Crítico análisis sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en Argentina

Derechos de la humanidad, Géneros
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Foto: Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

La organización “Human Rigths Watch” presentó en Buenos Aires un informe que denuncia al estado argentino por no rendir cuentas en materia de salud reproductiva. Además, revela que no se han notado avances en el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas respecto al 2005.

El extenso y detallado estudio se realizó en base a entrevistas, y se trata del segundo llevado adelante por este organismo sobre la misma temática. El primero fue desarrollado durante 2005, año en que “existían múltiples obstáculos que impedían que las mujeres de la Argentina adoptaran decisiones independientes sobre su salud y su vida vinculadas con la reproducción. Estas restricciones incluían información errónea, incompleta o falta de información, violencia doméstica y sexual, y restricciones económicas que el gobierno no abordaba adecuadamente”.

Esta situación lejos de mejorarse parece haberse mantenido, de acuerdo a los datos oficiales que cita el informe. Los derechos de las mujeres siguen siendo denegados y se “ignora sistemáticamente su sufrimiento”.

Sobre las causas de este panorama una de las principales enumeradas es que “la Argentina fue uno de los últimos países de América Latina en abandonar una política demográfica descendente que sometía las decisiones individuales a un interés nacionalista que privilegiaba el crecimiento demográfico”.  Los anticonceptivos estuvieron prohibidos hasta 1985, ” y algunos políticos e incluso proveedores de servicios médicos aún justifican medidas que resultan restrictivas de los derechos humanos de las mujeres invocando una máxima de hace más de cien años que reza ‘poblar es gobernar'”.

El hecho de que el gobierno nacional no rinda las cuentas mínimas relacionadas al cumplimiento o no de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas fue una de las denuncias más graves que enarboló el informe. Sobre esto se detallaron diferentes casos:

  1. El Ministerio de Salud de la Nación no reúne ni brinda “datos exhaustivos sobre temas clave como demandas por prestación ilegal de atención de la salud, denuncias sobre denegación arbitraria de atención o conducta abusiva por parte de personal médico”.  La cartera puede apartar al personal que no cumpla con la normativa vigente. “Sin embargo, los médicos y enfermeros que se niegan a brindar servicios o maltratan a mujeres conservan sus puestos”.
  2. El Ministerio de Salud no rinde cuentas sobre cómo cumple “sus obligaciones en materia de salud reproductiva femenina“, siendo que existe un sistema a nivel nacional de auditoría que dependen del poder ejecutivo y legislativo.  Esto podría haberse hecho, teniendo en cuenta que siete años después de la “implementación del programa nacional de salud sexual, los indicadores sobre salud materna, embarazos no deseados y aborto casi no se han modificado” para bien.
  3. “El Congreso ejerce una función de control del gobierno y puede convocarlo para que informe sobre la implementación de programas y leyes. El gobierno no ha proporcionado información adecuada en los pocos casos en que el Congreso ha solicitado estos informes, y los miembros del Congreso no han controlado el uso de recursos públicos ni exigido transparencia”.
  4. “Hasta el momento, los mecanismos de denuncia individual se han limitado a casos netamente judiciales, que suelen dilatarse en el tiempo, suponen costos muy elevados y tienen un carácter demasiado público para las mujeres y niñas que lo único que desean es tener acceso al tratamiento. Sin embargo, incluso esta estructura más básica de rendición de cuentas —el sistema judicial— también está muy lejos de cumplir su objetivo.”

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