Causa Cooperativa Obrera: el TSJ dispuso la libertad de los tres procesados

Justicia
Foto archivo 8300web (Emiliano Ortiz)
Foto archivo 8300web (Emiliano Ortiz)

La sala penal del máximo tribunal provincial hizo lugar a los planteos de las defensas y revocó las prisiones preventivas de Néstor Guerrero, propietario del inmueble, del arquitecto Alberto Diez y el albañil José Silva.

La sala penal del Tribunal Superior de Justicia -integrada por Guillermo Labate, Graciela Martínez de Corvalan y Oscar Massei- dispuso hoy por mayoría liberar a los tres imputados en la causa por el derrumbe ocurrido en el supermercado Cooperativa Obrera el 25 de octubre pasado, en el que murieron siete personas. Ratificaron por unanimidad los procesamientos y la calificación legal dictada por la Cámara de Apelaciones.

Néstor Guerrero, el propietario del inmueble, y el arquitecto Diez, están imputados por el delito de estrago doloso en calidad de autores, mientras que el capataz Silva, en carácter de partícipe necesario.

Corvalán y Massei hicieron lugar a los planteos formulados por las defensas, mientras que Labate acordó con la posición adoptada por la Cámara.

“No admite discusión en contrario el impacto que ha generado en nuestra provincia -incluso a nivel nacional- el derrumbamiento de la construcción del modo en que ocurrió, con el consabido número de víctimas y heridos”, sostuvo Corvalán. Y agregó: “Pero la forma en que se lo ha mencionado en el decisorio y desprovisto de las reales condiciones particulares de los imputados no resulta una pauta válida de presunción de fuga o de entorpecimiento de la investigación.”

Sobre Silva aseguró que el informe socio-ambiental indica que está radicado en Neuquén desde 1984, al igual que su familia, y que la situación de extranjero no puede incidir de modo negativo para otorgarle la libertad provisional.

En cuanto a Guerrero expresó: “A las positivas condiciones personales que surgen de autos y que se expusieron en la audiencia (cincuenta y dos años de residencia en la misma provincia y en el mismo domicilio, carencia de causas en trámite y ausencia de antecedentes penales) se le suma que se puso a derecho desde un primer momento y mantuvo esa tesitura en todo el trámite de la causa mientras estuvo en libertad.”

Respecto de Diez manifestó que le caben “las mismas apreciaciones positivas verificadas respecto de los otros coimputados: carencia de antecedentes criminales o causas en trámite, arraigo suficiente, trabajo estable y conocido, a lo que se le suma también una particular situación familiar que aquí cabe observar, en cuanto a que se trata del único sostén del hogar, compuesto por su esposa y ocho hijos”.

Massei adhirió a los fundamentos de su colega y atacó los vertidos por el jefe de fiscales, José Gérez, durante la audiencia ampliatoria de argumentos. Afirmó que: “la persecución penal debe garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, pero esa imposición no lleva implícito que el Estado utilice de manera injustificada sus instrumentos más violentos para dársela.”

Se refirió también a las expresiones del fiscal, en cuanto a que, ratificar la decisión de la Cámara implicaría “mantener la paz social y la confianza en la Justicia”.

Dijo Massei: “Será cuestión de entender –y de poder explicar a la ciudadanía- que en este tipo de decisiones, de lo que se trata en definitiva, es de aplicar la Constitución Nacional y los Pactos de DD.HH. Mostrar, simplemente, que –como ya hace tiempo advirtiera Alejandro Carrió-, ‘cuando un juez debe aplicar una garantía constitucional, lo hace a sabiendas de que existe el riesgo de que su decisión sea impopular…’ y que a pesar de ello, igualmente debe hacerlo con toda convicción, pues ‘cuando un juez libera a un sospechoso por aplicación de una garantía constitucional, es la Constitución la que lo deja libre…’”

Repercusiones

Ni bien finalizó la lectura de la resolución del TSJ, María del Carmen Mella, integrante del Programa de Lucha contra la Impunidad, increpó a los jueces y jueza. Les preguntó porqué al policía Claudio Salas, autor del disparo que acabó con la vida del adolescente Braian Hernández en un caso de gatillo fácil, le habían dictado la prisión preventiva y en este caso no lo hicieron. Cabe aclarar que fue la Cámara de Apelaciones la que revertió la situación procesal de Salas, y no el TSJ.

El abogado querellante, Gustavo Lucero, también mostró su disconformidad. Explicó que trabajará para que “no se dilate lo que vendría a ser la etapa de instrucción, tratar de solicitar que se agilice la producción de la pericia a los fines de verificar la confirmación del informe preliminar de Bomberos, y en lo inmediato solicitar la elevación de la causa a juicio”.

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