Las causas pendientes del pacto entre YPF y Chevron

PLAN C, Política, SECCIONES

Mientras la justicia espera que la compañía parcialmente estatizada cumpla con el fallo de la Corte Suprema y haga público el contrato que firmó con Chevron para explotar Vaca Muerta, en la región continúa la causa por la herida con perdigón de plomo que recibió Rodrigo Barreiro durante la represión en la Legislatura.

Represión en la Legislatura en 2013. Foto archivo de Cecilia Maletti.
Represión en la Legislatura en 2013. Foto archivo de Cecilia Maletti.

La represión del 28 de agosto de 2013 duró más de seis horas. Una manifestación repudiaba el acuerdo por el que la provincia habilitaba a YPF y a Chevron para operar en el área Loma Campana mediante la técnica del fracking. Los discursos oficiales pivoteaban, en cambio, entre un resignado “no hay otro camino que el fracking” y entusiastas promesas de un pródigo futuro.

El accionar policial fue intermitente. La columna de organizaciones y militantes avanzaba hacia el honorable edificio y la policía la hacía retroceder, con gases lacrimógenos y proyectiles antimotines. Fueron 38 los efectivos autorizados a utilizar armas de fuego. Los uniformados usaron también un matafuego contra una señora y tiraron piedras, con la mano y con gomeras.

En ese contexto, el docente Rodrigo Barreiro fue herido con un perdigón de plomo mientras se encontraba en la zona de la Ciudad Judicial. El proyectil, que no pudo ser extraído de su cuerpo, es similar a los cartuchos 12/70 que utiliza la Policía. En esa jornada sólo utilizarían proyectiles de goma pero al profesor lo hirió uno de plomo.

Ese mismo día el fiscal de la causa Maximiliano Breide Obeid le dijo a la prensa que se trataba de un proyectil “no convencional”. El gobernador Jorge Sapag también buscó desvincular a los efectivos del disparo.

El abogado de Barreiro, en cambio, no tiene duda sobre el origen del proyectil. “Aunque no hay un autor material, está claro que el proyectil era una posta de plomo, con las medidas y densidad de las utilizadas por la policía”, argumenta el querellante Pablo Gutiérrez.

En agosto, la querella, en soledad, ya que el fiscal pidió que se archive la causa, participará de una audiencia de formulación de cargos contra los dos responsables del operativo por lesiones culposas. Solicitará la imputación del comisario mayor Eduardo Palacios que era el director del seguridad operativa y que tenía a su cargo el operativo; y del comisario inspector Roque Hernández quien era el encargado del vallado externo de donde provino el disparo.

El contrato

Otro de los temas pedientes en relación a acuerdo entre YPF y Chevron es el acceso al contrato. Un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de mediados de julio establece que debe hacerse público el contrato secreto entre ambas compañías, tal como sostuvo la Corte Suprema en noviembre pasado en una causa iniciada por el entonces senador Rubén Giustiniani. El plazo se cumple el 5 de agosto.

“YPF deberá cumplir con la entrega de la totalidad de la documentación requerida en el plazo establecido por la señora jueza de primera instancia. En caso contrario, deberá librarse mandamiento de secuestro de dicha documentación y remitir copia de las actuaciones a la justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia en los términos del artículo 239 del Código Penal”, sostiene el fallo.

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