Dime con quién andas

El actual intendente de General Roca, Carlos Soria, se impuso en las elecciones del domingo como el próximo gobernador de la provincia vecina de Río Negro. Su candidatura de la mano del Frente para la Victoria despertó controversias en diversos sectores.

Por Soledad Arrieta

Cada domingo en el cual se han desarrollado elecciones municipales o provinciales en algún rincón del país y resultaron electas o electos candidatos alineados con el kirchnerismo, el programa 678 instala la temática en su “mesa de debate” de la mano de algún periodista que se especialice en realizar análisis electorales. Sin embargo, este domingo, habiendo resultado triunfante Carlos Soria en la provincia de Río Negro, quien se postuló por el partido oficialista a nivel nacional, el hecho fue omitido. Es que es evidente que a algunas y algunos de los que apoyan el modelo les molestó este triunfo, tal como se encargó de exteriorizar anticipadamente mediante la palabra escrita el periodista Horacio Verbitsky en su columna del diario Página 12 del mismo día. Sin embargo, el ministro del interior festejó el triunfo en el búnker del “avasallador” y el mencionado diario, el día lunes, se encargó de reflejar el “río de votos” obtenido en diversas notas.

El recientemente electo gobernador de Río Negro tiene un pasado tan sombrío como los entornos en los cuales siempre se ha movido.
En abril del ´97, ocupando el cargo de diputado nacional, participó de una reunión secreta junto a los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia y algunos integrantes de la “Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA”, que él presidía. La misma habría versado sobre la desaparición de un video que se hallaba en la caja fuerte del juzgado del ex juez federal Juan José Galeano. Por este suceso el nuevo gobernador rionegrino se encuentra imputado por encubrimiento.

En Abril del ´99, Soria presentó un proyecto de ley que proponía una consulta popular acerca del “endurecimiento de la legislación en materia de seguridad”. En concordancia con esto, en septiembre de ese mismo año y ocupando él el cargo de Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se desata la masacre de Ramallo, originada tras un asalto al Banco Nación seguido de un feroz ataque policial que tuvo como saldo las muertes de Carlos Cháves, Carlos Santillán, y el supuesto líder de la banda, quienes fueron alcanzados por los cuarenta y seis balazos que impactaron en el automóvil en el cual estaban, de los ciento setenta emitidos. Paradójicamente, uno de los delincuentes que fue detenido dentro del banco, Martín René Saldaña, se suicidó en prisión ahorcándose con la tela de su colchón; sin embargo la última pericia informó que se había tratado de un asesinato. El episodio que tuvo como resultado este brutal desenlace, evidenció una conexión policial con sus protagonistas. Esto podría deberse a que en la bóveda del mismo se encontrara la valija de Carlos Menem “Junior”, que contendría documentación comprometedora para el círculo menemista con temas de narcotráfico.

Como jefe de la SIDE, durante el gobierno de Duhalde, tuvo un desempeño impecable coherentemente con los objetivos de este organismo. Tal es así que, tras “investigar” a diversas organizaciones sociales, alcanzó la consecución de un único y claro objetivo que justificaría el accionar del presidente de turno: criminalizar la protesta. Así fue como impulsó la masacre de Avellaneda que terminó con las vidas de Maxi Kosteki y Darío Santillán, suceso en el cual actuaron mancomunadamente la policía federal y bonaerense, gendarmería nacional y prefectura.

Este es el personaje neokirchnerista que a partir de octubre gobernará la provincia de Río Negro. Se cae de maduro que, aunque parezca un juego incomprensible, de haber ganado las elecciones el radical Barbeito, el Frente para la Victoria se consideraría triunfador aunque se tratara de otro partido, ya que el mismo asumió su afinidad con el gobierno nacional, tal como sucedió con el eterno grupo mafioso que gobierna nuestra provincia.

El partido oficialista de nuestro país no se ha hecho cargo de las muertes en represión y las desapariciones acontecidas durante sus dos mandatos, mucho menos se le podría exigir que responsabilizara a sus allegados por las sucedidas en gobiernos anteriores contra los cuales se manifiesta abiertamente desde el discurso. Pese a esto, la bandera de la no criminalización de la protesta flamea en cada uno de sus actos políticos. ¿Cómo se explica esta alineación, entonces? ¿Habría que pensar que el FpV es un sector de principios sólidos e incorruptible, como se adjudica, pero suma adhesiones sin importar su proveniencia con tal de que signifiquen votos a favor en octubre? ¿O que tiene demasiadas cosas en común con Carlos Soria, como surge de las reacciones efectuadas desde el mismo ante los reclamos populares que no adulan el modelo?