Trabajadoras en estado de alerta por vaciamiento de fábrica textil

Movimientos sociales, SECCIONES

Desde anoche están en las puertas de la fábrica al enterarse que los dueños estaban sacando máquinas del lugar. Esta mañana lograron ingresar y se encontraron con las instalaciones vacías. Son 40 mujeres que quedarán sin trabajo. 

Protesta en las puertas de Textil Neuquén. Foto Rocío Morales.

En un comunicado las trabajadoras de Textil Neuquén, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad, relataron que anoche se enteraron que “la patronal estaba retirando las máquinas de la planta”. Se acercaron a la fábrica y no pudieron ingresar ya que había custodia policial. “Las obreras decidimos en asamblea permanecer en una vigilia en los portones durante toda la noche, acompañadas por nuestras familias y organizaciones solidarias”, explicaron.

“Los dueños de la empresa Textil Neuquén, Diego y Hernán Huerta, dueños de la conocida Tienda Amici y de la marca Rochas, decidieron cerrar la fábrica ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, dejándonos a nosotras, muchas sostén de familia, en la calle, sin ningún aviso“, denunciaron.

Esta mañana, cuando lograron ingresar se encontraron con que solo quedaba la máquina bordeadora (porque para sacarla hay que romper la pared del cuarto donde está) y una computadora personal.

Muchas trabajamos acá hace 11 años, no vamos a dejar que nos dejen en la calle de esta manera, vamos a luchar y defender nuestros puestos de trabajo“, aseguró Marina Catilao, delegada de las trabajadoras. Además, comunicó que decidieron permanecer en la fábrica hasta obtener alguna respuesta por parte del Estado. Realizaron la pertinente denuncia en Fiscalía.

La Textil produce para el Estado, al realizar prendas para la policía, la Legislatura y otros organismos públicos. “La fábrica se construyó con un un crédito del IADEP y el predio donde funciona sería de provincia también. Las trabajadoras además, proveían a organismos estatales, realizaban los uniformes de la policía, para el Epas, para la Legislatura y otros organismos. Por eso el Estado se tiene que hacer responsable”, afirmó Natalia Hormazabal, abogada del Ceprodh.

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