Advierten sobre la intención de arancelar la salud pública de Neuquén

Salud, SECCIONES
Foto: 8300web
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Según los voceros del gobernador Omar Gutiérrez, el proyecto presentado el pasado 1 de marzo para modificar la ley 1.362 de Recupero Financiero, busca principalmente agilizar los mecanismos con los cuales se le cobra a las obras sociales las prestaciones en los hospitales públicos. Sin embargo, desde distintas organizaciones que defienden la salud pública como Siprosapune, Favea (familiares, amigos, vecinos y enfermos agrupados), APDH, la Pastoral de Inmigraciones y Sindicatos alertan sobre las intenciones de arancelarla.

Según el diputado del FIT Raúl Godoy, “la ley prevé la universalidad del arancelamiento en todos los servicios. Es cuestionada por inconstitucional y porque intenta dar una respuesta a la situación crítica que vive todo el sistema de salud de Neuquén poniendo la carga en los pacientes. La salud y su acceso es un derecho humano y universal. El estado tiene la obligación inalienable de garantizarlo, para eso justamente cobra impuestos”.

Los diferentes frentes para arancelar

Según denuncian las organizaciones, la ley estipula de diferentes maneras el cobro del acceso a la salud pública:

Si tenés obra social, diciendo que en general no se cobra a las obras sociales, quieren mejorar los mecanismos para hacerlo. “Lo que suele pasar es que el paciente tiene que peregrinar ventanilla por ventanilla, buscar la valorización en su obra social, si quizás la tiene cortada es un problema. De ninguna manera en el hospital público te pueden poner condiciones para atenderte. Eso es lo que está en discusión ahora. Justamente lo que no está garantizado hoy es que el sistema de salud público funcione. La gente para pedir un turno tiene que ir a las 3 de la mañana hasta las 7 que comienzan a dar los turnos para ver si con suerte consigue que la atiendan en 15 o 20 días”.

Todo aquel que esté en las condiciones de pagar debe hacerlo. Entonces la persona tiene que justificar que no lo está. De qué manera, no está especificado.

Extranjeros. Según Caparroz, diputado del MPN, buscan “qué mecanismo le damos al Estado para que a través de acuerdos internacionales o gestiones diplomáticas se puedan cobrar las prestaciones dadas a extranjeros. En ningún caso se prevé que el arancel lo tenga que pagar la persona sino las instituciones. Lo que no queda claro es qué pasa con la atención si ellas no lo hacen. Para Godoy esto “es una brutalidad que implica despertar el fantasma de la xenofobia. Si uno va más finito en la discusión con los funcionarios no termina en los chilenos sino va hacia la comunidad zíngara, ya que dicen que los gitanos usan mucho el hospital. En una provincia que está hecha de la inmigración, donde personas de muchas provincias vienen a trabajar a las chacras o al petróleo, este proyecto implica un ataque gravísimo”.

Pagos voluntarios de terceros, de privados. Quien quiera aportar, es recibido.

Desde las organizaciones advierten que esta ley también abre las puertas para legalizar todos los acuerdos con empresas privadas, prestadoras de servicios, con aseguradoras de riego de trabajo. “La salud es un derecho, no puede ser un ente de recaudación”, expresa Raúl Godoy.

Godoy en el abrazo que se realizó al hospital. Foto: 8300web
Godoy en el abrazo que se realizó al hospital. Foto: 8300web

En este sentido la banca del FIT presentó un proyecto que tomó estado parlamentario para que se informe cuánto dinero de la partida de la salud pública está siendo desviado a terceros, llámese clínicas privadas, de imágenes, prestaciones a tercerizados. “Es injusto pero es legal. La gente va al hospital y como no anda la aparatología- o no la tienen- la derivan a clínicas privadas que luego le facturan al hospital público. Es un desvío de fondos enorme donde las clínicas privadas hacen un gran negocio”, alerta Godoy.

Desde su presentación se vienen llevando a cabo diferentes actividades para que toda la comunidad pueda discutir el proyecto de ley y defender el acceso a la salud pública. La semana pasada realizaron un abrazo al Hospital Castro Rendón. Desde la legislatura, Jesús Escobar y Santiago Nogueira presentaron un proyecto de resolución para que se convoque a una audiencia pública para discutir este proyecto de ley y la ley actual de salud con todos los y las interesadas que contó con el apoyo de Raúl Godoy, Teresa Rioseco y Mariano Mansilla.

El proyecto del ejecutivo generó gran incertidumbre y preocupación en este momento en el que la situación social de Argentina y Neuquén se ha agravado, por eso es importante que se de la información  necesaria y se escuchen todas las posturas”, dijo Nogueira en relación a la convocatoria a audiencia pública y  remarcó la importancia de “discutir los problemas de fondo de la salud pública, para lo que es necesaria la participación de todos los sectores implicados”. “Hoy existen problemas más profundos e inmediatos que el recupero financiero, por ejemplo en el hospital de Centenario tienen un sólo pediatra”, concluyó.

 

 

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