Comunidad mapuche denuncia robo de fósiles arqueológicos

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El pasado 24 de junio se desarrolló en la localidad de Quili Malal, la audiencia pública en torno a la construcción de la represa y emprendimiento multipropósito Chihuidos I. De la misma participaron autoridades provinciales –con cierre del gobernador Jorge Sapag- y miembros de las poblaciones que serán reubicadas: la comisión de fomento de Quili Malal y los parajes aledaños de Agrio del Medio, Villa del Agrio y Bajada del Puente; junto al municipio de Bajada del Agrio, ubicado en la margen derecha del río Agrio.

Los medios que la cubrieron señalaron el apoyo recibido a la obra y la “democrática” audiencia pública, sin embargo nada dijeron de la gravísima denuncia pública formulada por Alberto Neculhuman, de la comunidad Cheuquel hecha en dicha audiencia: se están robando fósiles de dinosaurio de la zona.
“Hemos descubierto de que hay muchos iluminados y oportunistas, en tierras de la comunidad Cheuquel han estado sacando restos fósiles de dinosaurios” aseguró, a la vez que indicó que la comunidad también va a hacer la demanda correspondiente para que esos restos vuelvan a su lugar de origen.
Neculhuman, manifestó la voluntad de la comunidad de continuar trabajando con el estado provincial, “dispuestos al diálogo y al trabajo en conjunto”, aunque aseguró “vamos seguir teniendo control sobre nuestro espacio territorial”.

Un delito federal

Si bien no existen datos que permitan cuantificar la gravedad del problema que significa el tráfico ilícito de bienes culturales en la Argentina y en los países de la región de América Latina y el Caribe, se calcula que genera alrededor de 6 mil millones de dólares anualmente, lo que lo coloca en el tercer lugar del ranking mundial de mercados ilegales, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas.

La norma vigente desde principios del siglo XX, aggiornada en 2003 es la Ley 25.743.

En cuanto a las penas previstas para cada uno de los eslabones de la cadena comercial, la ley castiga tanto a quien realiza la excavación clandestina como a quien la ordena, con una pena que oscila entre un mes a un año de prisión o reclusión e inhabilitación especial de hasta tres años, la aplicación de la multa correspondiente de acuerdo a la magnitud de la alteración realizada y el decomiso de los objetos. Para aquella persona que, dentro del territorio nacional, transporte, almacene y/o comercialice las piezas extraídas, la pena incluye inhabilitación especial de hasta cinco años y prisión de entre dos meses y dos años. A la tentativa de exportación, en tanto, se le aplican las penas previstas por el Código Aduanero para el delito de contrabando, que establece prisión de 6 meses a 8 años.

Fotos de Quili Malal

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