La Constitución neuquina es una hoja de papel

PLAN C, Política, SECCIONES

El texto votado como ley en 1957 es un escrito maravilloso que enarbola derechos y garantías para los habitantes de la provincia. Pero en la realidad el articulado queda reducido a letra muerta: la desocupación y el crimen del preso Cristian Ibazeta bastan como ejemplo.

Por Jorge Gadano

El fundador y jefe del socialismo alemán en el siglo XIX, Ferdinando Lasalle, dijo que la Constitución escrita de un estado republicano no es más que “una hoja de papel”. La Constitución verdadera es la que mana de la relación real de fuerzas existentes en la sociedad.

En la República Argentina la era del fraude concluyó con la ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio, impuesta por el primer partido populista del país, la Unión Cívica Radical, triunfante en los comicios de 1916.

Así, la Constitución de 1853 encontró sustento legítimo en la soberanía popular. Fueron 14 años de democracia que concluyeron el 6 de setiembre de 1930, cuando el Ejército de la Argentina republicana desalojó de la Casa Rosada al presidente electo por segunda vez en 1928, Hipólito Yrigoyen. Desde entonces y hasta 1976, la era del fraude oligárquico volvió uniformada. Y la Constitución no fue más que una hoja de papel.

Foto Juan Thomes.
Foto Juan Thomes.

Lo fue también, desde su nacimiento, la Constitución neuquina, votada en 1957 como ley fundamental del territorio federal convertido en provincia. Venía viciada desde un principio, porque primero, la convocatoria a la Convención Constituyente había sido decidida por un gobierno militar, el de la “Revolución Libertadora”, y segundo, porque el partido peronista, mayoritario, estaba prohibido (ver decreto 4161, de los libertadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas).

Neuquinos en el país de las maravillas
Como si los convencionales electos hubieran querido demostrarse capaces de dar a los neuquinos una Constitución mejor que una peronista, aprobaron una hoja de papel maravillosa, que llegó hasta hoy solo modificada en el año 2006. La provincia sigue siendo laica, pero el preámbulo insiste en invocar la protección de Dios, considerado “fuente de toda razón y justicia”.

Con la reforma de 2006 la razón y la justicia, atropelladas por los golpes de Estado –con la colaboración emepenista entre 1970 y 1973- son aseguradas por el artículo 9: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen”. La norma termina diciendo que “es deber de todo ciudadano contribuir al establecimiento del orden constitucional y sus autoridades legítimas”. Los convencionales del MPN también levantaron la mano para aprobarla. En marzo de 1970 el mismo partido aceptó asumir el gobierno ofrecido por el dictador Juan Carlos Onganía y ante quien lo puso en posesión del cargo de gobernador, el general Francisco Imaz, Felipe Sapag juró subordinar la Constitución a los objetivos de la dictadura. No obstante, en el discurso que pronunció después no dijo una sola palabra relacionada con su presumible adhesión a esos objetivos. Cerrando el acto Imaz consideró necesario resaltar que esa adhesión era total. A don Felipe no se le movió un pelo. En las elecciones de marzo de l973 volvió a postularse y, como en los comicios de 1963, volvió a ganar. Por eso, en un acto reciente que recordó la fundación del MPN, se exaltaron los cinco gobiernos de don Felipe (cuatro otorgados por el pueblo y el quinto por Onganía). El MPN es así.

Los derechos sociales
En su capítulo II, dedicado a los derechos sociales, la hoja de papel neuquina proclama que “el trabajo es un deber social y un derecho reconocido a todos los habitantes”. Y sigue: “cada habitante de la provincia tiene la obligación de realizar una actividad o función que contribuya al desarrollo material, cultural y espiritual de la colectividad, según su capacidad y propia elección”.

Los convencionales fueron muy optimistas. A tal punto que no advirtieron que el cumplimiento del deber y la obligación de trabajar debían estar sujetos a que hubiera trabajo. Hoy, el contador Gutiérrez cae en el mismo error cuando, en un nuevo mensaje y en un encomiable tono docente nos dice que “elegir es ser libre y que nada ni nadie tome decisiones por vos”. Queda por explicar (hay que estar atento a los próximos mensajes) cómo se puede ser libre sin un trabajo digno ni posibilidad de conseguirlo. La hoja de papel da una pista: dice, en el artículo 41, que “la legislación social garantizará un nivel decoroso de vida para el trabajador y su familia”. Menos mal.

Al capítulo de los derechos sociales sigue el de las garantías. Llama la atención el artículo 70, dedicado a los presos. Dice, en su parte final : “Toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos, física o moralmente, hará responsable al que la ejecuta, autoriza o consiente”. Habría que incluir, nos parece, un par de líneas más que extiendan la responsabilidad, más allá de la mortificación física o moral, al asesinato de presos en la cárcel pública. Está a la vista el caso de Cristian Ibazeta, un preso rebelde cosido a puñaladas en su celda sin que policías de guardia ni ninguno de los demás detenidos haya aportado un solo dato de lo que pasó.

La hoja de papel
En su título II, denominado “Derechos”, capítulo I, relativo a los “Derechos personales”, artículo 2, la hoja de papel aprobada en diciembre de 1957 y reformada en febrero de 2006 por la convención presidida por Jorge Omar Sobisch, dice que “los habitantes de la provincia gozan en su territorio de todos los derechos y garantías enumerados en la Constitución nacional y en esta Constitución, con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio y de los Derechos del Hombre sancionados por la Organización de las Naciones Unidas en París en 1948, los que serán incorporados al presente texto constitucional”.

Esa Declaración incorporada por la hoja neuquina establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad en su persona”. Como la vida de Ibazeta, prisionero en un penal del Estado neuquino, no fue respetada, el Estado es responsable de ese crimen. Y como el jefe del Estado neuquino es el contador Gutiérrez -y además jefe máximo de la policía que custodia el penal- le toca a él responder. Vamos, sincérese contador.

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