A 13 años de la masacre de Avellaneda: Kosteki y Santillán presentes

Justicia, Política

darioymaxii2012-1Se realizaron cortes y diferentes actividades en el país para rechazar el mando de impunidad que rodea a los responsables políticos e ideológicos del asesinato de los militante piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002. Compartimos el especial de 8300web, al cumplirse 10 años de los asesinatos.

Por ser piquetero

Eduardo Duhalde ya estaba instalado en el poder tras la explosión social que había volado por los aires al presidente electo Fernando De La Rúa, quien cobardemente había escapado de sus responsabilidades y de las consecuencias de las medidas aplicadas en el país. El desempleo crecía al ritmo del costo de vida, la necesidad de ser escuchados y escuchadas, también. Pero ninguna respuesta se podía pretender de un gobierno que ya se había reunido con las cúpulas de las Fuerzas Armadas, de la SIDE, además de con jueces y con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, para que no quepan dudas sobre cómo accionar ante el reclamo de las y los habitantes hartos y desesperados.

El lunes 17 de junio del 2002, el presidente de la nación expresó “tenemos que ir poniendo orden” frente a los movimientos piqueteros que venían gestándose en todo el país y, con particular preocupación, en la región bonaerense. En el mismo comunicado, Duhalde contó que parte de su estrategia para terminar con dichos movimientos era incorporar planes sociales a los sectores más vulnerables. Lo que no sabía, era que no necesitaban migajas inventadas, sino un trabajo digno, un techo y acceso a todos sus derechos, aquello por lo que hombres y mujeres han luchado y luchan a diario obteniendo este tipo de respuestas falaces y, en muchos casos, violencia estatal capaz de terminar incluso con sus vidas, pero no con sus reclamos.

El 26 de junio de ese mismo año, con el aparato represivo armado y los mecanismos de acción terrorista aceitados para darle a la sociedad una “lección”, una manifestación fue oprimida con todas las herramientas a su alcance asesinando a los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Culpables por ser piqueteros. Condenados a muerte por reclamar. En esa ocasión resultaron heridas con balas de plomo treinta y tres personas más.

¿Qué pasó con los responsables?

El presidente Néstor Kirchner había prometido investigar a los responsables políticos e intelectuales de la Masacre de Avellaneda, pero como era de esperar esto no sucedió y continuaron con su tradicional modo de vida, incluso algunos de ellos alineándose con el “modelo nacional y popular”.

El principal responsable político de lo sucedido, Eduardo Duhalde, se candidateó para presidente de la nación en las últimas elecciones, además de mostrarse como un personaje político “de peso” para los sectores más conservadores y no haber dejado nunca de transitar las sendas de la política. Su campaña fue sustentada con argumentos golpistas y represivos.

El difunto Carlos Soria era jefe de la SIDE cuando se desató la Masacre. Fue un claro impulsor de la criminalización de la protesta y realizó investigaciones a diversas organizaciones piqueteras. En las últimas elecciones fue electo como gobernador de la provincia de Río Negro de la mano del Frente Para la Victoria, pero falleció a menos de un mes de haber asumido, impune.

Oscar Rodríguez era vicejefe de la SIDE, por lo cual le cabe la misma responsabilidad que a Soria. Hoy no ocupa ningún cargo político, pero hasta el año 2007 se desempeñó como diputado nacional por el Partido Justicialista Bonaerense.

Juan José Álvarez, en ese entonces secretario de seguridad interior y durante la última dictadura cívico militar empleado de la SIDE, tampoco vio inconvenientes para continuar en la política y fue diputado nacional por el Frente para la Victoria bonaerense hasta fines del año pasado.

Alfredo Néstor Atanasof era jefe de gabinete cuando se efectuó la Masacre de Avellaneda. Días antes de la represión, había declarado sobre los movimientos piqueteros que se trataban de “una suerte de guerra de unos contra otros” y que se habían mantenido reuniones “con los funcionarios y las fuerzas de seguridad para establecer un mecanismo de coordinación que nos permita proteger el derecho de las personas a su desplazamiento”. Sin embargo, su carrera política continuó y hoy es diputado por el Peronismo Federal.

Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires y se encargó de felicitar públicamente al ex comisario Franchiotti por su desempeño en la masacre que le costó la vida a Maxi y a Darío dejando a más de treinta personas heridas. También es hoy diputado provincial y jamás tuvo que transitar ningún tipo de obstáculo para continuar en política.

Jorge Vanossi era Ministro de Justicia de la Nación. En dicho momento, además de ser partícipe de la “reunión definitoria” previa a la masacre del 26, acusó a los manifestantes de usurpación, daños, entorpecimiento del funcionamiento de los trasportes públicos, instigación a cometer delitos, asociación ilícita o banda, intimación pública y alteración del orden. Hoy es presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Análisis Morales y Políticas y columnista del diario La Nación.

Jorge Matzkin era Ministro del Interior en el 2002. Fue uno de los que “alertó a la sociedad” sobre la vuelta de la lucha armada encolumnándose con la teoría de las “balas piqueteras”. Si bien hoy no ocupa ningún cargo político y sólo ejerce su profesión de contador, es otro de los personajes que sacó gratis su participación en la Masacre.

Los “condenados” en esta historia fueron el ex comisario Alfredo Franchiotti y el ex subjefe oficial Alejandro Acosta, quienes recibieron la pena máxima de cadena perpetua por los hechos ocurridos hace una década en Avellanada. Sin embargo, hace pocos días fueron trasladados a una cárcel de régimen abierto, lo cual les permite pasar hasta doce horas fuera de la unidad por día y los aproxima a la libertad.

Después de Darío, después de Maxi

Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Juan José Velázquez, Ariel Farfán, Félix Reyes, Roberto López, Sixtio Gomez, Mario López, Bernardo Salgueiro, Juan Castañares, Rosmarie Puña, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco, Franco Almirón, Gabriel Ramos y Cristian Ferreyra son algunos de los nombres que nos recuerdan que rotan quienes tienen el poder político, pero la política sigue siendo la misma. Se mata a quien piensa distinto, a quien reclama, a quien defiende sus derechos y los de sus pares.

El hecho de que no existan condenas a las y los responsables políticos de cada uno de estos crímenes es, de por sí, una firme respuesta que desalienta. La ley antiterrorista, de la mano de los trabajos de inteligencia destinados a investigar cualquier movimiento “contraproducente” para los gobiernos, es otro paso “legal” para combatir desde el miedo a la protesta social. Seguimos velando luchadores, seguimos exigiendo justicia.

Por Maxi, por Darío y por cada persona que pierde su vida en la imposición de una bala que sale de un arma policial que empuña el Estado, también por cada procesado y procesada por luchar, por cada privado o privada de su libertad que sufre torturas o es asesinado. Porque sea justa y sea completa.

¡Darío y Maxi, presentes!

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