El despacho aprobado por unanimidad en la Comisión A de la Legislatura era duro. Solicitaba “derogar” y “rescindir”. Las modificaciones aprobadas ayer invitan a “instar al Poder Ejecutivo a que reconsidere el decreto y revea el contrato”.
“Es una tomada de pelo”, sentenció la diputada Libres del Sur Paula Sánchez quien solicitó a los legisladores del oficialismo que se sinceren. “Que digan que se excedieron en lo que autoriza el gobernador, que no saben cómo salir del embrollo de haber osado presentar un proyecto de declaración en contra de lo que firmó el propio Jorge Sapag y por el que nos han tenido dando vuelta más de dos meses”, apuntó.
“Esta marcha atrás es una cachetada a toda la sociedad, a las más de 16 mil firmas que entregamos al gobernador pidiendo el fin del peaje”, señaló.
Sánchez recordó que desde el bloque de Libres del Sur “hemos presentado un proyecto de ley, que quizás sea la alternativa que el gobernador Sapag pedía, y que es dar por finalizada la concesión y que finalmente la Dirección Vialidad Provincial se haga cargo del mantenimiento del corredor de la ruta 7 y se levante definitivamente el peaje. Esperamos que tenga pronto tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

Denuncia penal contra Sapag

El presidente del bloque de concejales de Neuquén, Mariano Mansilla, el referente de  Nuevo Encuentro de Centenario, Luis Virgilio Sánchez, presentaron una denuncia penal contra el gobernador Jorge Sapag. Lo acusan de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público por haber aprobado por decreto la cesión del cobro de peaje sobre la ruta 7.

“Mediante este acto (la firma del decreto 953) contrario a la Ley 2141 de Administración Financiera, Jorge Augusto Sapag autoriza a una nueva empresa  a continuar con la  explotación del peaje hasta el año 2025, permitiendo que Caminos del Comahue se retire sin pagar su deuda con la entidad crediticia provincial y que ceda derechos de explotación que no poseía”, destacaron Mansilla y Sánchez en la denuncia.

El jefe de la bancada de UNE enfatizó que “con su actitud, el Gobernador ha provocado que la nueva empresa reclame por derechos adquiridos ya que a dos meses de haberse hecho cargo, Corredores Viales ya reclama una deuda por  2 millones de pesos al gobierno por supuestas obras que ha realizado”.

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