Tribunales y cuentas

Desde la mirilla

desde-lamirilla1111111Por el tenor de las misiones que se les encomienda, es evidente que hay muchos cargos públicos que debieran estar sometidos a elección directa.

Por Andrea Lopetegui

Pero lo más cerca o remotamente parecido a la “participación” que se ha dado en ese sentido, se inició en abril del 2008, cuando el gobernador Jorge Sapag promulgó el Decreto 590, algo así como un procedimiento para regular la atribución (que le otorga el artículo 239 de la CP) de proponer a la legislatura a quiénes son designados como miembros del TSJ, su fiscal y defensor.

La medida fue referida como “auto limitación de facultades”: una idea “estrenada” por el ex presidente Kirchner que generó buena acogida y expectativas.

No es –ni lejos- que el decreto 590 se haya cumplido ni se cumpla a rajatabla, pero (aunque mantiene sus cerrojos y sus trabas) propuso el marco de una “puerta” inédita: “..el derecho a la progresividad de la transparencia en los mecanismos de selección de funcionarios y magistrados, es un derecho no enumerado que surge del art. 33 de la Constitución Nacional y del artículo 19 de la Constitución Provincial…” dice en uno de los considerandos del Decreto, y también se mencionan Declaraciones, Pactos y Tratados Internacionales.

Oportunidad

Sobre esas mismas bases, y en ese rumbo, Sapag podría aprovechar la “crisis” del Tribunal de Cuentas (que, según se informa, estría en condiciones de renovar a tres de sus cinco vocales).

Es que ese Tribunal neuquino tiene 50 años cargados de un historial de mega “desaciertos” que ameritarían no un capítulo sino una enciclopedia (y/o, algunas causas judiciales).

Pero no hubo error en los constituyentes del 57 al concebirlo; sucedió que “el poder” y los tiempos cambiaron al punto que las herramientas pensadas en aquél entonces llegaron a nuestros días completamente vaciadas (o viciadas).

Una reforma constitucional –para ponernos a resguardo de la “ética” imperante- llevaría mucho tiempo, y es improbable que se pudiera arrancar esa voluntad al gobierno.

Un decreto en cambio –aún devenido en graciosa concesión de “su majestad”- podría, sin contrariar la Constitución, implementar un mecanismo similar al establecido en el Decreto 590, dando lugar a que ciudadanos, ONG´s, colegios y asociaciones consiguieran expresar consideraciones y/o impugnaciones a tener en cuenta al momento de analizar el intachable perfil, capacidad técnica y trayectoria de quienes (con jurisdicción en toda la provincia) serán investidos “con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia. (Tribunal de Cuentas – Competencia, Artículo 258 CP).

Sería, aunque parezca de una ingenuidad descabellada, otra señal declamada de respeto por la “progresividad del derecho a la transparencia”, puesta a prueba especialmente al momento en que el gobernador designe a quienes se supone que (entre otras cosas) deberán controlarlo.

Descargá el decreto 590/08 de autolimitación

Deja un comentario