Garantías (de unos)

Desde la mirilla

desde-lamirilla11Apenas a 15 días de conocido el fallo que declaró inadmisible el jurado de enjuiciamiento promovido por denuncia de mal desempeño contra el fiscal Pablo Vignaroli,  los diputados neuquinos se disponen a tratar la modificación de la ley 1565 que regula ese instituto.

Por Andrea Lopetegui

En despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia se aprobó la unificación dos proyectos de los diputados Marcelo Inaudi y Horacio Rachid “con aportes del bloque del MPN”, y son varios los artículos que se propone cambiar; el más cuestionable (desde el punto de vista del esquivo objetivo de la imparcialidad) probablemente sea el del Artículo 18 que, según lo informado por Prensa de la legislatura el 13/04/10, establece que “la función de declarar la admisibilidad queda a cargo del camarista elegido por sorteo (en la ley actual está en cabeza del propio jurado)”.

Ironías del sistema

Contra el fiscal Pablo Vignaroli como responsable de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública durante 2009 se impulsaron dos pedidos de jurado de enjuiciamiento. Ambos (en julio/09 uno y en marzo 2010 el otro) fueron declarados inadmisibles.

El último de esos intentos –fundado en once cargos- fue el presentado el 12/05/09 por Convocatoria Neuquina.

De haberse habilitado la apertura del juicio, el trámite -conforme lo establece el artículo 39 de la ley 1565- podría haber durado hasta 90 días hábiles (prorrogables por hasta otros 60). Determinar que las once causas invocadas por Convocatoria Neuquina resultarían inadmisibles para iniciar el proceso constitucional (Artículo 267 CP), le insumió a los miembros del jurado (excusaciones, ausencias y ferias mediante) diez meses (que concluyeron en el Acuerdo N° 242 del 23/03/10).

De los cuatro miembros del jurado que impidieron el proceso, podría decirse que sólo Jorge Brillo (justamente recusado -aunque sin éxito- por haber intervenido o tener intereses en la causa que motivó el plateo) fundó su voto con “argumentos” cuya verdad o falsedad podrían quedar para el lamentable “anecdotario” neuquino.

Contra los once cargos y defendiendo la actuación del fiscal, veintidós veces Brillo se refirió a la “objetividad” o equivalentes con que Vignaroli intentó dilucidar hechos e identificar responsables en las causas sospechadas de corrupción tramitadas en su fiscalía (también utilizó giros para atribuirle “dejar de lado la subjetividad”, “ceñirse a los hechos y pruebas” /  “motivar”).

Los tres votos restantes -también por la inadmisibilidad- no merecen mención.

En minoría y por la admisibilidad votaron los tres vocales del Tribunal Superior de Justicia que integraron el jurado, entendiendo que el tenor de las denuncias ameritaba la apertura del proceso. Cada uno lo hizo en un solo párrafo, de cinco o seis renglones. En esa economía de palabras, los vocales TSJ Graciela Martínez de Corvalán y Antonio Labate agregaron que la admisión de la causa hubiera favorecido la transparencia / hubiera permitido a Vignaroli aclarar las circunstancias denunciadas (la pucha!). Y también mencionaron el honor del funcionario (que, según los vocales, no habría sido afectado).

Pero sigamos con inadmisibles

Saben los miembros del jurado –aunque parece que el diputado Della Gáspera no- que su voto debe ser fundado, no sólo por que así lo establece el artículo 39 de la ley 1565 (que no es la única), sino porque –entre varias otras razones – la difusión de los fallos –con sus argumentos- favorece la función democrática, el control y la formación de la opinión pública.

Acaso por exceso en el cuidado de no prejuzgar a Vignaroli, la falta de desarrollo mínimo en la argumentación pudiera aparecer arbitraria. Pero puede que a los jueces no les preocupe el impacto de sus decisiones cuando lo único que queda es señalar que en esa “economía argumental” privaron a la sociedad de conocer el sustento (desarrollado en ¿dos? ¿tres párrafos?) y la convicción que llevó a cada uno de los tres vocales del máximo estamento judicial a encontrar admisible, lo que no sucedería.

De poco han servido las herramientas constitucionales con el “uso de estilo” que se les ha dado. Y de poco sirve entender que son gravísimos los efectos de la corrupción política, cuando antes ha sido grave no prevenirla, no perseguirla y no disipar sospechas.

La tranquilidad de conciencia (ese estado -a veces de “embriaguez”- que afecta a los magistrados) no se ciñe a haber hecho lo que una circunstancia determinada permite: para funcionarios con tan altas responsabilidades –en tanto no hayan agotado lo que está dentro de su alcance y facultades para garantizar justicia y transparencia- es moralmente exigible que no reposen en ningún placebo.

One thought on “Garantías (de unos)

  • En entrevista radial (17/04/10, FM del Sol de Cutral Có) y recordando que ya tiene despacho de comisión la modificación de la ley 1565, se le preguntó al diputado Marcelo Inaudi si considera que contribuirá a la imparcialidad la modificación al artículo 18 de la ley 1565 –que pondrá en un camarista elegido la decisión de declarar la admisibilidad (o no) de la denuncia que actualmente se define por resultado de la votación de los siete miembros del jurado). El diputado respondió que se piensa en una “especie de mini jurado…” con detalles no del todo definidos hasta antes de ayer.
    Pero en fin: se trata, según dijo, de otro proyecto.

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