Mendoza: se declaró constitucional la ley que limita la megaminería

Minería, SECCIONES
Foto http://www.opsur.org.ar/
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La ley 7722, impulsada por asambleas y organizaciones socioambientales, prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en procesos mineros metalíferos. Había recibido pedidos de inconstitucionalidad, principalmente de empresas mineras, desde que se sancionó en 2007. Hoy el pueblo mendocino puede festejar un nuevo logro en su defensa del agua.

El 16 de diciembre la corte provincial se pronunció respecto de los pedidos de inconstitucionalidad que recaían sobre la Ley 7722, sancionada en junio del 2007. Esta norma fue impulsada por las asambleas socioambientales de la provincia de Mendoza, junto con otras organizaciones sociales, en búsqueda de la protección de los bienes comunes, en especial del agua.

La Ley pone énfasis en el cuidado del agua. En su Artículo 1 declara: “A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.”

Por unanimidad, los 7 jueces provinciales determinaron que la ley 7722 es constitucional.

Entre las empresas y asociaciones que iniciaron demandas de inconstitucionalidad respecto a la ley 7722, podemos mencionar a: Minera San Jorge, Concina Raúl, Desarrollo de Prospectos Arg. S.A. (DEPROMINSA), El portal del Oro S.A., Minera del Oeste, Minera Agaucu, CognitoLimited, Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, Minera Río de la Plata S.A., Vector Argentina S.A.

En esta provincia el 97% del territorio no es irrigado, por lo que la población conoce la importancia de ciudar el agua. En el 3% irrigado vive aproximadamente el 90% de la población. Es por eso que la disponibilidad del agua se encuentra regulada por la Constitución Provincial y por la Ley General de Aguas que data de 1884. Hace años que durante el verano se declara la emergencia hídrica.

Fue la población del Valle de Uco (en el oasis del oeste provincial) la primera en organizarse para impedir la entrada de proyectos mineros, y de allí el movimiento se expandió al resto de la provincia. Desde el 2006 se formaron asambleas y multisectoriales que sostuvieron las acciones de concientización y reclamo hasta hoy. Poco a poco, fue creciendo el conocimiento en torno a los mitos sobre la minería, las promesas de desarrollo nunca cumplidas, y las consecuencias socioambientales que acarrea. Así, a pesar del lobby de las empresas y funcionarios ligados a la minería, la presión popular se mantuvo firme: la 7722 debía declararse constitucional.

La vigencia de la ley estuvo amenazada por los pedidos de inconstitucionalidad de estas empresas hasta ahora. Gracias a la lucha sostenida por las organizaciones, la corte provincial declaró que la 7722 se adscribe a los límites que plantea la constitucion provincial. Por unanimidad, los 7 jueces provinciales determinaron que la ley 7722 es constitucional.

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