Tarifazo: críticas, reclamos y participación

PLAN C, Política, SECCIONES

Cuatro diputados de la oposición analizan el impacto del aumento de las tarifas impuesto por el gobierno nacional. Ponen en debate la matriz energética del país, el rol del sector empresarial y los mecanismos de participación democráctica.

Cuando el remedio es peor que la enfermedad

nogueira6Por Santiago Nogueira (Libres del Sur)

Hoy, el sistema energético de Argentina está colapsado producto de las políticas neoliberales de los 90 que el kirchnerismo mantuvo intactas, pero sin producir impactos en el bolsillo de las y los consumidores a través de millonarios subsidios. Entre 2004 y 2015, el Estado nacional subsidió en 475 mil millones de pesos a las empresas sin controlar ni fiscalizar.

Además, la política subsidiaria que establece categorías por nivel de consumo llevó a una estructura regresiva donde los dos quintiles de más altos ingresos se beneficiaron con el 58 por ciento de los subsidios y los dos quintiles más bajos con el 20 por ciento, ya que no se distinguen entre pequeñas o grandes empresas o familias de mayores o menores recursos.

Frente a esta situación, el gobierno de Macri plantea una respuesta que no hace más que incrementar los problemas: pretende mantener la injusta transferencia que antes pagaba el Estado a las empresas a través del fisco pero descargada a las y los consumidores. Entonces, el remedio es peor que la enfermedad porque esta política apunta a que en 2019 tengamos el valor de gas ms caro del mundo, a que se eliminen los subsidios en su totalidad y a que la tarifa del gas quede dolarizada y el sistema desregularizado por completo.

Desde Libres del Sur, planteamos que debe haber una tarifa diferencial para Neuquén tanto por sus condiciones climáticas como por ser la provincia donde se produce el gas.

Por otro lado, sostenemos que el gas en todas sus etapas debe ser considerado un servicio público ya que el precio en boca de pozo es lo que explica el 65 por ciento de la tarifa y por lo tanto en ese tramo el Estado tiene que ser capaz de regular y fijar precios. Es indispensable la intervención estatal controlando, regulando y condicionando a las empresas a que inviertan ya que los hechos demuestran que las grandes ganancias (sea por subsidios o por aumento de tarifas) no implican más inversión si no es con intervención estatal.

Además, consideramos que los subsidios son una obligación del Estado para poder desarrollar políticas públicas tendientes a la equidad, a la justicia y a la inclusión social y por eso creemos que tienen que establecerse por niveles de ingreso y no de consumo.

Finalmente, más allá de las distintas miradas entre quienes vieron en la audiencia pública por el tarifazo de gas un avance para nuestra democracia y los que la vieron como una truchada para legitimar la política del gobierno, queremos resaltar que este mecanismo de participación quedó instalado en el centro de la escena política y nos parece una gran oportunidad para que la Legislatura neuquina pague su deuda de más de diez años y avance en la reglamentación de los mecanismos de participación establecidos en la Constitución.

Frenar los tarifazos con un paro nacional

godoyPor Raúl Godoy, (PTS-FIT)

Con el tarifazo, el macrismo intenta descargar sobre el pueblo trabajador el peso para recaudar millones y millones de dólares para seguir financiando las mismas empresas multinacionales que operaron durante todos estos años en nuestro país. Durante el kirchnerismo, estas empresas giraron a sus casas matrices millones de dólares que provenían de subsidios del Estado. Ahora, lo que hace el macrismo es que directamente sea el pueblo trabajador el que pague para seguir garantizando las ganancias empresarias.

¿Dónde está escrito que los servicios tienen que dar ganancia? Los servicios públicos deberían ser un derecho. El 60% de nuestra población nacional no tiene servicio de gas por red. En Neuquén, que es una provincia productora, miles de familias no tiene garantizada la red de gas, de agua potable ni de electricidad.

En la Legislatura se aprobó una declaración por una tarifa diferencial para Neuquén que presentó Libres del Sur y apoyaron los bloques del MPN y el kirchnerismo. Desde El Frente de Izquierda no la apoyamos porque estamos por la anulación del tarifazo. No queremos tarifazo ni para los neuquinos ni para los jujeños ni para los vecinos que viven en Tierra del Fuego.

Lo mismo con las gestiones obreras. No queremos tarifa diferencial, presentamos un proyecto para que a todas las fábricas y empresas bajo gestión obrera, a todas las cooperativas y fábricas recuperadas, el Estado les garantice los servicios públicos y se las exima del pago por dos años. El macrismo defiende a las empresas privatizadas de servicios públicos, ahora el PJ, el masismo y el FpV salen a defender a las Pymes, pero ninguno habla ni hizo nada por las gestiones obreras.

Las audiencias públicas que se hicieron en todo el país fueron solamente un circo para cumplir la formalidad que le había solicitado la Corte Suprema. Desde el PTS-FIT habíamos presentado un recurso de amparo para que se hagan las audiencias públicas en cada provincia del país, para que toda la población pudiera participar. No sólo no nos dieron una respuesta sino que cuando nos anotamos para participar nos dejaron afuera.

Fueron audiencias vaciadas, mera formalidad. Dejaron afuera a más de 3.000 oradores. Nosotros a través de nuestros compañeros Nicolás Del Caño, Christian Castillo, Myriam Bregman y compañeros y compañeras referentes del movimiento obrero denunciamos que eran un circo para aplicar el tarifazo a cuenta, otra vez de las multinacionales y los amigos del poder político. Por eso al tarifazo lo vamos a tener que frenar con la movilización.

Las centrales sindicales tienen que convocar a un verdadero plan de lucha de los trabajadores, con un paro nacional activo.

Tarifazo para el pueblo, en beneficio de la timba financiera

fuentesPor Eduardo Fuentes (Nuevo Encuentro)

Nunca estuvo en sus cálculos consultar sus decisiones. El mercado se maneja con códigos propios, es autónomo y prescinde de las orientaciones ajenas.
Comenzaron este sainete del “sinceramiento de tarifas” pretendiendo incrementarlas de un plumazo en 1500 por ciento y sin vergüenza quisieron justificarlo con la audiencia pública del 2006.

Cuando el pueblo se amparó en sus derechos constitucionales para pedir tarifas razonables , se comenzó a escuchar su clamor: “¡Sinceramiento las pelotas, esto es tarifazo!”

Así lo sostuvieron y lo combatieron las multisectoriales del país, organizaciones de consumidores, defensorías, legislaturas y concejos deliberantes.

Llovieron los recursos de amparo y los jueces comenzaron a expedirse resolviendo que el tarifazo era inconstitucional, sin audiencia pública previa, e irrazonable.

Los funcionarios macristas se retorcieron en sus sillones de CEO´s, no querían aflojar, apelaron a la Corte y ésta ratificó los fallos ordenándoles realizar una verdadera audiencia pública, estableciendo las condiciones de la misma, incluyendo la obligación de informar costos de extracción y traslado del gas. No les quedó otra que convocarla.

Fue un triunfo del pueblo, de la democracia y de la República. Los hicimos retroceder y tuvieron que reconocer que se trató de un tarifazo, que debían cumplir con las normas constitucionales y que los incrementos debían ser razonables.

Pero los tramposos, los fulleros de la timba financiera, los que solo trabajan para los intereses de sus empresas, sin concebir que el pueblo tenga algo que decir, como era de esperar: hicieron trampa. Discriminaron, cercenaron la participación, no informaron, manipularon, convirtieron la audiencia popular en una consulta a élites de “calificados”. Por ello Nuevo Encuentro se retiró de la Audiencia Pública, no la convalidó con su presencia ni disertación.

Ahora debemos continuar con la lucha, resistiendo atropellos, develando engaños, aportando a la información pública verdadera y a sumar participación popular que nos permitirá volver a poner al pueblo en el sillón de Rivadavia.

Organización y lucha, acción y reflexión, hacer funcionar la Democracia y la República les complica el plan de atropello. El saqueo que tienen planeado se olvidó de considerar que el pueblo aprendió, que estos 12 años de empoderamiento existieron, ese arrogante olvido marca el camino de la lucha.

Las tarifas: avances y retrocesos

romeroGabriel Romero (Frente Renovador)

Si entendemos la tarifa como la contracara de un servicio prestado, nos estamos refiriendo al precio que por ese servicio pagamos. Asimismo, se ha venido señalando durante mucho tiempo, que las tarifas deben ser justas y razonables.

Doce años de congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, nos indica que por una cuestión puramente política dejaron de ser justas y razonables, transfiriendo a las nuevas autoridades nacionales en forma irresponsable su actualización.

En las últimas elecciones nacionales, todos los candidatos de los partidos políticos y alianzas electorales entendieron que de una u otra manera, si ganaban el gobierno debían reformular el cuadro tarifario tanto de gas como de la luz.

El nuevo Gobierno nacional, encabezado por el presidente Macri y principal responsable del tarifazo, no entendió que la energía no es ni un privilegio ni una mercancía sino un derecho y por ende, violó desde un comienzo, los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas.

El Gobierno no entendió que las políticas energéticas deben estar al servicio del pueblo, modernizar la economía nacional, expandir el mercado interno, optimizar la competitividad de la industria local y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tal fue así, que de un sólo impulso propuso un incremento de aproximadamente el 1000 por ciento, luego entre el 400 por ciento y 500 por ciento, según la categoría de usuario y después de un 203 por ciento estimado, sin tener presente la parte más débil de la relación, el usuario cuya participación se encuentra garantizada en la Constitución y en la Ley.

Después llegó la solución vía judicial y no política, fue la Corte la que estableció el camino a seguir, anuló el aumento de la tarifa del gas para los usuarios residenciales y ordenó la realización de las audiencias públicas previa a la toma de decisiones, fundado en el derecho del usuario de acceder a una información adecuada, veraz e imparcial por parte del Estado.

Así, la audiencia convocada por el Gobierno tuvo gran participación, particularmente, de las organizaciones de usuarios y consumidores, quienes fueron planteando cada una de las preocupaciones que involucran la garantía de la razonabilidad de la tarifa, lo que implica que exista la diferenciación de sectores y regiones, con atención especial a las familias más vulnerables.

Ganada esta batalla, aunque la audiencia pública no sea vinculante, queda aún mucho camino por recorrer ya que las fuerzas políticas deben elaborar en común, un nuevo proyecto energético que permita en el mediano y largo plazo superar los escollos que impiden el desarrollo del país.

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