Marcharán a 6 años del secuestro y la desaparición de Luciano Arruga

Justicia, Política

10456062_810319195707754_6357319180008831350_nRealizarán una marcha el 31 de enero al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición del joven. Será a las 10 hs en Lomas del Mirador, en la plaza bautizada Luciano Arruga, ubicada en Perú y Pringles. “Lo mató la policía. Lo despareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios” es la consigna de la convocatoria.

El próximo sábado 31 de enero familiares, organizaciones, amigos y amigas de Luciano Arruga realizarán una marcha a 6 años del secuestro y desaparición del joven en Lomas del Mirador.

El 22 de septiembre de 2008, Luciano, siendo menor de edad, estuvo detenido ilegalmente en el destacamento de esa localidad durante diez horas. Cuando Vanesa Orieta (hermana) y Mónica Alegre (mamá) fueron a buscarlo, escucharon cómo era golpeado. Ese episodio derivó en una causa por Torturas que irá a juicio oral en marzo de 2015.

El 17 de octubre  se anunció el hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga enterrado en el Cementerio de la Chacarita como NN. Así lo informó el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky y la madre y la hermana de Luciano.

En ese momento explicaron que ni para la familia ni para el Cels cierra el caso a partir de los indicios que continúan vinculando a las instituciones, sobre todo la policía bonaerense, con la desaparición del joven.

Luciano fue atropellado por un auto General Paz y Guido Castro frente a un destacamento de la policía bonaerense, en una vía rápida, donde la gente no cruza caminando 3 hs después de su desaparición. Fue llevado por una ambulancia del SAME al hospital Santojanni.

 

 A continuación, el documento completo de las organizaciones:

6 AÑOS SIN LUCIANO: LO MATÓ LA POLICÍA, EL ESTADO LO DESAPARECIÓ

Documento unificado

Se cumplen seis años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Nahuel Arruga por parte de la policía y el Estado. Sus familiares, amigos, organizaciones y partidos de izquierda, organismos de derechos humanos independientes y medios alternativos lo buscamos incansablemente. Fueron cinco años y ocho meses de amenazas, hostigamiento, e intentos de amedrentarnos para que declináramos nuestra denuncia contra la Bonaerense y el gobierno que la sostiene.

Luciano fue secuestrado el 31 de enero de 2009 y desde el comienzo supimos que fue la policía. Lo supimos y lo sabemos porque lo tenían de punto: lo detenían ilegalmente, lo humillaban, le apuntaban al pecho y le advertían que tenía los días contados. Luciano comenzó, con 16 años, a vivir con miedo a la policía, porque en cada oportunidad que se la cruzaba le pegaban, lo verdugueaban, lo amenazaban o directamente lo llevaban detenido sin ninguna justificación y lo torturaban.

El 22 de septiembre de 2008, Luciano, siendo menor de edad, estuvo detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador durante diez horas. Cuando Vanesa Orieta (hermana) y Mónica Alegre (mamá) fueron a buscarlo, escucharon cómo era golpeado. Ese episodio derivó en una causa por Torturas que irá a juicio oral en marzo de 2015. El imputado es el oficial Julio Diego Torales y se encuentra con prisión preventiva.

Cuando comenzamos la búsqueda comprendimos que estábamos yendo contra un sistema asesino de pibes y que no había democracia que protegiera a quienes luchábamos por estas causas: comenzaron a seguirnos en nuestros barrios, recibimos llamadas telefónicas amenazadoras, compañeros nuestros y testigos de la causa fueron detenidos y torturados en comisarías. Les repetían una frase: “dejate de joder con ese negro de mierda”. Mario –hermano menor de Luciano- fue increpado por policías no identificados que circulaban en un auto sin patente. Incluso intentaron prender fuego la casa de Mónica Alegre y detuvieron a otros pibes del barrio para hacerlos formar parte de sus negociados clandestinos bajo una sola advertencia: “vas a terminar como Luciano Arruga”.

Es innumerable la cantidad de episodios de persecución y amenaza directa que sufrimos de parte de policías, que no tuvieron ningún reparo en dejar en evidencia que fueron ellos los que mataron a Luciano; se creen impunes.

Testigos afirman haber visto a Luciano en el Destacamento y hay móviles policiales que la noche del 31 de enero de 2009 se salieron de su jurisdicción para detenerse durante dos horas en el Monte Dorrego, un descampado de la zona. De los 17 móviles de las comisarías de Lomas del Mirador, sólo seis emitieron su posicionamiento aquella noche y uno apagó su registro de radio desde las dos a las cuatro de la mañana: Luciano fue asesinado a las tres y media. Los libros de entrada y salida de detenidos del destacamento de Lomas del Mirador fueron adulterados con tachaduras, borraduras e incluso hojas arrancadas.

Por todos los hechos de impunidad sucedidos con Luciano y con otros tantos pibes del barrio, una de las primeras reivindicaciones que sostuvimos fue el cierre definitivo del destacamento de Lomas del Mirador. A los tres años lo conseguimos, pero tuvimos que pasar otros tres años más para lograr la cesión definitiva del lugar a familiares y amigos de Luciano. A pocos días de la aparición del cuerpo, el senado de la Provincia otorgó la media sanción que faltaba para convertir en ley nuestra consigna: tenemos Espacio para la Memoria Luciano Arruga independiente del Estado y del gobierno.

Cuando comenzó la investigación, la primera medida que tomó la fiscal fue entregar la causa a la policía que asesinó a Luciano. Por su manifiesta complicidad, Roxana Castelli está acusada en un jury de enjuiciamiento que presentamos los familiares y amigos. También están acusados la segunda fiscal, Celia Cejas, y el primer juez, Gustavo Banco, por hacer escuchas telefónicas secretas a toda la familia durante un año y medio. En el marco del encubrimiento judicial, se instalaron en nuestras casas, intervinieron nuestros teléfonos y quisieron disuadirnos de sostener nuestra denuncia. Buscaban hacernos creer que se trataba de un asunto de drogas, que se había ido con su padre o con una novia, que ya iba a volver. Pero fue la policía y nosotros vamos a ir hasta el final.

Pudimos ver cómo, antes de pericias fundamentales, que por llegar tarde no arrojaron resultados contundentes, blanqueaban con lavandina las paredes del destacamento e incluso cambiaban el tapizado de los móviles. Pudimos ver cómo se prendía fuego la comisaría 8º por un supuesto “motín” en el que murieron cinco presos por estar hacinados más de quince en una celda para nueve.

En esos primeros meses fue estremecedor el silencio y el ninguneo oficial. La presidenta Cristina Fernández y el gobierno nacional, a pesar de su hipócrita discurso sobre los derechos humanos, jamás mencionó a Luciano Arruga ni a la violencia estatal como sistemática. Se sostiene en la cúpula del poder a personajes implicados en causas por violaciones a los derechos humanos, algunas de lesa humanidad, como Milani y Berni. Berni, además, en acuerdo con el SMATA, fue el encargado directo de la represión a los “indomables” trabajadores de la fábrica Lear, que sostienen hasta hoy una lucha histórica e inclaudicable por la reincorporación de todos y por el fin de las patotas y la persecución sindical; los despedidos ya fueron reinstalados por la Justicia y la empresa hoy se niega a acatar el fallo: ¡Exigimos su cumplimiento inmediato! No quedan excluidas de lo peor del sistema político que protege genocidas, mafiosos y asesinos, las miles de mujeres desaparecidas a lo largo y ancho del país víctimas de la trata de personas organizada por policías, funcionarios judiciales y políticos.

La represión está diseminada en todas las provincias y es ejecutada tanto por policías provinciales como por fuerzas nacionales, como la Federal, la Prefectura o la Gendarmería, con presencia estratégica en barrios pobres. Todos los funcionarios con los que nos reunimos en estos años de lucha hicieron promesas que jamás cumplieron y nos dijeron mentiras para no volver a recibirnos más. Cada uno de ellos fue mencionado y denunciado públicamente por nosotros con nombre y apellido.

A los seis meses, la familia Arruga se dirigió a la Casa de la Provincia por un llamado de parte del equipo de Daniel Scioli, uno de los máximos responsables de la desaparición de Luciano: nos iban a recibir. Una vez allá, se nos informó que el gobernador no tenía agenda. En su lugar, fuimos recibidos por Ricardo Casal y Carlos Stornelli, en ese entonces, Ministros de Seguridad y Justicia de la provincia: ambos se rieron en nuestras caras. Casal nos dijo que cualquier policía corrupto era separado de la fuerza de inmediato y que lo de Luciano era mentira. Representantes de asuntos internos calificaron la adulteración de libros y la venta de alcohol y sustancias de la policía a los detenidos como “errores frecuentes”. Luego, esos mismos funcionarios a los que nosotros escrachábamos públicamente salieron demagógicamente en medios de comunicación a afirmar que nos acompañaban y estaban al tanto de los avances de la causa.

Ricardo Casal es el mismo impresentable que luego de la aparición de Luciano tuvo la inmunda y repudiable caradurez de afirmar en medios de comunicación que, finalmente, “su muerte fue un caso hospitalario”. Lo mismo hizo Jorge Telerman, vocero del gobierno de la Provincia, cuando emitió un comunicado en el que expresaba: “lamentamos los hechos ocurridos con Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mintiendo e intentando asquerosa, cínica e inútilmente lavarle las manos a un gobernador que ya se manchó con sangre y a una policía que es una mafia organizada por el poder político.

No podemos omitir que el gobernador que se negó a hacer declaraciones sobre su ineludible responsabilidad política en esta causa es uno de los candidatos más sólidos del kirchnerismo para acceder a la presidencia. Vivimos en una provincia en la que no funcionan los hospitales, no hay centros culturales, la educación está en quiebra y a los trabajadores no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas pero se defiende la mano dura, se encubre a la Bonaerense y se invierten millones en políticas represivas que van en contra de los sectores más castigados. La decisión de Scioli de militarizar todos los barrios está de manifiesto cuando, mancomunado con el intendente Espinoza, invierte parte de su presupuesto en la creación de una escuela de policía en la Universidad pública de La Matanza. Este hecho viene siendo denunciado hace años por las organizaciones de izquierda y de derechos humanos de la zona. El aumento del presupuesto en supuestas políticas de seguridad que incrementan los niveles de represión en los barrios y alimentan al crimen organizado es de 1096%. Una de las “inversiones” con más repercusión fue la salida a la calle de 10 mil nuevos policías y la preparación, para 2015, según informes oficiales, de otros 15 mil.

Los medios masivos no se quedan atrás en el encubrimiento manifiesto de los crímenes de Estado. Mientras las playas pintadas de naranja siguen siendo noticia nacional, los asesinatos y desapariciones a manos de las Fuerzas de Seguridad parecen no importar una vez que se termina la posibilidad de lucrar con la muerte de jóvenes como Luciano. Los casos se presentan como aislados, inéditos y sin responsabilidades intelectuales, y esa parcialidad perversa responde directamente a las necesidades de un gobierno que debe sostener e incrementar sus políticas represivas a costa de mentiras, silencio y terror. Es clarísima la diferencia que encontramos con los medios comunitarios, alternativos y populares, que nos acompañaron desde el comienzo de esta lucha y pusieron a disposición todos sus espacios para familiares, amigos y organizaciones.

A cinco años y ocho meses de lucha inclaudicable, de marchas, escraches, acampes, festivales y de búsqueda desesperada, encontramos a Luciano. En abril de 2014 tomamos la decisión de presentar un nuevo hábeas corpus exigiendo la aparición con vida. Fue rechazado en primera y segunda instancia, pero gracias a nuestras apelaciones llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py y la sala IV le dio curso. El juez Juan Pablo Salas, entonces, reabrió los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009 y se utilizaron las huellas de Luciano registradas por una detención anterior. Con esa información, se encontró un NN enterrado en el cementerio de la Chacarita cuyas huellas coincidían.

El hallazgo del cuerpo de Luciano puso de manifiesto un entramado de encubrimiento de todas las instituciones del Estado, que garantizaron mantenerlo desaparecido durante casi seis años. Nos encontramos con que se explicaba su muerte a partir de un simple accidente de tránsito. Sin embargo, todo lo investigado a partir de la aparición involucra directamente a la policía bonaerense en el asesinato de Luciano.

La causa que habla de accidente informa que Luciano se encontraba a las tres y media de la mañana del 31 de enero de 2009 cruzando General Paz por la vía rápida y no peatonal cuando fue embestido por un auto. Para acceder a ese lugar hay que subir un terraplén empinado y saltar la baranda del puente. El expediente por el supuesto accidente ahora forma parte de la causa que sigue teniendo vigencia, caratulada como “Desaparición forzada de persona”.

El joven que lo atropelló fue nuevamente llamado a declarar y su testimonio es contundente: Luciano corría desesperado, parecía que escapaba de alguien. Declaró, además, un motoquero que se detuvo en aquel momento a ayudar a desviar el tránsito; señaló que en la colectora de la General Paz, lado provincia, había un patrullero de la Bonaerense detenido y con las luces apagadas. También pudo acreditarse que la ropa que Luciano llevaba puesta no era suya y en el curso de esa vergonzosa investigación se perdieron evidencias fundamentales para determinar cómo llegó ahí, como sus prendas y zapatillas. Luego de la intervención en el lugar de la Policía Federal, Luciano fue traslado por el SAME al hospital Santojanni, donde fue operado y murió a las ocho de la mañana. Mientras estaba ahí, Vanesa Orieta y Mónica Alegre fueron a buscarlo dos veces: les dijeron que ningún NN coincidía con la descripción que ellas aportaban y que no podían pasar a identificar a nadie.

Es creciente e indetenible la organización independiente de las familias contra la represión y el gatillo fácil: el caso de Franco Casco en Rosario, a pocos días de la aparición de Luciano, reveló que la lucha en la calle es el único motor para hacer justicia. Cristian Farías fue asesinado en noviembre por la policía de Santiago del Estero y la causa también habla de un accidente. En estos últimos años, el gobierno ratificó su decisión política de sostener y acrecentar esta represión con designaciones como la de Alejandro Granados en el ministerio de Seguridad de la Provincia. La organización de las familias contra los atropellos del Estado no es exclusiva de nuestro país, en México se levantaron cientos de miles contra la impunidad por las 43 desapariciones de los normalistas.

Las desapariciones forzadas se completan con la complicidad de morgues, hospitales y cementerios. El caso de la inundación en La Plata en abril de 2013 demuestra las irregularidades deliberadas que encubren tanto la cantidad de víctimas de estas masacres como facilitan el entierro de cuerpos que no se sabe de quiénes son. Estas prácticas remiten a las desapariciones forzadas de la última dictadura, en las que uno de los destinos de los jóvenes militantes eran las fosas comunes.

Nuestra denuncia no cambió. Por el contrario, se amplificó. Nunca diremos que hay una cadena de errores o negligencia: es encubrimiento manifiesto y cómplice de todas las instituciones del Estado para garantizar que en democracia haya desaparecidos. Luciano Arruga fue asesinado por la policía bonaerense y fue desaparecido por el Estado argentino.

La teoría del accidente para encubrir la violencia estatal tampoco es una novedad: más de doscientas causas de gatillo fácil se intentaron dejar impunes con esa estrategia. El caso de Ezequiel Demonty revela esta práctica: policías lo obligaron a tirarse al Río de la Plata y luego quisieron hacerle creer a su familia que él lo hizo porque quiso. La policía obligó a Luciano a subir a General Paz y él corría desesperado.

El caso Arruga se ha convertido en un emblema de lucha contra la represión policial, que se repite a lo largo y ancho de todo el país. No es nuestra intención presentar su desaparición como un caso único o aislado: desde el comienzo de nuestra lucha resaltamos que ya son más de 4300 los pibes asesinados en democracia por fuerzas de seguridad; más de la mitad, durante la década kirchnerista y hay 216 desaparecidos en democracia.

Nuestra lucha continuará vigente mientras sigan existiendo otros Lucianos, porque demostramos que es la única forma posible de hacer Justicia. Sólo organizados en las calles pudimos hacer historia y encontrarlo. Nos comprometimos desde el primer momento a sostener una independencia total del Estado y sus gobiernos y sostenemos esa premisa más firmes que nunca. La sangre de nuestros pibes no se negocia.

A LUCIANO LO MATÓ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

EXIGIMOS:

– JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES.

– BASTA DE DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

– BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN INSTITUCIONAL

– BASTA DE REPRIMIR, CRIMINALIZAR Y JUDICIALIZAR LA PROTESTA SOCIAL. ABSOLUCIÓN DE LOS MÁS DE 7000 PROCESADOS POR LUCHAR.

– FUERA LA ESCUELA DE POLICÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA MATANZA

– ABSOLUCIÓN A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS

– NO A LA LEY ANTITERRORISTA Y EL PROYECTO X- FUERA BERNI. FUERA MILANI

– FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS

– LUCIANO ARRUGA PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE.

Adhesiones de personalidades y organizaciones a: adhesionesporluciano@gmail.com

Convocan y adhieren:

Familiares y amigos de Luciano Arruga – HIJOS Zona Oeste – HIJOS La Plata – SUTEBA La Matanza – CORREPI – Partido Obrero – PTS – Frente Popular Darío Santillán – MIR – La Poderosa – Libres del Sur – Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional – Patria Grande – Agrupación Hombre Nuevo – MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) Nueva Izquierda – Sembrando Rebeldías – Movimiento Popular La Dignidad – Barrios de Pie – Movimiento SUR – Jóvenes de Pie – Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) – Red Zapatista de Liberación (RZL)

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