Los daños del agronegocio en el NOA argentino

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reverdecer Enterate lo que pasa en nuestro NOA, con pueblos originario y criollos, corridos por la soja, arrinconados por dengue, aludes y enfermedades producto de la deforestación y el daño a la naturaleza. La Chaya Comunicación ha realizado un excelente informe sobre el modelo del agronegocio en el NOA argentino. Negocio que se consolidó durante la década del noventa. Modelo que solo en Salta le a significado que se destruyeran más de 600.000 hectáreas de bosques entre 1998 y 2006. “Hoy encontramos que este modelo está en crisis” aseguran.

Durante la década del noventa el modelo del agronegocio se fue consolidando en el NOA. Una de sus expresiones fue la expansión de una agricultura industrial para la exportación que se desarrolló en grandes extensiones de tierra de monocultivos mecanizados, semillas híbridas y transgénicas, con un alto uso de agroquímicos, y que implicó el avance sobre el territorio de las comunidades indígenas y criollas de la zona. La soja resistente al glifosato de la transnacional Monsanto fue el principal cultivo impulsor del aumento de la superficie cultivada, que en la región del NOA creció en un 48 % entre 1988 y 2002; casi la mitad de la expansión de la frontera agropecuaria a nivel nacional. Esto ha significado una deforestación masiva; sólo en Salta se destruyeron más de 600.000 hectáreas de bosques entre 1998 y 2006.

Cabe mencionar también la existencia de otros cultivos industriales en la zona, como es el caso de la caña de azúcar que se produce en plantaciones de gran escala desde fines del siglo XIX, y que en las últimas décadas atravesó por transformaciones productivas y procesos de mecanización.

El modelo del agronegocio ha profundizado la destrucción de la diversidad biológica y cultural; ha expulsado a las comunidades indígenas y pobladores criollos de su territorio obligándoles en muchos casos a vivir en los barrios periféricos de las ciudades. También ha impactado sobre la diversidad de las producciones agropecuarias y el trabajo rural, mediante procesos de mecanización y concentración productiva sustentados en un modelo monocultural.

Los desmontes que ha ocasionado la expansión de la frontera agrícola dejaron grandes superficies de suelo al desnudo, conllevando situaciones de aumento de la temperatura, vientos fuertes e inundaciones por la falta de masa vegetal que absorba el agua. Así, la tierra arrasada y luego uniformada con mares de soja transgénica ha avanzado sobre otros modos, saberes, maneras diversas de vivir los territorios desde sus innumerables latidos y conexiones entre seres.

La instalación del modelo del agronegocio en la región fue facilitada por las instituciones provinciales que organizaron numerosos eventos de promoción del modelo biotecnológico en sociedad con grandes productores agrícolas y corporaciones transnacionales.

Los organismos encargados de resguardar el ambiente, la diversidad biológica, y garantizar la vida de las poblaciones de la zona fueron los que en muchos casos permitieron los desmontes, vendieron o prestaron grandes extensiones de tierras fiscales para el desarrollo de los monocultivos, mostrando así su connivencia con los intereses de los sectores privados. Así también, ciertas ONGs como FUNDESNOA, cuyos miembros son las empresas más importantes de la región, han trabajado para legitimar la expansión de los agronegocios.

En el caso del cultivo de la soja, a nivel internacional, esta legitimación es propagada por la Mesa Redonda de Soja Responsable, que ingenuamente propone mitigar los impactos negativos que este monocultivo conlleva. Hoy encontramos que este modelo está en crisis. Hay muchos síntomas que demuestran esto, aunque los grandes medios de comunicación no los nombran de esta manera. Son los desastres y epidemias que aparecen cada vez con mayor frecuencia: el alúd en Tartagal; el colapso ambiental y social de las urbes superpobladas; la epidemia de dengue a nivel nacional; la proliferación de cáncer, abortos, malformaciones y otras enfermedades vinculadas al uso indiscriminado de agrotóxicos. Al vincular estos fenómenos con el modelo agropecuario, en realidad lo que se pone en cuestión es el modelo de producción mismo; un modelo que pone la ganancia por encima de la vida.

Un minucioso informe

El informe trata de visibilizar los impactos del modelo en la región del Noroeste argentino a través de cuatro casos que muestran parte de una realidad que hemos podido conocer y que asume importancia por el hecho de estar actualmente en una situación de conflicto.

El primer caso trata la situación difícil en la cual se encuentran las comunidades wichí de la cuenca del río Itiyuro. Los agronegocios se han instalado fuertemente en dicha zona y hasta el momento se ha deforestado casi el 30 % de sus tierras. Las distintas comunidades vienen luchando desde hace años en contra del desmonte y por la recuperación de sus territorios a través de la vía legal y de acciones directas -bloqueo de topadoras o cortes de ruta-, sin obtener respuestas del Estado.

En segundo lugar, describimos la comunidad wichí de Misión Chaqueña que frecuenta las tierras linderas en busca de insumos (madera y chaguar, principalmente) para la producción de artesanías. El conflicto surge en el momento en que dichas tierras comienzan a ser de interés para su explotación agropecuaria y a ser alambradas, impidiendo el libre acceso de la comunidad a las mismas. Asimismo, al encontrarse en una zona de expansión de la frontera agropecuaria, existe la posibilidad de que esas tierras sean desmontadas. Actualmente, el conflicto por el uso de dicho territorio persiste, aunque la comunidad ha logrado detener de forma pacífica el trabajo de alambrado que se estaba llevando adelante.

En tercer lugar, tratamos la situación de las familias criollas que viven en las orillas del Río Dorado. Son unas de las tantas familias de campesinos criollos humildes que viven en las zonas rurales del NOA que desarrollan prácticas de bajo impacto ambiental. Estos campesinos en general carecen de títulos de tierra y, por lo tanto, al igual que las comunidades indígenas sufren la expulsión de su territorio.

Por último, tomamos el caso de El Talar en la provincia de Jujuy donde iniciamos nuestro viaje. Allí distintas comunidades guaraníes organizadas pudieron recuperar 4.000 hectáreas de las 11.000 que estaban reclamando. De todos modos, a diario se enfrentan con una diversidad de dificultades, desde la falta de agua en su asentamiento rural, el dominio de “la empresa” (Ledesma) en la zona, hasta el acelerado desmonte de las 7.000 hectáreas en disputa. Las comunidades y pobladores rurales han hecho innumerables esfuerzos para obtener el reconocimiento de la posesión de sus territorios, y la vía legal ha sido una de sus herramientas. Sin embargo, hay que señalar que los reclamos judiciales no han llevado a los resultados esperados por las comunidades ni tampoco se han cumplido las legislaciones ya existentes.

Para la protección de los bosques nativos a fines del 2007 se aprobó la Ley Nacional de Bosques Nº 26.331. Sin embargo, justo en el período previo a la aprobación de dicha ley, en Salta se aceleró la cantidad de autorizaciones para deforestar y los estudios de impacto socioambiental que se realizaron en muchos casos estuvieron basados en información falsificada.

La Ley de Bosques estipulaba que las provincias tenían que presentar una ley de Ordenamiento Territorial para fines del 2008, lo cual tendría que ser realizado con la participación de las comunidades indígenas y campesinas. En la provincia de Salta este proceso se ha llevado a cabo con múltiples irregularidades y de modos pocos transparentes, resultando en una ley que permite la deforestación de nuevas grandes áreas. Esto ha generado fuertes protestas y reclamos judiciales, a partir de los cuales debió intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) parando provisoriamente los desmontes en algunas zonas de la provincia. Asimismo, en dicha oportunidad se ordenó un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo del millón de hectáreas autorizadas para desmontar en los últimos 10 años.

El estudio recientemente presentado por la provincia minimizó el impacto generado en este período, frente a lo cual se han presentado una serie de críticas y observaciones al mismo por parte de diversas organizaciones e instituciones. En este marco, resulta importante el seguimiento de lo que suceda próximamente en la Corte Suprema. Expansión de los agronegocios en el Noroeste argentino: Deforestación legalizada y resistencia de las comunidades . Como hemos visto, los procesos legales demuestran que estas vías sólo pueden pensarse como parte de una estrategia múltiple, y la organización de las comunidades indígenas y campesinas en defensa de sus territorios son un paso imprescindible para llevar a cabo esta lucha. La denuncia, pero también la acción directa resistiendo los territorios, resultan herramientas fundamentales para hacer efectivos sus derechos.

Una y otra vez las comunidades recurren a otras medidas como impedir que se pongan alambrados, que primero cortarán el libre acceso a la tierra y que posiblemente serán un paso previo para el desmonte; cortar una ruta para exigir una respuesta por parte del Estado; realizar movilizaciones y marchas hacia instituciones y corporaciones que permiten y promueven los desmontes; o frenar el avance de una topadora con los propios cuerpos, como último remedio para detener la destrucción del monte, que significa alimento, vida, cultura, historia, posibilidad de existencia como pueblo. Como dice Doña Modesta, presidenta de la comunidad guaraní de El Talar: “Luchemos, sepamos hacernos valorar, la lucha siempre. Necesitamos respeto para nuestra comunidad y para todos nosotros, y si estamos luchando por la tierra, la tenemos que seguir luchando, porque necesitamos, no para nosotros que ya tenemos tanta edad, sino para nuestros nietos y para nuestros hijos”.

Bajá todo el informe de chayar.com.ar

La Chaya Comunicación, se definen como un grupo de gente diversa, asumimos la crisis de nuestro tiempo y elegimos construir herramientas de comunicación con el objetivo de aportar una mayor comprensión a la compleja trama de un sistema de pensamiento y organización social hegemónico que nos oprime.

“Relacionamos los impactos locales con el modelo global para hacer visible cómo esto se expresa en nuestras vidas. En todo lo que hacemos subyace una revisión crítica de conceptos tales como: tiempo, progreso, trabajo, propiedad, desarrollo, evolución, tierra. Repensamos roles y responsabilidades a asumir para un cambio de paradigma hacia una revolución humana en las relaciones y una cosmovisión que nos permita seguir caminando la tierra los próximos años. No es suficiente analizar, es preciso movilizarnos hacia nuevas formas de hacer y vivir que reconstruyan lazos de solidaridad, y pongan en cuestión los privilegios de clase, género y relaciones con el entorno” aseguran.

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