizados de las actividades económicas. En relación a ello, suele reforzarse el sentido común de ver a la migración como un problema, por considerarse que la Argentina es un país de “puertas abiertas” y en el que deberían reforzarse controles más rigurosos de sus fronteras y de los beneficios a los que acceden los y las migrantes internacionales, particularmente de origen limítrofe.

Desde la percepción de la migración como un problema, vinculada, por ejemplo, con el crecimiento de la delincuencia, en los inicios del 2017 se declararon dos DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia): 68/2017 del 25 de enero y 70/2017 del 27 del mismo mes, que crearon no sólo una Comisión de Frontera, sino además modificaron aspectos sustanciales de la ley 25.871 de Migraciones, salteando todos los mecanismos institucionales y democráticos. La justificación de una situación de emergencia instalada por funcionarios y políticos de distintas pertenencias políticas fuerza una directa relación entre la presencia de personas extranjeras y actividades criminales, afianzándose de este modo la premisa de control migratorio en pos del resguardo de la seguridad nacional.

La sospecha que recae sobre los y las migrantes en tanto sujetos “extranjeros” que no pertenecen desde su nacimiento a la comunidad nacional, circula como parte de las contradicciones de las políticas de integración y de exclusión de derechos en la Argentina. Asimismo, el reforzamiento de la representación del migrante internacional no como un sujeto de derecho sino como un sujeto que puede “aprovecharse” de las políticas públicas, se concretó a fines del 2016 la firma de un convenio entre la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y la DNM (Dirección Nacional de Migraciones). Sus consecuencias inmediatas fueron expresadas por tres mujeres de origen paraguayo el día de la firma del Acuerdo por el Pluralismo Cultural en Neuquén, quienes  plantearon su preocupación a las autoridades presentes: “esperamos que puedan escucharnos, no podemos demostrar domicilio por vivir en una toma”. La representante de la subsecretaría de Derechos Humanos ofreció seguir el reclamo, aunque la angustia de estas mujeres denotaba la gravedad de su demanda: estaba en juego el cobro de la AUH. A partir del convenio firmado desde el ANSES, una resolución del 8 de noviembre del 2016 indicaba “corroborar que el solicitante de cualquiera de las prestaciones que otorga el organismo previsional cumpla con los requisitos de residencia legal en el país”. A esta disposición se sumaba la exigencia -ya presente desde el 2009- para padres o madres extranjeros/as, de cumplir “con residencia legal en el país mínima de 3 años”, siendo el mismo requisito para los y las menores extranjeros/as que accedieran al beneficio. Además, se solicita “acreditar la identidad del beneficiario y del niño, mediante el Documento Nacional de Identidad”. Según esta redacción, parecería que los padres deberían ser residentes en el país, con una antigüedad de al menos tres años. Igualmente (en tanto las comas son algo confusas) no está claro si esa exigencia es a los niños y niñas. Por otro lado, es preciso tener el “DNI argentino”.

Una política social que se aprobó en el 2009 bajo el decreto 1602/09 (Asignación Universal por Hijo para Protección Social) con el propósito de velar por “la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte”, desde sus inicios fue excluyente en su propósito de universalización de un derecho, clasificando según la pertenencia de origen nacional a tipos diferenciales de “ciudadanos” y “no ciudadanos”. Los requisitos de aplicación de la AUH desde su origen, sumado al nuevo convenio de la ANSES y la DNM, expresan las  tensiones entre el marco legal de infancia ajustado a los “Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte” y la condición migrante. Tal como señala Martínez, “observamos que si la adecuación normativa es el problema, la solución es la coherencia y armonía entre marcos legales de infancia y migración. Sin embargo, consideramos que esta idea opaca tensiones propias a la relación entre dos status de minoría que puede conducir a legitimar ciertos status por sobre otros”.

Cabe destacar que en el reclamo de las mujeres paraguayas, que en la mayoría de los casos crían solas a sus hijos e hijas, se expresó no sólo la urgencia de una inmediata profundización de su situación de desigualdad por no poder “acreditar domicilio a través de servicios públicos o de la tarjeta verde de un vehículo”, sino también la interseccionalidad de las violencias que se ejercen en su condición de migrantes, mujeres y residentes de “tomas” en la ciudad de Neuquén, ciudad en la que se ha acrecentado sensiblemente la segmentación territorial.

Vivir en una toma, ser mujer, ser migrante, se transforma en un destino: la exclusión a un derecho. Los reclamos continuaron desde la sanción del convenio entre la ANSES y la DNM, pero una realidad continua, los niños y las niñas migrantes o hijos e hijas de migrantes que no tienen posibilidad de acreditar un domicilio y/o no cuentan con tres años de residencia en el país, son niños y niñas que no gozan de una ciudadanía plena, como principio universal. El estado en el que residen y/o nacieron los y las transforma en niños y niñas de una ciudadanía de segunda, porque la pertenencia nacional y territorial define las posibilidades del acceso a un derecho. Las distancias que las mujeres deben recorrer entre las llamadas “tomas” y los organismos públicos en los que deben hacer las gestiones, las negativas a las opciones planteadas desde el acompañamiento de la Pastoral de Migraciones para acreditar sus domicilios, las escasas modificaciones de la resolución del convenio de ANSES y la DNM para facilitar los trámites, acrecientan las fronteras que una y mil veces deben franquear los y las migrantes una vez que llegan a la Argentina.

Ante la gravedad de la situación de más de 800 familias de migrantes en Neuquén y Río Negro, el defensor federal presentó un amparo de derecho individual y colectivo ante el Juzgado Federal y la jueza Carolina Pandolfi denegó ambos pedidos, argumentando que la madre del caso presentado no posee los tres años de residencia (y por ello rechaza el amparo individual); por ser esa madre pobre, dice la jueza, no puede representar un reclamo colectivo. El rechazo de la jueza Pandolfi fue apelado ante la Cámara Federal en Fiske Menuco, Roca y Pastoral de Migraciones de Neuquén se constituirá como amicus curiae, con el propósito de defender dos cuestiones, el derecho colectivo de la madre migrante y la centralidad del “interés superior del niño”, cuyo aspecto ni siquiera contempla en su dictamen la jueza Pandolfi.

Los efectos de las modificaciones en el ANSES para tramitar y percibir la AUH, sumado a los DNU de inicios de este año y el dictamen de una jueza, se expresan en contextos concretos signados por desigualdades que se profundizan. Las violencias y exclusiones que vivencias los y las migrantes se refuerzan a través de mecanismos que son recreados a través de dispositivos estatales que, por el contrario, debieran garantizar derechos, en un territorio en que las políticas no parecen favorecer a las poblaciones históricamente subalterizadas sino más bien promover modelos de desarrollo extractivistas y excluyentes.

*investigadora en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (Ipehcs), en el Conicet y docente e investigadora en la Universidad Nacional del Comahue

Deja un comentario