La Cámara Criminal hizo lugar al habeas corpus de Vitale y Telleriarte por la U11

Derechos de la humanidad
Juez Mario Rodríguez Gómez
El juez Mario Rodríguez Gómez. Foto archivo 8300

La Cámara Criminal admitió el recurso de habeas corpus presentado por los defensores oficiales Gustavo Vitale y Pedro Telleriarte por la situación de los internos de la U11. El tribunal prohibió las requisas en las partes pudendas de los detenidos. Y ordenó que en 180 días, la jefatura de la unidad deberá confeccionar un protocolo de actuación ante situaciones de violencia dentro de la cárcel. Especialmente en los pabellones.

La medida conocida esta mañana, lleva la firma de los jueces Mario Rodríguez Gómez, Florencia Martini, Andrés Repetto, Héctor Dedominichi y María Gagliano. El recurso de habeas corpus, había sido presentado la semana anterior por los defensores oficiales Gustavo Vitale y Pedro Telleriarte, ante el crimen del interno Cristian Ibazeta, el 24 de mayo pasado.

Mediante ese recurso, los defensores reclamaban el dictado de la emergencia carcelaria y que se adoptaran medidas urgentes para garantizar la seguridad personal de los internos allí alojados.

Teniendo en cuenta que el problema afectaba a detenidos a disposición de las Cámaras I y II, se resolvió componer el tribunal de Hábeas Corpus con los cuatro integrantes de esos cuerpos y un quinto vocal para garantizar mayoría (fue Gagliano).

Con esta composición, el cuerpo resolvió una serie de medidas, entre las que figura el alojamiento por separado de condenados y procesados; la implementación de una sala de visitas sin contacto; prohibir las requisas en las partes pudendas a las visitas; la realización de actas del personal afectado a las requisas en los pabellones; la reparación del sistema de video en 180 días.

Dispuso además la confección de un “protocolo de actuación ante situaciones de violencia dentro de la Unidad de Detención y especialmente en los pabellones, conforme el cual se garantice una respuesta inmediata que asegure la integridad física de los internos allí alojados y del personal penitenciario”.

Por otra parte, la Cámara recomendó al Poder Ejecutivo la implementación de cárceles abiertas “para aquellos internos que se encuentran en la fase de progresividad previo a su incorporación al medio libre”.

En ese mismo sentido, recomendó al Poder Legislativo el tratamiento (sanción, dice) de una ley integral del Servicio Penitenciario Provincial, “con la activa participación de personal civil en su dirección y administración, y la creación de la figura del Procurador Penitenciario u Ombudsman de los privados de libertad, para el aseguramiento de los derechos fundamentales de los presos”.

El 24 de mayo pasado, el interno Cristian Ibazeta fue asesinado dentro de un celda en la U11. Tenía 23 lesiones entre cortes y puntazos. Había sido testigo de una causa contra 27 policías por apremios dentro de la unidad carcelaria y había hecho 7 denuncias por agresiones de sus guardias. Pese a eso, seguía en la unidad esperando que se cumpliera el plazo de 30 días que le faltaba para recuperar la libertad.

Desde el Ejecutivo se difundió la versión de que la muerte había sido producto de una riña entre internos. La ong Zainuco denunció un crimen a mano de sus cuidadores. Tenían un argumento categórico: sólo la policía tenía ingreso a la celda al momento del ataque el lunes a la noche.

Gladys Rodríguez, en declaraciones al Servicio Informativo de Radio Universidad Calf, dijo que la versión oficial es que se trató de un problema entre presos y que “la policía nunca tiene la culpa de nada y no solo ellos son responsables sino también el poder judicial y el gobierno provincial”.

En este contexto, el vendaval de medidas también llegó al Ejecutivo: le pidió al gobierno de Jorge Sapag que “arbitre los mecanismos que garanticen a las distintas ONGs, y actores de la vida civil vinculados a la protección de Derechos Humanos, y representantes de los distintos cultos reconocidos, tomar contacto con los privados de libertad en el interior de las Unidades de Detención, ajustándose a las reglamentaciones respectivas”.

En otro términos más amigables, le “sugirió” al poder Judicial que “evalúe la posibilidad” de solicitar a la Legislatura la modificación del art. 8 de la ley 2475 “para la pronta creación e implementación de dos juzgados de ejecución penal en la ciudad de Neuquén y otro en la ciudad de Zapala, a fin de garantizar la especialidad y dedicación que la materia requiere, facilitando así la transición e implementación progresiva del nuevo código procesal penal”.

A continuación se puede descargar la resolución de la Cámara y el habeas corpus presentado por los defensores Gustavo Vitale y Pedro Telleriarte:

Resolución de la Cámara

Habeas corpus

 

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