Escuelita III: Ceprodh solicitó condenar a los represores por genocidio

Juicios
Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal. Foto 8300web (Cecilia Maletti).
Abogadas querellantes del Ceprodh: Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal. Foto 8300web (Cecilia Maletti).

Pidió para los cinco imputados penas de prisión perpetua. En tanto la secretaría de Derechos Humanos requirió condenas de 18 a 12 años.

La querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) solicitó que los cinco imputados en el tercer juicio contra represores en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén fuesen condenados a prisión perpetua por el delito de genocidio, cometido en perjuicio de las 55 víctimas.

Los acusados son el exteniente coronel de Inteligencia Jorge Di Pasquale, de 66 años; el exjefe de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 182 Mario Alberto Gómez Arenas, de 82 años; el exjefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, Luis Alberto Farías Barrera, de 83 años; el exjefe de la Sección Sanidad de Unidad Militar, Hilarión de la Paz Sosa, de 82 años, y el exsegundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, de 76 años.

Las abogadas Natalia Hormazabal e Ivana Dal Bianco se explayaron en la conceptualización del genocidio, y su implicancia tanto en el proceso histórico como en su alcance jurídico.

“El genocidio en Argentina fue impulsado por el gran empresariado nacional, sectores de la iglesia y el imperialismo. El mayor objetivo de ese genocidio, fue sin dudas, imponer un plan económico, que significara un aumento de la explotación de la clase obrera, y que aumentara la ligazón con el imperialismo”, aseguró Hormazabal.

Planteó: “Esta querella no acuerda en decir que en este país tuvo lugar una serie de delitos de lesa humanidad en su sentido específico, ya que ello implica decir que hubo ataques sistemáticos contra la población civil en forma indeterminada, implica decir que unos cuantos salieron a la calle a matar y torturar gente sin importar quienes eran; y eso es faltar a la verdad, es analizar los hechos en una forma completamente distinta a la que tuvieron lugar en la realidad argentina y por supuesto, en la región.”

Y agregó que el delito de genocidio está tipificado en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y que desde 1956 es reconocido en el derecho argentino interno. “Por ley 14467 se ratificó el mismo y actualmente es parte del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, dijo la abogada.

Marcelo Medrano, abogado querellante de la secretaría de Derechos Humanos. Foto gentileza Matías Subat.
Marcelo Medrano, abogado querellante de la secretaría de Derechos Humanos. Foto gentileza Matías Subat.

En tanto, Dal Bianco señaló: “todos los que participaron del plan genocida ya sea como autores directos o mediatos, resultan ser coautores ya que hay un verdadero plan criminal común y una división del trabajo criminal.”

Detalló el circuito represivo, y destacó el rol del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”: “la cercanía del lugar en que funcionó el centro clandestino del Batallón pudimos vivenciarla con la inspección ocular realizada, nadie que pasará por el Batallón entre junio del 76 y fines del 78 puede válidadmente decir que desconocía lo que pasaba allí adentro.”

En tanto el abogado querellante por la secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Medrano, solicitó 18 años de prisión para Gómez Arenas y Farías Barrera; 16 años para Di Pasquale, 13 años para De la Pas Sosa, y 12 años para Soza.

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