Cuando lo “esencial” es atacar a los que luchan

POPURRI

digo-lo-que-siento421¿Resulta correcto que el gobernador Sapag declare por decreto la educación un “servicio esencial? Considero esta política es insostenible desde el punto de vista legal. Veamos por qué.

por Leopoldo Denaday, abogado laboralista – CeProDH*

El gobierno de Néstor Kirchner, mediante la Ley de “reforma laboral” (Ley 25.877), derogó la Ley del gobierno de De La Rua , que “legalizaba” los éxitos flexibilizadores del menemismo modificando la Ley de Contrato de Trabajo, habilitando la negociación colectiva a la baja[1] y restringiendo la huelga en los llamados “Servicios Esenciales”. Nefasta Ley que hasta Moyano llamó “Ley Banelco”, por el pago de coimas en su dictado.

Con la reforma K del año 2004, se retornó a la anterior legislación en negociación colectiva y se mantuvo intacta la vieja Ley de Contrato de Trabajo de la última dictadura militar. Mientras que la huelga en los “Servicios Esenciales”, tuvo una nueva regulación que siguió los lineamientos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT),- el cual – vale aclarar, es un organismo de la ONU- está integrado en forma tripartita por representantes de los Estados, las patronales y los sindicatos, de allí su innegable ideología liberal/republicana, no siempre acorde al principio protectorio que debe regir en materia laboral.

Aún así, el catálogo de “Servicios Esenciales” resulta taxativo: a) Servicios sanitarios y hospitalarios; b) La producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; y c) El control de tráfico aéreo. Este catalogo, según la Ley 25.877, sólo puede ser ampliada excepcionalmente, por una Comisión Independiente, a la que -eventualmente- Sapag, como cualquier gobierno, debía pedir su convocatoria por intermedio del Ministerio de Trabajo de Nación. Al pretender ampliarlo unilateralmente por decreto, llegando a invocar decretos nacionales ya derogados, se arroga facultades que no posee, por lo que se impone la inconstitucionalidad del Decreto 735/10 del gobernador de la provincia.

Ahora bien, más allá de la evidente ilegalidad del decreto del Gobernador Sapag y lo irónico que, recién en medio de una huelga, se acuerde de la importancia de la educación, cabe preguntarse si la educación es o no un “servicio esencial”. La propia OIT ha efectuado el preciso listado ya mencionado y restringido su ampliación exclusivamente a aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, seguridad o salud de las personas.” La pregunta se hace obvia: cómo podría el no dictado de clases llegar esos extremos. La respuesta negativa se impone, y así lo ha entendido la misma Comisión de Expertos de la OIT , que expresamente excluyó a la educación como servicio esencial.[2]

La educación es un derecho y no un servicio

La educación es un derecho que debe garantizar el Estado, que no se garantiza tratándolo como un “servicio esencial”, ni mucho menos “amontonando” docentes y chicos en establecimientos que, en muchos casos, siquiera reúnen mínimas condiciones edilicias. La escuela que se llevó la vida de Silvia Roggeti, podría haber sido (y podría ser aún hoy) cualquiera de las escuelas de la provincia y haberse llevado la vida cualquier alumno/a o docente. Para asegurar la plenitud del derecho a la educación, se necesitan fondos que garanticen condiciones edilicias, insumos y materiales, docentes con la posibilidad de capacitarse y con salarios que no estén por debajo de la canasta familiar.

Podría agregarse muchos más, pero es suficiente con señalar que el derecho a la educación se garantiza en conjunto con otros derechos, que también son responsabilidad del Estado: la alimentación de esos niños que con la panza vacía ningún conocimiento pueden incorporar ni retener, por ende, el trabajo de sus padres; también el derecho a huelga, a condiciones dignas de labor, salariales, jubilación y seguridad social y otro largo etcétera, justamente de los trabajadores que la misma Corte Suprema ha calificado como “sujetos de preferente tutela constitucional”.[3] Ninguno de esos derechos son “esenciales” para este gobierno, sino que por el contrario son derechos constantemente vulnerados, producto de lo cual, los trabajadores de la Educación , emprendieron esta lucha.

Como lo ha hecho con el dictado de la frustrada Conciliación Obligatoria[4], Sapag intenta presentar a los docentes como los ilegales, cuando es el propio gobierno quien vuelve a pisotear esa legalidad que dice defender. Decretar la educación como “servicio esencial” está claro que no resuelve el conflicto, sino que además de ser una medida “ilegal” deja en evidencia que “lo esencial” para este gobierno no es resolver el conflicto educativo, ni garantizar el derecho a la educación, sino que su verdadero objetivo es el ataque al derecho de huelga, la lucha docente y con ello al conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

[1] Ver: “Ley 25.250: un disparo contra los trabajadores” Revista del CeProDH, Nº 1 año 2000.

[2] Ver: “Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical”, quinta edición, 2006, párrafo 587, que remite a: Recopilación de 1996, párrafo 545; 310.º informe, caso núm. 1928, párrafo 172, caso núm. 1943, párrafo 226; 311.er informe, caso núm. 1950, párrafo 457; 320.º informe, caso núm. 2025, párrafo 405; 327.º informe, caso núm. 2145, párrafo 302, caso núm. 2148, párrafo 800; 329.º informe, caso núm. 2157, párrafo 191 y 330.º informe, caso núm. 2173, párrafo 297.

[3] Corte Sup., 14/09/2004, “Vizzoti, Carlos A. v. AMSA. S.A.” JA 2004-IV-199.

[4] Ver: Leopoldo Denaday, “Conciliación Obligatoria y conflicto docente”, Diario Río Negro, 14/05/10, p. 22.

*Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Neuquén y Alto Valle

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