Quien quiera oir, que oiga: aportes a la audiencia pública

POPURRI

logo_audiencia2412Graciela Bourdieu, Defensora del Pueblo Adjunta de la ciudad de Neuquén.

El derecho a la familia en el sistema de protección de los derechos humanos

Es saludable para una democracia abrir los espacios para debatir cuestiones pendientes en la agenda político social.

El tema que hoy nos ocupa ha dado lugar a las reacciones y opiniones más diversas. Más allá de los argumentos formulados desde posturas morales y religiosas, lo cierto es que el Estado no puede desconocer los derechos fundamentales de las personas destinatarias del proyecto de ley que propone modificar varios artículos del Código Civil, incluyendo el matrimonio en parejas conformadas por personas del mismo sexo.

Resulta oportuno recordar que el derecho internacional de los derechos humanos nos enseña que:

1) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

2) Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes.

3) Las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos.

Sobre estas bases desarrollaré mi exposición.

En los últimos tiempos, a nivel internacional y nacional, se han producido avances en cuanto a garantizar que las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas.

Son numerosos los Estados que en la actualidad tienen leyes y constituciones que garantizan los derechos de igualdad y no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. Éstos son los Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia y Portugal. Primero, el Parlamento Europeo en 1985 dictó una resolución a favor del reconocimiento de derechos a gays y lesbianas. Más tarde, en 1994 dio a conocer el informe sobre igualdad de derechos para homosexuales y lesbianas de la Unión Europea y desde entonces viene exigiendo la homologación de las uniones homoparentales con el matrimonio y el reconocimiento del matrimonio universal en todos los países miembros. Por su parte, seis estados de los Estados Unidos establecen el matrimonio universal, Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Washington, D.C.

Algunos de los países que cuentan con otras formas legales de unión son Alemania, Andorra, Australia, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Israel, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Reino Unido, República Checa y Suiza. En Estados Unidos, las uniones entre personas del mismo sexo cuentan con protección legal en California, el Distrito de Columbia, Nueva Jersey, Nueva Hampshire, Oregón y Washington, entre otros.
En Latinoamérica, en Ecuador, Colombia y Uruguay las uniones tienen validez legal a nivel nacional. Además, la ciudad de Méjico, el estado mexicano de Coahuila, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul y las ciudades de Argentina de Buenos Aires, Villa Carlos Paz, Río Cuarto y la provincia de Río Negro, reconocen la unión civil.

Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género de las personas constituyen un patrón global y arraigado, que es motivo de seria preocupación, tanto en el ámbito internacional como en el regional y local.

Entre estas violaciones se encuentran los asesinatos, la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo, la privación del acceso a la salud o a oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos. Estas violaciones a menudo se ven agravadas por la vivencia de otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión, como aquellas basadas en la raza, la edad, la religión, la discapacidad o la condición económica, social o de otra índole.

Varios Estados imponen a las personas normas relativas a la orientación sexual y la identidad de género a través de las costumbres, las leyes y la violencia, y procuran controlar cómo las personas viven sus relaciones personales y cómo se definen a sí mismas.

La vigilancia en torno de la sexualidad continúa siendo una de las fuerzas principales que sustentan la perpetuación de la violencia basada en el género y de la desigualdad entre los sexos.

En el sistema internacional se observan avances hacia la igualdad entre los géneros y las protecciones contra la violencia en la sociedad, la comunidad y la familia. Además, algunos de los principales mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas reafirman la obligación estatal de garantizar la protección efectiva para todas las personas frente a la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.

Sin embargo, la respuesta internacional a estas formas de violación de derechos humanos ha sido fragmentaria. Lo mismo ocurre en el ámbito nacional, en muchos aspectos las personas con orientación sexual o identidad de género diferente, son discriminadas.

Estándares mínimos establecidos por los expertos de derechos humanos

Para enfrentar estas deficiencias, la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, han elaborado una serie de principios jurídicos sobre la aplicación de la legislación internacional a las violaciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género, a fin de dar mayor claridad y coherencia a las obligaciones estatales en materia de derechos.

Un distinguido grupo de especialistas ha redactado y desarrollado estos principios. Luego de reunirse en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, 29 reconocidas y reconocidos especialistas de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia relevante en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, adoptaron en forma unánime los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.

Estos principios afirman la obligación primordial que cabe a los Estados en cuanto a la implementación de los derechos humanos. Cada Principio se acompaña de recomendaciones detalladas dirigidas a los Estados partes, entre los que se cuenta nuestro país.

Me detendré en lo que señalan los expertos referido al DERECHO de FORMAR UNA FAMILIA

“Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.”

Por su parte, los Estados:

“Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia, incluso a través del acceso a adopción o a reproducción asistida (incluyendo la inseminación por donante), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.”

Los Estados velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de familias, incluidas aquellas que no son definidas por descendencia o matrimonio, y adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar “que ninguna familia sea sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta al bienestar social y otros beneficios relacionados con la familia, el empleo y a la inmigración”;

Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial sea el interés superior del niño o la niña y que la orientación sexual o identidad de género del niño o la niña o la de cualquier miembro de la familia u otra persona no sea considerada incompatible con ese interés superior;

Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios o las uniones registradas entre personas de un mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, obligación o beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casadas o han registrado su unión esté disponible, en igualdad de condiciones, para parejas del mismo sexo casadas o que han registrado su unión;

Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o beneficio que se otorga a parejas de sexo diferentes que no están casadas esté disponible, en igualdad de condiciones, para parejas del mismo sexo que no están casadas;

De los principios de Yogyakarta, surge que todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e independientes y que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso y fijan los estándares mínimos que deben respetar y garantizar los Estados.

La Argentina es parte de la comunidad internacional y ha de cumplir con las obligaciones asumidas internacionalmente. Bien se ha señalado en un reciente fallo que “dejando de lado la evolución histórica de la institución matrimonial, la que traspasó diversas etapas en donde existían preeminencias entre los integrantes de la pareja -basta recordar el pater familia del Derecho Romano- hoy en el siglo XXI admitir discriminaciones o rechazos por razones de sexo, raza, religión etc. resultan por demás deleznables y contrarias a la libertad de elección e igualdad que debe gozar toda persona” (Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata, 2010, voto juez Bernard).

Dra. Graciela Bourdieu

Defensora del Pueblo Adjunta de la ciudad de Neuquén

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