Protección oficial-Distintas regiones

ARCHIVO

Si bien el proxenetismo, la explotación sexual de mujeres para beneficio ajeno, está prohibido desde 1913 y los prostíbulos desde 1937, el negocio continuó al amparo de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. Hoy éste toma la fachada de saunas, whiskerías, night club, VIP… y se promociona tanto en medios de comunicación como en la vía pública. “Estamos hablando de un negocio de mucho dinero, pero también es cierto que para que exista la trata en todos estos lugares hay complicidades del poder político, del poder judicial, del poder policial, de la Gendarmería. Pasar una persona por la frontera de nuestro país sale nada más que 40 dólares. ¡La vida de una persona vale 40 dólares!”, asegura Tuñez.

“La única forma que se puede combatir la trata es a través de una decisión política del Estado, pero eso [la trata] también al Estado le genera dividendos. Entonces siempre está entre el “combate” contra la trata y el negocio de la trata”, afirma Tuñez. “Tenés políticos que cobran coimas, policía que cobra coimas, intendente que cobra coima, curas que miran para otro lado, y toda la sociedad que es cómplice, porque al callar sos cómplice. ¿Cuál es el otro camino? Empezar a concientizar que consumir sexo pago es consumir sexo esclavo”, sentencia. “De esta manera empezamos a entender que en cada prostíbulo, en cada whiskería, en cada ‘privado’, hay negocio, hay mafia y hay mujeres que están secuestradas o engañadas y no pueden salir. Porque salen de dos formas, o porque se escaparon o porque las mataron.”

“En todo el país hay un apoyo de las autoridades a la corrupción policial y la protección policial a los prostíbulos, pero en el sur es absolutamente grotesca”, denuncia Assorati. “El nivel de impunidad y la forma como se manejan los policías y los poderes públicos en relación al tema es realmente grotesco, es directamente la impunidad total y absoluta. Por ahí acá en Capital o en otras provincias se cuidan un poco más en lo que dicen y en lo que hacen, pero en el sur realmente esto no lo vemos”, subraya.

La Pampa

En
2007 la legislatura provincial discutió un proyecto para reglamentar la prostitución que generó fuertes críticas desde organizaciones de mujeres. Tiempo después la tendencia se revirtió y en mayo de 2009, el municipio de Santa Rosa sancionó una ordenanza que prohíbe las whiskerías. Esta medida luego fue adoptada por otras localidades pampeanas como General San Martín, Quemú Quemú, Jacinto Aráuz, Eduardo Castex y Winifreda. Actualmente la legisladora rionegrina Beatriz Manso (REDES), junto a organizaciones no gubernamentales, impulsa en su provincia una norma similar para que sea tratada por todos los Concejos Deliberantes de Río Negro. (21)

Si bien la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante santarroseño fue el puntapié para traducir la lucha contra la trata en políticas públicas en la provincia persiste el sistema prostibulario con respaldo estatal. El intendente de Lonquimay, Luis Rogers, se opuso al cierre de la whiskería Good Night por considerar que se trata de un lugar que brinda “contención” a “transportistas y jóvenes”. “Si los concejales aprueban la ordenanza, la voy a vetar”, aseguró. (22) Poco después Liliana Abbrate, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, reveló que el subcomisario de Lonquimay, Carlos Adrián Alanís, mantiene un vínculo con la propietaria de un cabaret de Colonia Barón.

Ante esta situación la fiscal Alejandra Ongaro pidió a la Justicia investigue al intendente de Lonquimay por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por haber permitido el funcionamiento de un prostíbulo bajo la fachada de una whiskería. Además, acusó al subcomisario Alanís, a cargo del destacamento de esa localidad, de “connivencia”. También denunció al dueño de Good Night, Carlos Fernández, por el delito de “facilitador de la prostitución”. (23)

Por esos días también Hugo Benvenutto, subjefe de la Unidad Regional I, que se había opuesto públicamente al cierre de whiskerías, pasó a retiro luego de comprobarse que era pariente de la propietaria de un local de ese tipo en General Acha. (24)

La trama policial había sido denunciada en marzo del año pasado por Hugo Ledesma, quien fuera Jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa entre 2003 y 2004. En una entrevista publicada en el diario Página/12 denunció los problemas que tuvo dentro de esa fuerza al investigar el circuito provincial de la trata para explotación sexual. Le boicotearon pesquisas, lo dejaron sin vehículo, le rompieron la PC, le negaron allanamientos, lo trasladaron a una localidad lejana y recibió amenazas. (25)

Una investigación preliminar de la Procuración General de la Nación determinó que más de 400 mujeres, en su mayoría procedentes de Paraguay y del norte argentino, fueron trasladadas a la ciudad de Santa Rosa, entre 2005 y 2009, para ser explotadas sexualmente en tres prostíbulos que habían sido habilitados como whiskerías por el municipio local. Según la misma fuente el tráfico de mujeres hacia esta provincia habría aumentado significativamente entre 2007 y 2009 y en esa ruta la capital provincial sería, además de lugar de destino, un punto de distribución de las jóvenes hacia otras localidades. (26)

Del relevamiento de datos obtenidos por los entonces llamados “registros de alternadoras”, confeccionados por la Dirección de Sanidad al otorgar o renovar las libretas sanitarias a las mujeres que trabajaban en locales nocturnos, la Subdirección de Políticas de Género detectó la presencia de casos de trata en la ciudad, con un predominio de trata interna, aunque no faltaron casos internacionales, sobre todo de mujeres de nacionalidad paraguaya, dominicana y boliviana. (27) Las investigaciones concluyeron que Santa Rosa era lugar de destino y posterior pase de víctimas captadas en las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Río Negro

“En el caso de Río Negro, existen contactos de la ‘red pampeana’ [denunciada por el fiscal Colombo] que manejan prostíbulos en General Roca y Choele Choel, pero mantienen socios en San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande, Río Colorado y Catriel. También mantienen contactos con la ciudad de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, donde “alquilan” mujeres a otros tratantes por tiempo determinado”, afirmó el CeDHCo.

A fines de marzo, en la Segunda jornada sobre la trata de personas realizada en el marco de la Semana de lucha contra la trata de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Assorati detalló la situación que se vive en Río Negro. En su intervención puso como ejemplo el prostíbulo Las Vegas, de Choele Choel, y otros de propiedad de la misma red, que fueron denunciados en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Según detalló la jueza Marisa Bosco, a cargo de investigar algunas causas vinculadas a Las Vegas, denunció presiones por parte de la policía rionegrina y que altos funcionarios provinciales presentaron demandas por mal desempeño contra ella jueza. En ese marco también cesantearon a Gabriel Ormeño, policía que investigó a sus superiores y probó la participación de miembros de esa fuerza en la red de trata que opera en la localidad. (28)

También en marzo, organizaciones no gubernamentales expresaron su preocupación por los ataques y desplantes sufridos por la Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini. Durante la presentación del informe del período 2008-2009 de esta dependencia en la legislatura, los diputados oficialistas -radicales- se retiraron del recinto porque en la memoria de lo actuado se puntualizaban hechos graves producidos dentro de la provincia y en los que estarían implicados funcionarios públicos. “Preocupan a las organizaciones, no sólo los ataques contra la Defensora, sino también los dichos vertidos por el actual Director General de Análisis Delictivos de la Provincia, Carlos Lorenzati, quien niega la existencia de una “organización de trata de personas alentada por la Policía”, cuando escuchas telefónicas hechas públicas en el pasado, estarían confirmando dicha asociación.”(29)

Neuquén

“En Neuquén, existen verdaderos clanes familiares operando conjuntamente con ‘proxenetas’ en las zonas petroleras, pero existen graves situaciones de “captación” de menores -dos casos en Cutral Co y seis casos en Neuquén Capital- donde menores de la misma provincia son explotadas internamente”, aseveró el CeDHCo. “Los perfiles de las víctimas son específicos… abandono, pobreza, etc.”

El 16 de marzo, al cumplirse 5 años de la desaparición de Florencia Penacci – secuestrada en Buenos Aires por redes de trata-, la agrupación de mujeres Sin Cautivas hizo público un duro documento denunciando el funcionamiento de estas redes, vinculándolas con la economía petrolera. “No tenemos miedo: denunciamos y actuamos en la calle, en las escuelas, educando, informando. Por eso aprovechamos esta instancia para hacer pública la posición de la Fiscal González Taboada, quien en un diálogo nos confesó que negaba públicamente la existencia de Trata en la región, porque admitirla genera miedo en la sociedad. Con la política del silencio no se combate a la Trata. Nosotras afirmamos que en esta región operan redes de Trata y prostitución, en todas sus etapas (captación, traslado y destino). Estamos en una provincia petrolera y de destino turístico, las redes de trata son centrales para la economía local. Porque la ruta del petróleo es la ruta de la trata”.

La misma agrupación de mujeres contra la trata denunciaba en un boletín distribuido el 16 de marzo. “El número actual de prostíbulos en Rincón de los Sauces es incierto. Es posible que no haya inventario alguno, aunque seguramente todo/a habitante del lugar pueda señalar el recorrido preciso hacia cada uno de ellos. En el mes de febrero, supimos por la prensa de un “mega” operativo que allanó decenas; diversas fuentes dan cuenta de la reiteración de complicidades. Como ser que una semana antes del operativo ya se había filtrado la información entre dueños/as de prostíbulos. El resultado más elocuente fue la detección de mujeres de países como República Dominicana, Brasil y Perú, quienes estarían catalogadas como indocumentadas.” (30)

Sobre el cierre de este informe fue separado de su cargo el subcomisario Carlos Soto, jefe de Coordinación Operativa de la Policía de Neuquén. Según consta en las exposiciones realizadas en la Fiscalía General, Soto pedía a las ‘casas de masajes’ hasta mil pesos a cambio de dejarlos trabajar “en paz”. (31) La agrupación Juana Azurduy, vinculada al Movimiento Libres del Sur, relacionó ‘el cohecho’ con la posibilidad de que la policía esté encubriendo la trata de personas.(32)

Chubut y Santa Cruz

Semana a semana la prensa de ambas provincias “Hemos visto, fundamentalmente, aumentar el número de prostíbulos en todos los pueblos, en todos los lugares que tuvimos oportunidad de ir. En Puerto Madryn, que había 5 prostíbulos, ahora hay 20”, señaló Assorati.

Según el informe elaborado por OIM en 2006, existen conexiones entre las whiskerías de Comodoro Rivadavia y las de Caleta Olivia, que en algunos casos son regenteadas por una misma persona. En el documento se menciona el caso de un grupo de jóvenes que en 2004 logró escapar de un prostíbulo comodorense y denunció que las mujeres que allí eran explotadas habían sido traídas tanto de Salta y Jujuy como del exterior. En tanto una investigación más amplia logró establecer que las mujeres eran traídas de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos y Río Negro. También se probó que en algunas oportunidades los propios regentes de prostíbulos viajaban al NOA para realizar la ‘captación’ y tenían bases de apoyo en Tucumán y Capital Federal. (33) El documento también señala los vínculos de los proxenetas con funcionarios públicos, empleados de empresas de transporte y telefonía móvil y empresarios hoteleros.

En este contexto de trata y como cierre, no podemos dejar de mencionar un hecho ocurrido a principios de este mes. El intendente de la cordillerana localidad de El Calafate se quejó por el fuerte despliegue policial y el mal rato que pasaron quienes se encontraban en el club nocturno allanado sorpresivamente. El jefe comunal reprochó a las autoridades de la provincia no haberle avisado con antelación. El operativo en cuestión tuvo como saldo el rescate de menores en situación de prostitución e la incautación de estupefacientes. (34)

Seguimiento, amenazas y fuerzas de seguridad

“La mayor parte de las organizaciones y defensores de derechos humanos que estamos trabajando en los temas de trata hemos sufrido amenazas, ataques contra nuestras sedes, golpizas, quema de autos, encontramos micrófonos, nos hackearon las computadoras, nos copiaron los discos rígidos”, enumera Assorati. La coordinadora de Esclavitud Cero afirmó que la Asamblea Popular La Alameda, de Capital Federal, ya sufrió 15 atentados, “y son organizaciones que están con protección judicial, porque son testigos en causas”, recalcó.

“Esto nos llevó a la conclusión de que estamos absolutamente desprotegidos y que es necesario tener la solidaridad y el apoyo internacional, por eso estamos lanzando Ca.de.li [Cadena de Liberación]. Esta convocatoria a una serie de acciones anuales que vamos a hacer en conjunto en forma mundial y buscar la solidaridad cada vez que haya un ataque a un defensor de derechos humanos que trabaja en el tema de trata, y exigir en conjunto determinadas acciones a los gobiernos”, explica Assorati.

Durante la Segunda jornada sobre la trata de personas realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Assorati denunció que el Programa Esclavitud Cero, que ella coordina, recibió “cartas documento y presiones de la Policía de Río Negro y amenazas de efectivos de la Comisaría 38”. También se refirió a las “amenazas y ataques, incluyendo amenazas de muerte” sufridos por Adriana Domínguez, titular del Inadi Córdoba; Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa, en La Pampa; Meyi Carrazza, del Centro de Estudios e Investigaciones para la Mujer, en Entre Ríos; Marcelina Antúnez, coordinadora del Programa Luz de Infancia de Puerto Iguazú, en Misiones; y Germán Bernales, del Centro de Derechos Humanos del Comahue, en Río Negro”.

“Tenemos sospechas fundadas, aunque no es posible probarlo, que dichos seguimientos, escuchas telefónicas, plantación de micrófonos en las oficinas, y ataques a las computadoras podrían estar vinculadas a la Policía Federal. Una de las personas que desarrollaron estas actividades de vigilancia sobre la RATT (Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata), el señor Manuel Aldaz, sería ex miembro de la Policía Federal”.

Deja un comentario