Informe sobre Talleres Clandestinos: “No se trata de economías marginales”

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El último 27 de abril, un taller textil ubicado en la calle Páez 2796 se incendió y dos niños murieron. Este episodio es uno más de la secuencia inaugurada por el mismo siniestro ocurrido en el taller de la calle Luis Viale en 2006. Además del incendio, lo común a estas instalaciones era su identificación como “clandestinos”, con trabajadores y trabajadoras en condición de “esclavitud”. Sobre el término “esclavo” y la relación de esta actividad económica con el Estado y las grandes marcas, compartimos el informe radial del programa La Revancha.

Por La Revancha

El taller textil de Paez fue denunciado por La Alameda ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que intimó a la Subsecretaría de Trabajo para que lo inspeccione. En cuatro oportunidades la Subsecretaría de Trabajo informó que no se había hecho ninguna inspección, la última vez fue diez días antes del incendio.

El diputado Gustavo Vera, de la fundación La Alameda, calcula que, aproximadamente, 300 mil personas trabajan en talleres clandestinos en condiciones extremas de explotación. Según la Unión Industrial Argentina, en el 2013 el 78% de la ropa que se producía en el país se hacía a través de circuitos ilegales. Verónica Gago, miembro del Colectivo Situaciones, remarca que “no se trata de economías marginales sino que son economías que están en el centro de cadenas de valor, que empiezan en el taller textil y terminan en las grandes marcas, pero también en lugares de consumo masivo popular como La Salada”. El consumo en ferias populares, apoyado en parte en este tipo de trabajo, tiene una centralidad fundamental al momento de combatir la inflación, muchos sectores no podrían consumir de otro modo. Ezequiel Conde, miembro de la Cooperativa SOHO y de la fundación Alameda, asegura que “podes armar igualmente mercados en la calle, mercados populares, con la cadena blanqueda. La Salada puede blanquear todo poniendo a todos los costureros en blanco y aun así cobrar el 40% más barato que en un shopping”. Problematizar la separación tajante entre economía formal y economía informal es lo que propone Verónica Gago cuando dice “el ensamblaje entre partes de la economía en negro con la economía en blanco, de las grandes marcas con los talleres textiles clandestinos, es lo que arma una trama que garantiza la explotación y la rentabilidad extraordinarias”. Pero, como plantea Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, “existe un núcleo duro de injusticia que son aquellos talleres que producen para grandes marcar en una situación de fraude laboral y de explotación que llega hasta la esclavitud.

En el 2013 el 78% de la ropa que se producía en el país se hacía a través de circuitos ilegales.

Cuando el Estado interviene, advierte Verónica Gago, criminaliza los “ilegalismos populares”, los eslabones más débiles de la cadena de valor. “Hay una cantidad x de talleres protegidos donde se produce para las grandes marcas que no se van a tocar, porque parten del mismo interés de los familiares de, en principio, Macri. Esas marcas, como Cheeky, se hacen en esos talleres que están protegidos, que no se van a ni siquiera inspeccionar. Sin embargo lo que están haciendo ahora es inspeccionar los que no están dentro de esos, todos los que produzcan para La Salada, o así, están siendo allanados.” explica Juan Vázquez, del Colectivo Simbiosis Cultural. La Ley 12.713, de trabajo a domicilio es la herramienta legal que podría utilizarse para comprometer a la marca con los costureros. Esta ley involucra al empresario de la marca y a todos los intermediarios tanto en la cuestión laboral como en la cuestión penal. El problema es que la condena penal nunca recae sobre los dueños de las grandes marcas ya que se desligan del trato directo con los costureros. Además, desde la Dirección de Protección del Trabajo, se notifica a los empresarios cuando se reciben denuncias, abriendo una brecha para que la marca reacomode su situación.

Distintas organizaciones intervienen en la problemática, proponen diferentes modos de acción que van desde la sindicalización del trabajador, y su ingreso en una fábrica registrada, pasando por la creación de cooperativas, a la problematización de la categoría de “esclavo” para nombrar a los costureros y las costureras. Las cooperativas, según Ezequiel Conde, tienen que ser una opción en última instancia; en cambio, considera que lo ideal es que el costurero entre a la fábrica registrada, bajo convenio y con un sindicato que lo defienda. En las circunstancias actuales “lo que hay que generar principalmente son dos cuestiones: ya que no podes intimar a la marca a que los ponga a todos en blanco en su fábrica, que es lo que tendrían que hacer, entonces por lo menos la creación de distintos polos textiles, como el polo textil de barracas, que vos puedas garantizarle rápidamente una continuidad y en donde haya una intervención fuerte del Estado para que esas cooperativas no se terminen transformando en fraude laboral”. Verónica Gago intenta pensar cómo sería una organización que tenga en cuenta cómo es este tipo de trabajo, que no hay una identidad vinculada al trabajo a construir, pero que existe una lucha concreta centrada en cómo mejorar las condiciones de trabajo y en cómo hacer que los proyectos de los costureros y las costureras puedan salir adelante.

Simbiosis Cultural impulsa proyectos cooperativos apelando a que los costureros y las costureras salgan del taller a partir de preguntarse qué quieren hacer, de qué modo quieren trabajar y cuáles son sus proyectos.

Cuando se producen allanamientos y se empuja a las personas a procesos cooperativos, sostiene Juan Vázquez, es muy difícil que esas personas tengan continuidad, “por lo dificultoso de los procesos cooperativos y porque no se contemplan en él y entonces vuelven a los talleres, en peores condiciones incluso, y con menos ganas de denunciarlo, con menos ganas de discutirlos, porque lo que viviste fue un proceso traumático”. Aun reconociendo estas dificultades, Simbiosis Cultural impulsa proyectos cooperativos apelando a que los costureros y las costureras salgan del taller a partir de preguntarse qué quieren hacer, de qué modo quieren trabajar y cuáles son sus proyectos. La intención es que puedan salir de la red que forma la “economía del taller”: los boliches, las clínicas, las radios. Al sustentarse principalmente con trabajadores y trabajadoras migrantes, se produce una explotación extra de la situación de migración. Cuando los costureros y las costureras llegan a trabajar y se encuentran con un escenario distinto al que imaginaron, en un país que no conocen, en una gran ciudad, se refugian en esta red que los devuelve a esa “bolivianeidad” que dejaron atrás; los proyectos que impulsaron la decisión de migrar se truncan y se realiza un nuevo cálculo. Es en este sentido que Simbiosis Cultural busca problematizar la categoría de “esclavos” ya que los coloca en el lugar de víctimas, quitándoles todo tipo de posibilidad de acción y organización. Luego del incendio del taller de la calle Páez han convocado, junto a otras organizaciones, a una Asamblea Textil para discutir el modo de abordar la problemática. “Hablar de ‘trabajo esclavo’ aparece como una categoría exterior a los propios trabajadores, son siempre otros los que los denominan a los trabajadores migrantes, en su mayoría provenientes de Bolivia, como esclavos”. Verónica Gago apunta a preguntarse “por qué no aparecía la voz de los trabajadores y trabajadoras en el conflicto y siempre eran nombrados y hablados por otros, sean los medios de comunicación, sean organizaciones de denuncia y generalmente de dirigentes argentinos” y concluye “la categoría de ‘trabajo esclavo’ es totalmente exterior y ajena respecto a la forma de entender, nombrar y concebir la tarea del costurero por los propios trabajadores costureros”. Esta postura no implica dejar de lado, o negar, las condiciones de precarización total a la que se ven expuestos los costureros y las costureras que trabajan en los talleres clandestinos.

Juan Vázquez argumenta que los medios, al simplificar el problema y colocarlos en el lugar de víctimas, le quitan voz a los costureros y costureras que nos son escuchados sino estigmatizados. Esto genera que la organización resulte ajena a la experiencia de los propios trabajadores, que deben ser “rescatados”. La espectacularización del hecho provoca una extrañeza que convierte al problema en algo exótico: cada incendio es una excepción. De este modo, parece que no se trata de trabajo ni de explotación sino de otra cosa: esclavitud y clandestinidad, algo que la humanidad superó y que emerge como lo extraño, obturando la pregunta acerca de las condiciones que sostienen y promueven este tipo de organización del trabajo. La cotidianeidad y extensión de este modo de explotación está tan naturalizado que encarna en los propios costureros y costureras, nadie mejor que los actores de esta experiencia para interrogarse y poner en cuestión los modos de organización para abrir el taller y sacarlo de la “clandestinidad”.

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