La APDH presentó un recurso de impugnación a la sentencia de la “Escuelita IV”

Derechos de la humanidad, PLAN C, SECCIONES

Entre los argumentos destacaron la falta de reconocimiento de la violencia sexual y la levedad de las penas que recibió la mayoría de los imputados.

Juan Cruz Goñi y Virgilio Sánchez, abogados querellantes por la Apdh. Foto: Cecilia Maletti.

El abogado de la Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos (APDH), Juan Cruz Goñi, informó que presentaron un recurso de impugnación a la sentencia del juicio la “Escuelita IV”, dictada el 30 de noviembre por el Tribunal Oral Federal de Neuquén.

Goñi explicó que uno de los puntos centrales de la impugnación fue que los jueces no hayan reconocido la violencia sexual como parte de las torturas sistemáticas aplicadas a hombres y mujeres durante la última dictadura militar. “Con la decisión de absolver a los imputados por violaciones y abusos sexuales cometidos en la Escuelita por el beneficio de la duda, el Tribunal neuquino incurrió en un franco retroceso en la jurisprudencia desarrollada en juicios por crímenes de lesa humanidad en todas las jurisdicciones del país”, indicó Goñi. “El Tribunal le ha restado fuerza probatoria al testimonio de la víctima de violaciones con absoluta arbitrariedad y ha incurrido en una grave contradicción puesto que con idéntica prueba dio por acreditado el secuestro y las torturas. Se exige una carga probatoria más fuerte para las violaciones, por eso hablamos de una justicia sin perspectiva de género y que invisibiliza la violencia sexual”, agregó el abogado.

En la impugnación se cuestionó la absolución de Gustavo Sommer, un miembro de la Policía Federal, por el caso de la víctima Roberto Néstor Sáez. Así como también las absoluciones correspondientes a los casos de Jorge Ruiz y de Alicia Figueira de Murphy, en cuyos casos “los jueces entendieron que los padecimientos sufridos por las víctimas no eran lo suficientemente graves para configurar tormentos”.

Goñi destacó que otro de los argumentos de la impugnación fueron las penas leves impuestas a los condenados. “Penas de tres, cuatro y cinco años de prisión como las impuestas por el Tribunal a represores que han ocupado importantes tareas represivas en la región traducen un mensaje de impunidad. Estas condenas deben ser revisadas por la Cámara de Casación para que imponga condenas ejemplares, las que corresponden a criminales de lesa humanidad como los aquí condenados”, sostuvo.

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