Juicio por jurado simulado en la Legislatura provincial

Política, SECCIONES

1504SimulaciónPGSe realizó ayer en la Legislatura la simulación de un juicio por jurados, institución que evalúan implementar como parte de la reforma del Código Procesal Penal que lleva adelante la comisión interpoderes.

En la ocasión, se representó el caso “Provincia de Neuquén vs. Josefa González” sobre una acusación por homicidio calificado por el vínculo. La actividad reprodujo las distintas instancias que conforman un juicio y contó con la participación de un juez, un fiscal, un defensor, la procesada, un oficial de sala y un tribunal integrado por 12 ciudadanos que dictaminaron la inocencia de la acusada. La vicegobernadora Ana Pechén dijo que la iniciativa es un avance en la democratización de la justicia que permitirá “brindar a la sociedad eso tan esperado que es la confianza en la justicia y en los políticos”. La representación se realizó en el hall central de la Legislatura ante un público de 400 personas.

Al inicio del acto, José Russo, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la figura procesal permitirá acercar la justicia a los ciudadanos a través de una herramienta de participación y transparencia. En tanto, Marcelo Inaudi dijo que el juicio por jurado contribuirá a legitimar decisiones judiciales y comprometer al ciudadano común con la administración de justicia.

El caso simulado es una versión adaptada de un hecho real vinculado a la violencia doméstica ocurrido hace 10 años. Los roles de juez, fiscal, defensor y acusada fueron desempeñados por Héctor Granillo Fernández (abogado y ex rector de la Universidad de La Plata), Marcelo Hidalgo (fiscal de Córdoba), Alfredo Pérez Galimberti (defensor de Chubut) y Adriana Nani (camarista de la provincia de Buenos Aires), respectivamente. Al comienzo, el jurado escuchó las exposiciones del fiscal y el defensor, el testimonio de seis testigos, el relato de la acusada y la exhibición de las pruebas del caso y los alegatos.


El proceso se realizó en forma oral y pública bajo la dirección de un juez. Luego de los alegatos, los integrantes del jurado se reunieron en un recinto privado donde discutieron la prueba producida hasta alcanzar el veredicto. La metodología consiste en responder en forma anónima a dos preguntas formuladas en una boleta: si el hecho existió y si la acusada es culpable o inocente. Luego de la discusión, las boletas son incineradas porque la ley obliga al jurado a mantener su decisión en absoluta reserva. El presidente del jurado anota el resultado del veredicto en un papel que luego lo leyó en la audiencia.

Los juristas que representaron el caso respondieron a las preguntas del público mientras el jurado discutía el veredicto. Adriana Nani dijo que la experiencia sirve para avanzar en un trabajo conjunto entre la justicia y la ciudadanía. En tanto, Granillo Fernández consideró que la institución “completa el sistema republicano de gobierno” y explicó que el veredicto del jurado está legitimado por la soberanía popular. A su turno, el fiscal Hidalgo señaló que la implementación de los juicios por jurados se aplica en casos de delitos de alto nivel de conflictividad o controversia. Al respecto, el defensor Pérez Galimberti agregó que es una herramienta muy útil para dirimir casos en los que están en juego cuestiones éticas, morales y políticas.

Durante el debate judicial, los miembros del jurado permanecieron en silencio. La declaración de culpabilidad se alcanza con un mínimo de 10 votos y la decisión del jurado no tiene que ser fundamentada. El juicio por jurados está contemplado en la Constitución Nacional como una garantía de los habitantes y como una obligación institucional para administrar justicia. Córdoba es la única provincia del país que cuenta con dicha modalidad.

La propuesta de incorporar esa institución al Código Penal de la provincia apunta a modernizar el sistema procesal y avanzar hacia un modelo acusatorio que aporte mayor agilidad y eficiencia. Tiene como características salientes la oralidad, celeridad y simplicidad de las decisiones, en consonancia con los requerimientos de los Pactos Internacionales incorporados a la Constitución Nacional en la reforma de 1994.

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