Emergentes del e(E)stado crítico

Desde la mirilla, POPURRI

desde-lamirilla111111121En el marco de normas nacionales, provinciales y acuerdos internacionales, el Ministerio de Salud creó el “Registro Único de Profesionales de la Salud de la Provincia del Neuquén”.

Por Andrea Lopetegui

Según se lee, el instrumento (Resolución Nº 796/10 fechada el 17 de mayo y publicada el 11 de junio/2010) viene a actualizar procedimientos que no habían variado desde su puesta en vigencia en el año 1978: en los plazos y formas que prevé, impone la rematriculación de todos los graduados en el arte de curar (universitarios, técnicos y auxiliares) registrados ante la Subsecretaría de Salud.

Así (en “la necesidad de imponer un nuevo modelo de credencial que garantice las máximas medidas de seguridad, invulnerabilidad e inalterabilidad”) y con sustento en la “Matriz Mínima de Datos del Mercosur”, la provincia sistematizará la obtención de datos y su verificación, emitirá credenciales y llevará legajos personales de los matriculados.

La medida no sólo apunta a optimizar el ejercicio del deber de contralor y fiscalización que en la materia tiene el Estado, sino que luego contribuirá a alimentar un sistema integrado (Registro Federal de Profesionales de la Salud), lo que propone un avance que la tecnología habría favorecido hace ya largos años, si hubiera existido la voluntad política de hacerlo.

Para los destinatarios del derecho a la salud

En cuanto al “resto de los mortales” –o para quienes lo necesiten- a partir del 1 de noviembre será de acceso público y gratuito la “Guía de profesionales de la salud” que contendrá (entre otra/s) la siguiente información de cualquier prestador inscripto: profesión que consta en el Título o Diploma, número de registro de matrícula profesional, especialidades registradas, fecha de vencimiento de la credencial de matriculación y el estado de matriculación (activa o suspendida).

En cambio, la Resolución no contempla el acceso a documentos de los legajos (que entre otros datos se integrarán con copia de oficios judiciales u órdenes policiales en las que el profesional esté mencionado, denuncias recibidas, etc), aunque es de suponer que –eventualmente- pudiera prevalecer alguna otra norma, en resguardo de los intereses y derechos del paciente.

Como con otras decisiones para el manejo de lo público, el logro de objetivos dependerá en gran medida de la voluntad y eficiencia de sus efectores.

De hecho, en los más de treinta años sin actualización de procedimientos que la Resolución admite, habrán quedado registros de las “debilidades” del sistema; pero incluso si no existieran, la Disposición 386/10 (dictada diez días antes de la Resolución 796) da algunas muestras.

Sobre la base del expediente 4420-51450/10 (de la Subsecretaría de Salud) en esa Disposición el “Director Provincial de Calidad de la Gestión” refiere que, por discordancias detectadas (y consulta mediante a la Universidad Nacional de Rosario), se verificó que la señora Ivana Perla Tesolín prestó servicio en el Sanatorio Plaza Huincul “como médica en terapia intensiva desde mayo del 2005” sin contar con matrícula habilitante.

No un mes, ni un año ni tres: cinco años tardó quien ejerce el poder de policía (a través de una de sus dependencias) en detectar, indagar y comunicar que “el número de matrícula declarado por Sra. Tesolín no coincide con los registros obrantes” en la cartera sanitaria y en obtener -a vuelta de fax- la temida noticia de la institución rosarina: “que en los registros de dicha casa de altos estudios no figura que se haya expedido algún diploma de médica a favor de la Sra. Ivana Perla Tesolín, DNI Nº 21.536.789, y que los números consignados en la copia del título corresponden a otros diplomas de distintos egresados”.

Ante la gravedad de esos hechos, la Disposición asevera que desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos se procedió a efectuar “denuncia penal ante la Fiscalía General y de Coordinación, de conformidad con las previsiones de los Artículos 5º y 138º de la Ley Nº 578 de Ejercicio de la Medicina y Actividades de Colaboración, así como por encuadrarse presumiblemente los hechos descriptos en los tipos penales previstos en los Artículos 208º y 292º del Código Penal Argentino”.

Y también aplicó multas: de 25.400 pesos a Ivana Tesolín (además de prohibírsele, como medida preventiva, su desempeño en establecimientos sanitarios de la provincia), y de 10.795 pesos al Dr. Aldo César Washington Ledesma (Director Médico del Sanatorio Plaza Huincul) más la sanción de apercibimiento.

Puesto en valor -aunque luzca “amarillista” y estremezca imaginar la respuesta posible- cabe preguntarse qué pasó con el número de personas/vidas entregadas durante cinco años al “cuidado intensivo” de la señora Tesolín.

Lo que es seguro, es que la Disposición 386/10 omite toda referencia al sustrato superior de una cadena de responsabilidades que pone en el Estado la mayor carga. Y que “la gravedad” de los hechos que expone implica –sin que tampoco se mencione- lo que pudiera traducirse en términos de víctimas fatales.

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