La ley de medios entre la justicia y los reclamos de organizaciones comunitarias

Movimientos sociales

El 9 de octubre se cumplieron dos años de la sanción de la ley de medios audiovisuales, la 26522. Su vigencia generó -desde el inicio- una fuerte embestida legal de parte de los medios concentrados, que dejaron (aun mas) al descubierto su rol de actores del sistema político, y no de simples mediadores independientes. Pero más allá de esas trabas, la norma sufre cuestionamientos de organizaciones sociales y comunitarias que denuncian que no están dadas las condiciones para apropiarse del tercio del espectro radioeléctrico que la ley les reservó.

En medio de los tironeos de un lado y de otro, la 26522 avanza lentamente. “Este será un proceso gradual -dice Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual- porque lo que busca es una transformación cultural, que no se logra de un día para otro”. Y señala un hecho que sirve para reflexionar: “Esta ley no cambia la realidad, permite hacerlo”.

Conscientes de esta situación, los grandes medios concentrados emprendieron una batalla judicial contra la norma. Tal vez el éxito más resonante logrado por estos grupos fue el que se logró en el juzgado del juez Edmundo Carbone, que puso en el freezer el artículo 161 de la ley. Se trata de una cláusula transitoria, que obliga a los grandes medios concentrados a deshacerse de los medios y señales que exceden las limitaciones que impone la nueva ley. En el artículo original, la ley impuso un plazo de un año para desinvertir. Carbone ahora podrá tomarse hasta tres años para decidir qué hacer.

El otro gran logro de los medios es el que se obtuvo en el mismo juzgado de Carbone, quien suspendió la adjudicación de licencias de TV por cable a las cooperativas porque consideró que gozan de beneficios impositivos diferenciales a las entidades con fines de lucro.

Pero en el otro extremo del dial, también hay reclamos, aunque sin jueces amigos que los avalen. Por ejemplo la sanción de las resoluciones 685 y 686 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que llaman a concurso para la adjudicación 220 de licencias en televisión digital terrestre en todo el país. Para acceder a esos pliegos, deben pagarse entre 40 y 140 mil pesos. Es decir: sólo al alcance de los grandes grupos económicos. O por decirlo de otro modo: lejísimos del alcance de los medios sociales y comunitarios.

“Estas resoluciones, no son una buena inauguración para la apertura del juego de licencias en televisión digital”, dijo el especialista en medios Martín Becerra al noticiero popular de Barricada TV, un canal alternativo de Almagro. Abogó por una “discriminación positiva” a favor de las organizaciones sin fines de lucro, y vaticinó que más tarde o más temprano, habrá que hacer alguna segmentación en el tramo de este tipo de medios.

Las televisoras comunitarias, alternativas y populares también salieron al cruce de estas dos resoluciones. “No somos parte de los propagandizados 16 canales que, según medios oficialistas como CN23 y El Argentino, “democratizarán la pantalla” en la Ciudad de Buenos Aires”, explican las organizaciones que vienen realizando actividades de reclamo. “Le dijimos a Gabriel Mariotto -titular de la AFSCA- que una televisora popular que no persigue el lucro está impedida de pagar los 42 mil a 140 mil pesos que valen los pliegos y que las bases y las condiciones de los concursos no atienden a nuestra especificidad como medios comunitarios. Nosotros nos mantenemos relaciones de patrón empleado. Nos manejamos con militancia y trabajo voluntario. Trabajamos con copyleft y creative commons y nos sustentamos desde hace años”.

También las cooperativas de servicios que pueden prestar servicios por cable, se reunieron el mes pasado preocupadas por las trabas judiciales, pero también por la inacción del AFSCA.

En el medio, los partidos de la llamada “oposición parlamentaria”, se niegan a integrar la Autoridad Federal, en un hecho algo inédito: votaron la ley, pero se niegan a ocupar los espacios de contralor de la norma. La incompleta conformación del máximo órgano de aplicación de la ley, impide la puesta en marcha de algunos institutos como por ejemplo el del defensoría del Público (artículo 19).

En este escenario se cumplen los dos años de la sanción de la ley. Una norma que ya está cambiando la forma de expresarse y comunicarse de la sociedad, pero que aun necesita ajustes y críticas para poder mejorar.

 

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