El servicio de comunicación está fuera de control

Derechos de la humanidad, PLAN C, SECCIONES
Foto Colectivo M.A.F.I.A
Foto Colectivo M.A.F.I.A

Los cambios a la Ley de Medios que realizó Macri implican, entre otras cosas, que el precio de los servicios de comunicación esté liberado, que no se audite la calidad de las prestaciones y que haya vía libre para la creación de monopolios.

Por Mercedes Azar Quibar

Tan sólo 19 días habían pasado desde la asunción de Mauricio Macri como presidente cuando firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 que destruyó por completo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley creada por el pueblo, impulsada por el Poder Ejecutivo, aprobada por el Poder Legislativo y confirmada como constitucional por el Poder Judicial. Entre las consecuencias de estas modificaciones se destaca la falta de control a los servicios de comunicación: ahora las empresas pueden fijar los precios que deseen, no se evalúa la calidad del servicio de telefonía móvil en el interior del país, hay multas más “flexibles” y no existen restricciones para los monopolios mediáticos, entre otras cosas.

En paralelo, el mismo decreto destruía el espíritu de la Ley de Argentina Digital, la ley de las telecomunicaciones. La creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) absorbió los órganos controladores de cada ley: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y su compañera -más reciente, menos nombrada por los medios, pero de vital importancia- la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic).

La Aftic fue la autoridad de aplicación que se sancionó con la Ley Argentina Digital y comenzó a funcionar en 2015. Su función era “la regulación, el control, la fiscalización y verificación en materia de las TIC en general”. Es decir, entre otras cosas, supervisaba a las empresas de telecomunicaciones (que son todas trasnacionales) y las sancionaba en caso de incumplimiento, regulaba sus precios y aseguraba condiciones para que pequeñas empresas o cooperativas puedan ofrecer servicios en igualdad de condiciones.

Corta vida de la Aftic como tal. El nuevo decreto de Macri la desapareció junto al Afsca bajo el Enacom, que es el ente “regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad”. Con esto entendimos dos cosas: por un lado, que el derecho humano a las comunicaciones iba a dejar de ser prioridad, y por el otro, que las grandes empresas iban a salir beneficiadas.

Sin resoluciones ni decretos, las nuevas autoridades del Enacom comenzaron a tomar decisiones que muy amablemente se encargaron de comunicar por mail a sus empleados, pero no al resto de las y los ciudadanos. Una de ellas fue liberar por completo la regulación del precio. Con la ley de Argentina Digital, el precio básico de los servicios de comunicaciones estaba regulado; en la actualidad, las empresas establecen el precio que consideren conveniente sin ninguna restricción.

Por otro lado, los controles técnicos de telefonía móvil están por el momento suspendidos en el interior del país. Los técnicos en esta área se encargaban de controlar la calidad del servicio, pero sus equipos y camionetas fueron trasladados a Buenos Aires, y por el momento se encuentran ayudando en tareas administrativas. Las empresas no tienen ninguna presión para arreglar sus servicios de baja –o pésima- calidad.

Pero eso no es todo, los nuevos directores del supuesto “ente regulador” han pedido ser más flexibles con las multas a las empresas que incumplen la ley. La norma establece que si en tres días la empresa no solucionaba el problema, era multada. “Ahora nos han pedido esperar 20 días, un mes”, contó un trabajador del Enacom en Neuquén. “Yo ahora no creo que lo que hago tenga sentido. Advierto sobre los incumplimientos pero no creo que se vaya a sancionar a las empresas”, agregó.

Tanto la ley de Argentina Digital como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se oponían a la conformación de monopolios, impidiendo las fusiones. A partir de este año, una empresa de televisión por cable puede operar también en el rubro de las telecomunicaciones. Pongamos un ejemplo al azar: el Grupo Clarín. Cablevisión compró en enero el 100 por ciento de Nextel Argentina, y de esta manera, puede prestar cuatro servicios bajo la misma factura: televisión por cable, internet, telefonía fija y móvil.

Para entender esto, pensemos quiénes dirigen el Ente Nacional de Comunicaciones: tres abogados, un publicista que trabajó en empresas y grupos económicos y una ex legisladora que defendió al Grupo Clarín cuando pidió la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “De ellos, tres son de los grupos de medios con mayor audiencia de la Argentina. Clarín, Telefónica y Cadena 3 (una de las principales cadenas de radio del país) tienen gente de su riñón o por lo menos afín en el directorio”, dijo tiempo atrás el doctor en Comunicación Martín Becerra en una entrevista.

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