Familiares de Sergio Ávalos irán al Congreso de la Nación

Justicia, SECCIONES
Foto archivo: Emiliano Ortiz.
Foto archivo: Emiliano Ortiz.

El próximo martes 21 de octubre familiares de Sergio Daniel Ávalos, el joven de 18 años que fue desaparecido hace 11 años del boliche bailable conocido como Las palmas (hoy llamado El Fuerte), irán al Congreso de la Nación con el objetivo de reclamar ante los legisladores sobre el estado de la causa.

Si de incompetencias se trata…

El 21 de febrero de este año el juez de Garantías Marcelo Muñoz, hizo lugar al pedido del abogado querellante Luis Virgilio Sánchez para que se califique la causa ya no como “averiguación de paradero” sino como “desaparición forzada”.

De esta forma, el juez declaró la incompetencia de la justicia provincial y remitió el legajo al juzgado federal de Neuquén.

La respuesta federal llegó cuatro meses después, el 19 de junio. El juez federal Villanueva es declarado incompetente por la Cámara Federal de Fiske Menuco para investigar la desaparición del joven.

Al ser un conflicto interjurisdiccional de dos fueron que se autoexcluyen, debe resolverlo la Corte Suprema. Mientras se espera dicha resolución, la familia Ávalos continúa con la investigación, envueltos en un proceso desgastante de encubrimiento institucional que no permite esclarecer qué paso con Sergio.

Irregularidades en el expediente

En una entrevista realizada por La Retaguardia a Luis Virgilio Sánchez, abogado de la familia Aválos desde el 2013, se dan a conocer graves irregularidades de la causa. En relación al expediente, el abogado explica: “ El boliche tenía cuarenta cámaras de seguridad que dejaron de funcionar quince minutos antes de que ingresara Sergio al local, algo muy extraño que no sé por qué no investigó en aquel momento el Ministerio Público. Por otra parte hubo testimonios de chicos que sufrieron apremios ilegales de parte de la seguridad del boliche”.

En ese momento la seguridad de Las Palmas estaba a cargo de siete personas, la mitad era personal retirado del Ejército y los otros eran policías haciendo adicionales, que además trabajaban en forma coordinada con los efectivos que estaban en actividad normal, porque esa noche se hicieron detenciones.

“Hay testigos que vieron cómo golpeaban salvajemente a una persona con las características de Sergio en el baño. Esos testimonios se recabaron, pero cuando le tomaron declaración al personal de seguridad del boliche hablaron como si hubiera sido un día tranquilo. Uno sabe que cuando hay contradicciones entre los testimonios se debe someter a un careo, pero no se hizo absolutamente nada”.

En relación al cambio de la carátula, el abogado explica que fue posible ya que en el 2011 el código penal incorporó la figura de desaparición forzada de persona. Y expresa: “Aunque parezca increíble nosotros tenemos una historia de un país con 30.000 desaparecidos pero esta figura penal no existía hasta 2011. Lo que sí existía era la convención de desaparición forzada de personas que fue firmada por nuestro país en el año 1994, existen precedentes jurisprudenciales, y además tenemos el artículo 75 inciso 22 de la Constitución que incorpora como ley nuestra los tratados internacionales. De todos modos, Ávalos desapareció en 2003 y este tratado se firmó en 1994 por lo que yo creo que se podría haber hecho un planteo o lo podría haber planteado el Ministerio en ese momento”.

Los datos del abogado Virgilio Sánchez si bien no sorprenden por ser parte de un plan sistemático de violencia estatal que no terminó con el retorno de la democracia, sino que por el contrario sólo ha encontrado otras ropajes para actuar con mayor impunidad, inundan de preguntas que encuentran una única respuesta objetiva: Más allá de las responsabilidades materiales, el estado es cómplice y responsable de que luego de 11 años no sepamos dónde esta Sergio.

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