El gobierno de Sapag intenta evitar el referendum antiminero en Loncopué

Movimientos sociales, Política

A pocas horas del referendum popular previsto para este domingo en Loncopué, el gobierno de Jorge Sapag volvió a la carga para evitar que se dicte una ordenanza que prohíba la minería a cielo abierto en las 8 mil hectáreas del ejido urbano. Una presentación de Cormine busca suspender la convocatoria. El Tribunal de Justicia debe decidirlo en las próximas horas. La gestión provincial lleva un año imponiendo trabas judiciales en este asunto.

“Hasta el momento el referendum se hace porque la municipalidad no está notificada de ningúna suspensión, pero hay una presentación del doctor Martín Irigoyen presidente de Cormine, que ha solicitado al TSJ que se suspenda”, aseguró el abogado Cristian Hendrickse, integrante de la “Mesa del Sï” en Loncopué.

La embestida de Irigoyen demuestra la decisión del gobierno de Jorge Sapag de avanzar a toda costa contra la voluntad de los y las vecinas de Loncopué, que -un detalle importante- aún no se han expresado, aunque hace un año que pretende hacerlo.

En declaraciones al servicio informativo de radio Universidad-Calf, Hendrickse contó que la comuna de Loncopué contestó la demanda, y que la comunidad se presentó a través del cura párroco de la localidad, para ser tenidos como parte porque -dijo- “la decisión afecta su derecho a decidir en un referendum municipal que está garantizado en su Constitución”.

 

El pueblo que opinar

En una apertada síntesis, el abogado reseñó este año de labor a favor de la libre decisión de los y las vecinas. “El domingo se llega a un referendum por un proceso de iniciativa popular, prevista en la ley 53 de la provincia de Neuquén. Un grupo de ciudadanos impulsó la iniciativa en la que proponían una ordenanza ambiental para prohibir una técnica minera que es la metalífera a cielo abierto, la acumulación y transporte de explosivos, y el tendido de mineraloductos. Esto se presentó en el juzgado de Paz por el mínimo de electores que exige la ley. Luego se expuso por 30 días y se superaron las firmas exigidas”.

“Esto -agregó- llegó al Deliberante, lo trató y lo rechazó. El mecanismo obliga en ese caso a hacer un referendum. El año pasado se intentó hacer en simultáneo con las elecciones nacionales de octubre, pero la Junta Electoral dijo que no se habían cumplido todos los recaudos porque faltaba el padrón de extranjeros. El nuevo gobierno comunal vino a subsanar esos problemas, y el Deliberante nuevo, sancionó la ordenanza convocando a referendum, se refrendó por la jefa comunal y se instrumentó esta herramienta”.

“Hay dos requisitos que pide la ley: que vote más de la mitad del padrón. Y si eso ocurre, la mayoría simple de votantes (la mitad mas uno) alcanza para sancionar la ordenanza. Si no se cumplen estas condiciones, no se aprobaría”.

 

Otro palo en la rueda

La historia vuelve a interrumpirse hace dos semanas: “Con fecha 16 de mayo (el titular de Cormine) Irigoyen se presenta ante el TSJ pidiendo que se suspenda el referendum invocando tener minas cerca del municipio que no serán afectadas si se aprobara el referendum”.

La comuna respondió que se está pidiendo la nulidad de una ordenanza que aún no ha sido aprobada. “Hay una antecedente similar en el caso Radonich. En aquella oportunidad el Tribunal Superior de Justicia falló a favor del control de la norma una vez que son sancionadas, sino el poder Judicial estaría interfiriendo en el desempeño de otros poderes”.

Ahora, el TSJ debería resolverlo antes del viernes.

EL abogado contó que la comunidad Mellao Morales se sigue resistiendo a la explotación del proyecto minero chino en su territorio. Pero el gobierno de Sapag tampoco detuvo su embate para hacerlo. “El trámite administrativo está suspendido desde 2009 por indicación del Tribunal SUperior de Justicia, porque no se había cumplido con la consulta previa, libre e informada que existe el acuerdo 169 de la OIT”.

Explicó que ante esa situación “Cormine fotocopió las 400 páginas del expediente y se la llevó a la comunidad para que se expidira en 20 días. Y le pidió a la jueza Paula Stanislavsky que levantara la cautelar. La jueza rechazó el pedido. Llegó a la cámara Tercera que decidió habilitar la audiencia pero continuar con la suspensión del trámite administrativo. Es decir que Cormine trata de seguir adelante con este proyecto que es resistido por los Mellao Morales y la comunidad. Pero ese emprendimiento está fuera del éjido municipal y de aprobarse la ordenanza no se afectaría el derecho sobre ese tema”.

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