Piden juicio político para jueces que dictaron el fallo del “2×1” para genocidas

Derechos de la humanidad, SECCIONES
Marcha luego de la sentencia de la Escuelita II. Foto archivo (Cecilia Maletti).

Abogados y abogadas de lesa humanidad del país que forman parte del colectivo Mario Bosch presentaron una solicitud de juicio político contra los magistrados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Libres del Sur y el Partido Obrero también exigieron la renuncia de los jueces.

El fin de semana pasado se realizó en Santa Fe la quinta edición de las “Jornadas de abogadas y abogados en causas por crímenes de lesa humanidad”. Participaron más de 90 profesionales y el encuentro estuvo atravesado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficia con el cómputo del “2 x 1” a genocidas. En un comunicado que se emitió como conclsuión a las jornadas el colectivo Mario Bosch aseguró que se trata de una “sentencia ilegal”. Por este motivo pidieron que se inicie un juicio político contra los jueves que votaron a favor del fallo “Bignone, Reynaldo y otros s/ Recurso Extraordinario”: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Además instaron a los legisladores provinciales y nacionales a pronunciarse en igual sentido. Anticiparon que realizarán las denuncias y presentaciones pertienences ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “en virtud de la grave situación en la que se encuentra el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”.

Libres del Sur también exigió la renuncia de los tres jueces y remarcó que se trata de “una medida judicial que avasalla los derechos humanos, la memoria de nuestros desaparecidos y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.

El Partido Obrero dentro del FIT en la Legislatura nquina presentó un pedido de juicio político contra los jueces “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. Remarcaron que es un fallo “reaccionario y antijurídico”.

Desde Nuevo Encuentro repudiaron “todo intento de perdón de los poderes del Estado argentino a los genocidas de la dictadura de 1976, de achicamiento de penas, toda violación a la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales nuestro Estado es parte, y está obligado a cumplir”.

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