Secretos y abuso del poder en los gobiernos emepenistas

POPURRI

Por Jorge Gadano
jorgegadano@gmail.com.ar

Para los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino sería de una gran ayuda que la constitución provincial autorizara el secreto de todos aquellos actos públicos (leyes, decretos, resoluciones, et altri) cuando fuera conveniente hacerlo. De tal manera se podría ganar en eficacia y eficiencia, tal cual intentó explicarlo Jorge Omar Sobisch (JOS) cuando dijo en Junín de los Andes que, a la hora de optar, prefería a un funcionario corrupto antes que a un pelotudo. (Él usaba a veces ese lenguaje –“pelarse el culo” como sinónimo de trabajador le gustaba también- cuando quería ser contundente).

Es que, bien visto el asunto en las jerarquías emepenistas, a ese principio que consagra la publicidad de los actos de gobierno debe haberlo inventado algún pelotudo. O bien los pelotudos legisladores que aprobaron la ley provincial 2141, de administración financiera y control. Establece esa norma que (artículo 63, inciso a), “todo contrato se hará por licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos, y por remate o licitación pública, cuando se deriven ingresos”. Cuando llegó a la presidencia del BPN el Toti Manganaro promovió la sanción de otra ley, que fue la 235l, para convertir al banco en una sociedad anónima y así, sacarlo del control de la 2141, un obstáculo para la gestión de cualquier funcionario emprendedor que se resistía a ser un pelotudo. Con el indispensable respaldo de JOS y una mayoría legislativa partidaria de la obediencia debida lo logró.

Fue así como la empresa Temux pudo tener una señal clara de que estaría al margen de molestos controles cuando su cuenta corriente de la sucursal Buenos Aires estuviera al rojo vivo, o en los casos en que se le acreditaran valores de exportaciones que no estaban certificadas por el banco corresponsal de Nueva York. El colmo fue que lo denunciaran por haber comprado en un millón y medio de dólares, escondido bajo el nombre de un contador uruguayo, unos campos en La Pampa, como si le estuviera prohibido dar a sus ahorros el destino que quisiera.
¿Hacía falta, acaso, ratificar que el Estado neuquino era un enemigo jurado de la pelotudez?

JOS entendió que sí, y por eso proclamó, contestando a la pelotudez de algunos opositores que criticaban prácticas corruptas en el otorgamiento de créditos del IADEP, que “el gobernador da los créditos, y si son para los amigos mejor”. Tan disgustado estaba, que se le escapó una indiscreción, tal cual fue la de que era él –y no el directorio del ente, como correspondía- quien daba (o denegaba) los créditos. Y ya que estamos con el IADEP: aunque, por comprensibles razones, el gobierno no haya dado a publicidad la lista de esos créditos, nosotros sí los dimos en un pelotudo informe.

Don Felipe y después

Sapag y Sobisch décadas atrás. Archivo 8300.
Sapag y Sobisch décadas atrás. Archivo 8300.

Como se puede apreciar, con JOS la imagen del MPN adquirió un tono algo grosero. Para atenuarla, e inmediatamente después de sellar la alianza con el gran Elías que desalojó del poder a Felipe, se inició la carrera hacia el mando provincial de un caballero cristiano, egresado de la Universidad Católica y devoto de la virgen María. Obviamente, nos referimos a Jorge Augusto (JAS). Educado en San Isidro, nunca, frente a un micrófono, saldría de sus labios una mala palabra.

Como todavía vivía en Buenos Aires, su primer cargo público fue el de Representante del Gobierno Neuquino ante el Ejecutivo Nacional. Concluída esa abrumadora tarea, volvió al pago donde, tras una breve incursión profesional como abogado junto al ex juez federal Rivarola se colocó, primero, como titular de un Registro del Automotor, y luego en el gobierno provincial a la sombra de JOS. Fue subsecretario de algo, ministro de algo más y vicegobernador.

Pasó en aquellos años que, cuando el autor de esta nota, en un encuentro casual, le contó a JAS que el director de LU5 Juan Carlos Schroeder le había comunicado, pesaroso, su decisión de levantar el programa “No sé si me explico”, que hacían en esa radio con la periodista Mónica Reynoso. El argumento, de peso, o de pesos, fue que Manganaro le “frenaba la carpeta” en el BPN. En un tono de voz apenas audible Jorge Augusto contestó “voy a investigar”. Se inició así una prolongada investigación que todavía no se ha cerrado.

Eso sí, la carpeta volvió a engordar. Un informe publicado por “8.300” en junio de 2009 colocó a solo una de las empresas del grupo Schroeder, María y Adelina, entre las 16 deudoras refinanciadas por un total superior a los 400 millones de pesos. Sin suficientes garantías le renovaron una deuda de 40.500.346,38 millones. Aplausos.

Contratos a granel

Gente que sabe dice que la deuda pública neuquina ronda los siete mil millones de pesos. Para pagar los sueldos de setiembre el gobierno debió tomar un préstamo de corto plazo y tasa de interés alta. Es difícil encontrar un motivo para semejante desastre económico-financiero en una provincia que, por su población, unos 600.000 habitantes, es semejante a una ciudad mediana, y cuenta con el ingreso per cápita más alto del país, después de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa, a nuestro modesto entender, es que el partido gobernante gasta cada vez más en el comprensible afán de impedir que los pelotudos (y pelotudas) lo desalojen del poder.

La preocupación de que ese feliz medio siglo emepenista llegue a su fin emana de que, al cabo de décadas en que los partidos opositores (PJ, UCR) solo peleaban por el segundo puesto, ahora se adueñan de las ciudades más grandes. Lo más grave es que la yunta Quiroga- Rioseco amenace con instalar a la pelotudez en la Casa de Gobierno que el próximo 10 de diciembre albergará a la nueva estrella del firmamento neuquino, Omar Gutiérrez quien, cumpliendo con el principio del secreto, se resiste a hablar del caso Temux.

Ahora, cuando las tres ciudades más pobladas de la provincia –la capital, Cutral Có y Zapala- en manos opositoras, aportan al padrón electoral más de la mitad del electorado, se torna más urgente que nunca la necesidad de comprar voluntades. A ese fin menudean en la administración pública provincial los contratos de incorporación de personal en los que se desconoce la relación de dependencia con el principal objeto de someter al contratado al arbitrio absoluto del Estado-patrón, que así se reserva el poder de despedir sin pagar indemnización alguna, ni hacer aportes jubilatorios ni de obra social, ni de dar vacaciones. Esos contratos son llamados de locación de servicios, o prácticas rentadas, o de plazo fijo, y en realidad ocultan el contrato de trabajo. ¿Por qué así? Porque de tal manera –al parecer consentida por el gremio- el patrón se gana la voluntad del empleado con el más bajo costo.

La sumisión del empleado se completa con la cláusula de “confidencialidad”, que obliga al contratado a guardar el secreto. Tales contratos dicen todos, en una de sus cláusulas, que “el locador no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido conocimiento …Esta obligación de reserva o confidencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del contrato, hacíéndose responsable el contratado de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos e informes no publicados”.

Bien vista, esta norma, que se reitera desde hace décadas, podría ser tenida como parte de una política de Estado tendiente a favorecer el encubrimiento. Ni fiscales ni jueces se han ocupado del tema, a pesar de que estos abusos son de conocimiento público.

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