Del Poder Judicial que hay a la Justicia que necesitamos

Géneros, SECCIONES

por Paula Sánchez*

En el 2012 atendí a una mujer en un juzgado correccional. La había citado el juez para informarle que por la denuncia que ella había hecho contra su ex pareja, quien la golpeaba sistemáticamente, le habían concedido al tipo una “probation” y además de imponerle una serie de obligaciones (concurrir mensualmente a la Dirección de Población Judicializada, no consumir estupefacientes, realizar tareas comunitarias o donar creo que 5 kg de leche en polvo a alguna institución de bien público), el tipo había ofrecido un resarcimiento económico a favor de la mujer: 50 pesos. Si, 50 pesos. Ella tenía decir si aceptaba o no el dinero.

Recuerdo su cara cuando le expliqué para qué había sido citada. Recuerdo sus ojos, llorosos mirándome incrédula. Pero sobre todo hay algo de lo que nunca me voy a olvidar. Me miró y antes de romper en llanto me dijo: “¿En serio me hicieron venir para esto? ¿De verdad ustedes creen que cada trompada que me pega vale 50 pesos?

No me acuerdo el nombre de esa mujer. Tampoco sé que fue de ella. Sólo sé que se fue de mi oficina y ahí quedé yo, militante por los derechos de la mujer, trabajadora judicial, putéandome y puteando contra este sistema de justicia que realmente creía que con 50 pesos y un par de obligaciones (que nunca cumplen) le daban respuesta a la violencia de género.

Foto: Emiliano Ortiz

Así son las cosas en el Poder Judicial. Jueces y juezas de familia que siguen convocando a mediación familiar -aunque las leyes dicen que está prohibida la mediación en casos de violencia- para que las mujeres se enfrenten con sus agresores e intenten “llegar a un acuerdo” por el cuidado compartido de sus hijos, o por una cuota alimentaria que después no van a pagar. Defensores y defensoras que ni siquiera se toman la molestia (aunque cobran para eso) de acompañar a esas mujeres a las “mediaciones”. Funcionarias que se niegan a atenderlas cuando van una y otra vez a preguntar por su “caso”, y las mandan con alguna empleada, como yo, que tiene que dar la cara y recibir la puteada. Mujeres que deambulan como en un cuento de Kafka, de los juzgados de familia a las defensorías, de ahí a las fiscalías y de nuevo a los juzgados. En el mejor de los casos logran que les impongan a los agresores una perimetral que después nadie controla si la cumple o no. Por supuesto, el oficio a la comisaría lo tienen que llevar ellas.

“¿Ir a la Fiscalía?¿Hacer otra denuncia? ¿Para qué? La última vez que fui a denunciarlo la mujer que me atendió me dijo: ¿otra vez vos acá? Decime una cosa, a vos te gusta que te pegue, ¿no?”, me contó una vez una piba.

Eso sí, desde hace un año y pico la Oficina de la Mujer nos da talleres obligatorios de “Perspectiva de Género” para que podamos recitar como loros las definiciones de violencia de género y trata de personas; y aprender de memoria tratados y pactos internacionales. Nada de preguntar qué hace el Poder Judicial con sus funcionarios denunciados por violentos. Eso no está en el programa de los talleres.

Creo que construir un Poder Judicial desde la perspectiva de género no es dar talleres enlatados que vienen desde Nación. Quizá sea poner el ojo en cómo se seleccionan a los magistrados y magistradas. Quizá haya que evaluar qué compromiso muestran con los derechos humanos, en particular con los de las mujeres, sus perfiles psicológicos, su empatía con aquellas a quienes van a tener que dar respuestas judiciales. Dejar de elegirlas/os por su cercanía con el gobierno también ayudaría.

Por ahí, quien te dice, obligarlas/os a formarse en la temática de género les sirva para poder dictar sentencias menos discriminatorias. Evaluarlos de vez en cuando y que rindan cuentas ante la sociedad por sus acciones y también por sus omisiones.

Quizá el Poder Judicial no sea la única solución al problema de la violencia de género pero estoy convencida de que tiene una tremenda responsabilidad de cara a nuestra sociedad y que si al menos intentara aportar en algo, quizá hubiera sido posible salvarle la vida a Fernanda, a Milagros, a Laura o a Claudia, sólo por mencionar a las cuatro que en lo que va del año murieron en Neuquén producto de la violencia machista.

Repito, a lo mejor el Poder Judicial no sea la única solución, pero como trabajadora judicial creo que podemos aportar nuestro grano de arena. Una mujer que llega a denunciar, o a pedir una audiencia, o simplemente a saber qué pasó con su caso no puede ser mirada por nosotras como un número, un expediente, un trámite más. Debemos humanizar nuestro trabajo, no juzgarlas, no estigmatizarlas. Escucharlas y acompañarlas. Se llama sororidad.

Ni una menos. Basta de femicidios.

*secretaria adjunta del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun)

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