Rechazaron la acción de inconstitucionalidad presentada por la comunidad Catalan y la Confederación Mapuce Neuquina

Justicia, SECCIONES
Los miembros del Tribunal escucharon a las y los expositores durante la audiencia pública realizada en febrero pasado
Los miembros del Tribunal durante la audiencia pública realizada en febrero pasado (Foto 8300). La mayoría de las y los expositores acompañaron el pedido de las comunidades.

El máximo tribunal provincial consideró que la decisión de crear el municipio de Villa Pehuenia “no se inscribe en el ámbito de aplicación” del Convenio 169, que prevé la consulta a los pueblos originarios.

Luego de trascurridos nueve meses desde la realización de la audiencia pública en la que en una abrumadora mayoría de los y las expositoras se pronunciaron a favor del planteo de inconstitucionalidad de la ley 2439 de creación del municipio de Villa Pehuenia y del decreto 02/04, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén rechazó la demanda impulsada por la comunidad mapuce Catalan y la Confederación Mapuce Neuquina.

El argumento fundamental que sostenía la acción era que se había incumplido con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente con el artículo sexto que indica la consulta a los pueblos originarios, “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, del Obispado de Neuquén, de la Asamblea de Derechos Humanos de Neuquén y del Instituto de Asuntos Indígenas se presentaron en aquella audiencia, en carácter de “Amicus Curiae”, y abonaron esta posición.

En un fallo unánime los integrantes del Tribunal en esta causa- Guillermo Labate, Oscar Massei, Ricardo Kohon, Alejandro Gavernet y Roberto Rodríguez Bello- señalaron que la acción se situó en el ámbito nacional e internacional “desplazando la discusión a esferas que exceden el marco de la acción intentada.”

Aseguraron que: “el Estado Provincial debe respetar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos mapuches, posibilitar la práctica de la autonomía diferenciada, respetar la identidad, la cultura, sus formas de organización social; asimismo, sus capacidades para determinar sus propios desarrollos. Pero todo ello, sin menoscabo de la propia autonomía provincial y soberanía nacional.”

Respecto al Convenio 169 señalaron que “el deber de consulta no surge frente a toda ley que sea susceptible de afectar a las comunidades indígenas, sino únicamente frente a aquellas que puedan afectarlas directamente.” “Sostener lo contrario equivaldría a afirmar que una parte muy significativa de la legislación debería ser sometida a un proceso específico de consulta previa con las comunidades indígenas, lo cual desborda el alcance del Convenio 169″, agregaron.

“La decisión de crear el municipio de Villa Pehuenia, no se inscribe en el ámbito de aplicación del convenio, porque no está destinada a regular de manera específica la situación de los pueblos indígenas. Responde, en cambio, a la actuación del Estado provincial, en el ámbito de sus competencias, para la regulación de un tema general no directamente orientado a las comunidades”, dijeron los miembros del máximo tribunal siendo que en el territorio habitan las comunidades Puel, Plácido Puel y Catalan.

También desestimaron los perjuicios ocasionados por la imposición de una única forma de representación política, la democrática-liberal: “el sufragio constituye la base de la organización del poder del Estado. Y dicho Estado es único e indivisible, aun cuando converjan en él distintas etnias y culturas.” “En este punto, debe recalcarse que la institución municipal, por definición, supone una mayor participación de los ciudadanos en la gestión pública, al menos con respecto a la Comisión Vecinal existente hasta ese momento”, expresaron en clara adhesión a la tesis manifestada por el abogado de la provincia.

“El municipio será la base para permitir la coexistencia de la diversidad pluricultural; que a partir de ello, segura y gradualmente, se avanzará en mecanismo de integración que permitan la participación indígena, fomente su integración y, al mismo tiempo, respete, sin ingerencias indebidas, ni intervenciones unilaterales, las decisiones de estos pueblos acerca de su cultura, sus organizaciones y en la relación con su propiedad comunitaria“, completaron.

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