Dos proyectos proponen modificar la ley orgánica de la policía

Derechos de la humanidad, SECCIONES
Foto del sitio neuqueninforma.com
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Fueron presentados por la diputada de Libres del Sur, Paula Sánchez, y por su par del Partido Justicialista, Luis Sagaseta. Apuntan a impedir que la policía demore a las personas para conocer sus antecedentes.

La iniciativa de Sánchez introduce una modificación en el artículo 9 de la ley 2081 referido a las atribuciones de la fuerza. Específicamente al inciso b) que establece: “Demorar a la persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen, cuando se niegue a identificarse, carezca de documentación o la misma no constituya documento identificatorio fehaciente. En todos los casos la orden provendrá de personal superior de la institución y no podrá exceder de dieciocho (18) horas, debiendo asentarse el ingreso en los registros policiales. La demora no podrá prolongarse mas del tiempo indispensable para el cumplimiento del objeto de la medida. El demorado se le hará saber que puede comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación.”

El inciso sería reemplazo por la siguiente redacción: “Privar de la libertad ambulatoria a una persona sólo cuando exista la sospecha razonable, fundada y objetiva sobre la comisión de un delito, o cuando se den las causales tipificadas Código de Procedimiento Penal de Neuquén. Si la persona es trasladada a sede policial, se deberá comunicar de inmediato a la autoridad judicial competente sobre la medida adoptada como así también sobre los motivos de la misma, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 65 de la Constitución Provincial. Debe asentarse el ingreso en los registros policiales. A la persona privada de su libertad, se le brindarán los medios necesarios para que puedan comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle sobre su situación. Queda prohibida la demora o detención de personas y su traslado a sede policial al sólo efecto de su identificación y/o de conocer sus antecedentes.”

“Hay recomendaciones y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le han, de alguna manera, exigido a la Argentina armonizar y adecuar su legislación interna a través de leyes nacionales y leyes provinciales, en relación a esta facultad que tiene hoy la policía, en este caso de la provincia de Neuquén, de poder proceder a la demora, a la privación ambulatoria de una persona hasta por 18 horas solamente a los efectos de obtener su identificación o averiguación de antecedentes”, dijo la legisladora en diálogo con el programa radial, La Palangana.

Y agregó: “una práctica que ha conllevado la privación ilegítima de la libertad, la desaparición de personas, la práctica permanente de apremios ilegales, severidades, tormentos y una serie de cuestiones que han sido denunciadas recurrentemente en las distintas fiscalías sin obtener, en su gran mayoría, grandes resultados”.

A diferencia del proyecto de Libres del Sur, Sagaseta junto a la delegada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, el delegado provincial del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Inadi, Gustavo García, el responsable del Observatorio de Derechos Humanos de Neuquén, Gabriel Rafart, y la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Comahue coordinada por Silvia Contrafatto, proponen la derogación del inciso.

En los fundamentos los firmantes sostienen que: “Las restricciones de la libertad de los ciudadanos por parte de integrantes de esas instituciones policiales por causales ajenas a las previstas en los ordenamientos procesales penales, son a todas luces inconstitucionales. En nuestro país no hay Ley alguna que establezca la obligatoriedad de llevar consigo el documento nacional de identidad”.

“Este proyecto de ley surge a partir de las preocupaciones que ha generado la observación del Comité de Derechos Humanos en relación al pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en su 98º período de sesiones realizadas en Nueva York, en marzo de 2010, quien en su último informe para la Argentina en su punto 15 ha esgrimido textualmente: “El Comité expresa nuevamente su preocupación por la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores,  sin orden judicial, ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad, en contravención, entre otros, del principio de presunción de inocencia (Artículos 9 y 14 del Pacto). El Estado Parte debe tomar medidas con miras a suprimir las facultades de la policía para efectuar detenciones no vinculadas a la comisión de un delito y que no cumplan con los principios establecidos en el artículo 9 del Pacto”, argumentan.

Audio de la entrevista con la diputada provincial de Libres del Sur, Paula Sanchez-programa La Palangana/radio Universidad Calf

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