Aquí no ha pasado nada

El gobernador Sapag estableció por decreto los límites que deben cumplir funcionarios y funcionarias públicas que adquieran terrenos fiscales. La subsecretaría de Tierras le bajó el pulgar al intendente Mauro Del Castillo.

Ayer por la tarde, luego de que los medios de comunicación divulgaran los detalles de la cesión de dos hectáreas de tierras-valuadas aproximadamente en un millón de dólares y pertenecientes a la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP)- al intendente emepenista de Villa Pehuenia, Mauro Del Castillo, para desarrollar un emprendimiento privado, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag resolvió tomar una serie de medidas, según publicó en su sitio web la subsecretaría de Información Pública de la provincia, vinculadas al tema.

En primer lugar, limitó por decreto la participación de funcionarios y funcionarias públicas a la hora de adquirir tierras fiscales. Introdujo una modificación en el artículo once del decreto 826 de 1964 que quedará redactado de la siguiente manera: “Quienes desempeñen cargos públicos nacionales, provinciales o municipales, ni sus cónyuges, hasta transcurrido un año desde la finalización de su mandato o cargo, no podrán ser beneficiarios de tierras fiscales rurales o urbanas”.

Entre los fundamentos citados por Sapag, aparece, curiosamente la publicidad de los actos de gobierno: “una de las notas características del sistema republicano es el principio de publicidad de los actos de gobierno, en virtud del cual los actos de los funcionarios deben ser comunicados a la opinión pública, de tal modo que los ciudadanos tengan la posibilidad de tomar conocimiento de aquellos, tanto en lo relativo a su gestación, contenido, alcances y concreción”. Cabe aclarar que el texto completo del decreto de “autolimitación” (palabra que no existe en ningún diccionario español) no fue puesto a disposición en el sitio.

“Es deber inexcusable del funcionario público mantener una conducta decorosa, no utilizando las prerrogativas del cargo para la obtención de beneficios personales”, asegura Sapag. “El desempeño de la función pública implica un servicio a los intereses de los administrados y no una oportunidad para servir a los intereses particulares del propio funcionario”, agrega el gobernador. Sin embargo, fueron las y los legisladores oficialistas quienes votaron a favor de la sanción de la ley de caducidad de las causas en el Tribunal de Cuentas.

Esta decisión del mandatario va de la mano con la determinación de la subsecretaría de Tierras de iniciar el trámite de caducidad del derecho otorgado al intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo, sobre los terrenos adjudicados. De acuerdo al comunicado de prensa difundido por la cartera: “Si bien no tenía impedimentos legales, no fue consultada su conveniencia y razonabilidad con el gobernador de la provincia. Además, pierde los derechos por no haber cumplido con las obligaciones de la ley de Tierras”.

El gobernador resolvió renovar la representación en la CIP. Designó en el Consejo de Vigilancia a José Ignacio Gerez en sustitución de Miryam Beatriz Aboje. Dispuso también la realización de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial en las zonas urbana y rural del departamento Aluminé. Mientras dure este proceso se suspenderá la tramitación de proyectos y emprendimientos y la entrega de tierras en ese departamento y en sus zonas de influencia: lagos Moquehue, Aluminé y Ñorquinco. El ministerio de Desarrollo Territorial, que conduce Leandro Bertoya, será la autoridad de control y aplicación del plan.