Caso Fuentealba II: El plan y la orden

Política

Tapa 8300 Julio de 2008Hubo un plan: montar un espectáculo mediático para demostrar al país cómo se comportaría Jorge Sobisch con quienes no respetan su autoridad. Hubo una orden: reprimir salvajemente. Al límite. Existieron garantes: desde el jefe policial, pasando por el subsecretario de Seguridad, hasta los jefes de grupos especiales. Estos son los datos que se desprenden de la causa Fuentealba I y que serán fundamentales para redefinir la Fuentealba II. Lo más importante es que estos actores no participaron de una maniobra de encubrimiento, sino que son protagonistas de un plan premeditado con anterioridad al crimen del docente neuquino.

 

Por Fabián Bergero

(publicada en Julio de 2008 en elperiódico 8300)

El Plan

A partir del fallo de la justicia en el causa Fuentealba I, el trámite de la llamada Fuentealba II deberá experimentar un cambio radical en su lento y tortuoso camino hacia el juicio oral. La exposición de testigos y policías, incluida la del ex gobernador Jorge Sobisch, demuestran un hecho claro: hubo un plan pergeñado la noche anterior a la represión (ver “Pernil, Champagne y represión”), que tenía como objetivo crear una imagen clara, nítida y potente del espectáculo del Estado cayendo sobre quienes violan las leyes, parafraseando a Michael Foucault. Y hubo una orden igual de clara para lograr ese fin.

El gobierno de Jorge Sobisch buscó que ese espectáculo se viera a nivel nacional a través de las pantallas de la televisión, para que todos los argentinos cansados de tanto piquetero suelto que corta rutas (en esos días, a la Sociedad Rural ni se le pasaba por la cabeza hacer lo mismo) viera qué iba a hacer él con los rebeldes cuando fuera presidente.

Si se sigue con atención los testimonios recogidos durante el juicio contra el ex policía José Darío Poblete por el crimen de Carlos Fuentealba, se descubre que todo estuvo planeado a la perfección: dos camionetas de la policía cortan la salida de los y las docentes hacia Neuquén. Más atrás, otro grupo interrumpe un carril, conformando una chicana para las decenas de vehículos que transitaban en ese momento. Confusión. Caos. Un policía con graves antecedentes penales por vejaciones que se mantiene activo en los inconstitucionales Grupos Especiales (ver página 7), pasa casi desapercibido. Se desprende de su grupo. Avanza solitario por un costado de la ruta. Pasa un Fiat. Detrás, otro más. Una orden al aire (“paren ese auto”) que sólo los policías escuchan. El agente sube a la ruta, se prepara, apunta, dispara, mata, y huye con la tranquilidad de alguien que tiene la retirada asegurada. Sus compañeros lo esconden. Desaparece.

Hubo dos errores en este diseño: Marcela Roa lo vio. También Alejandra Meraviglia.

Para la familia de Carlos Fuentealba (a través de su abogado Gustavo Palmieri) lo que ayer fue una intuición, hoy es un dato objetivo: la existencia de un plan con un fin claro, determinado. Una orden más general a esa otra pequeña de “paren ese auto”. Esa orden nunca escrita respondía a ese plan mediático de Sobisch. ¿Cuál era la orden? ¿Matar a alguien? ¿Disparar contra algún dirigente de Aten?

Nadie cree que Sobisch haya querido matar a alguien. Es cierto que en ese gabinete existía un grado de demencia suficiente como para imaginar que el imprentero de la calle Mitre podría llegar a ser presidente de la Nación, aún cuando las encuestas pagadas le daban el 1,5 por ciento de intención de voto.

Pero si –como creemos- hubo un plan y una orden acorde a él, la situación de los actores cambia. Porque tanto los policías (jefes y subalternos) como los funcionarios (desde el gobernador hasta el y la última ministra ausente) dejan de ser partícipes de una maniobra de encubrimiento del crimen, para pasar a ser actores fundamentales con un propósito previo. Premeditado con frialdad, entre copas de champagne y pernil de cerdo.

La orden

El docente y ex policía Alberto Gualletto explicó –refiriéndose a lo acontecido el 4 de abril de 2007 en Arroyito- que dentro de la policía existen dos tipos de órdenes: la escrita, la cual va acompañada de un expediente y queda debidamente registrada, y la que se emite de manera verbal, y por lo tanto no queda asentada. Ésta suele tener un componente ¨delictivo¨, reconoció el docente. Y cree que habría sido el tipo de orden impartida para llevar adelante la represión en Arroyito. De hecho, la orden escrita no existe.

Su testimonio también fue claro para comprender que muchas veces la forma en que se imparte la orden, determina cierto tipo de accionar de los subalternos. “Nunca se manda explícitamente a matar a nadie”, dice, porque “la orden se transmite en forma metafórica, pero con un sentido bien claro”.

“¡Avancen, vamos a hacerlos mierda!” fue la orden que el docente Marcelo Marenco escuchó de boca de un policía vestido con camisa blanca, corbata y pantalón que impartía directivas en Arroyito. ¿Cómo se puede interpretar el “hacerlos mierda”?

El policía que dio tal orden fue reconocido como Benito Matus, uno de los cabecillas del operativo e imputado en la causa Fuentealba II. Matus está filmado disparando ilegalmente su rifle de postas de goma contra un vehículo que escapaba de la estación de servicio. De civil. Sin identificación como la mayoría de los jefes presentes.

El vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Capurro, dijo que era evidente que “alguien que fue instruido apuntó a matar”. Y amplió: “Todo indica que a los docentes se los persiguió, es decir que había una orden” en tal sentido.

Los testimonios que jalonaron las 14 jornadas de juicio oral contra Poblete coinciden en la descripción de ese operativo represivo. “Nos corrían como a conejos”, “había orden de perseguirnos”, “la zona se llenó de disparos y humo”, son citas textuales de otros y otras docentes que sufrieron la brutalidad policial y que dan cuenta de que fueron perseguidos por la ruta, por las banquinas, por el descampado e incluso hasta detrás de la estación de servicio. La docente Gloria Rodríguez aseguró que “parecía un campo de práctica de tiro”.

Los policías también aportaron datos en igual sentido. Luis González -mecánico armero de la policía- fue hasta Arroyito a media mañana del 4 de abril a reaprovisionar a los Grupos Especiales. Llevó 450 cartuchos para la Pistola Federal 1270; 150 para la escopeta de balas de goma 38.1 y 40 granadas de gas.

Otro docente, Luis Paredes, aportó un dato dramático que demuestra que el operativo iba más allá del despeje de la ruta: recordó el “ánimo de diversión” que parecía invadir a los policías. “Sonreían indiferentes y hasta se burlaban de toda la situación haciendo gestos obscenos”.

“Este hecho representa como ningún otro la irracionalidad en el uso del poder público, la mezquindad en los intereses políticos y personales que estaban en juego que fueron la causa de origen, la ilegitimidad en el ejercicio de la función pública, el abuso de los sectores de poder , la violencia física usada como herramienta de visiones mesiánicas y autoritarias”, aseguró el abogado de Sandra Rodríguez y sus hijas, Gustavo Palmieri.

 

Los garantes

“Para dicha tarea (de despejar la ruta) se convocó personal de los grupos Especiales (Geop Zapala-Cutral Co-Junín de los Andes), del Departamento Seguridad Metropolitana, Despo, y personal de la dirección Bomberos con el apoyo del hidrante”, dice el fallo de la Cámara Criminal Primera. Una cantidad inusual de policías.

El periodista Mauricio García aseguró que en su vida profesional vio procedimientos con muchos menos policías para dispersar la misma cantidad de manifestantes. “Los efectivos policiales eran muchísimos”, dijo.

Pero también hubo jefes. Muchos.

Estaban –según algunos testimonios- el subsecretario de Seguridad de la provincia, Raúl Pascuarelli; el subjefe de la Policía, Moisés Soto; el jefe del operativo, comisario mayor Mario Rinzafri; el superintendente de Seguridad, Adolfo Soto; el jefe de Criminalística, Miguel Ángel Escobar más todos los jefes de Grupos Especiales y unidades presentes. Además de algunos “líberos”, como Matus.

José Flores, subcomisario actualmente a cargo de la Despo- aseguró que en el segundo momento de la represión, pasó por su lado una camioneta Ford Ranger marrón con el jefe de la Policía, Carlos Salazar “y al lado venía el señor Pacuarelli”.

El docente Rubén Lescano vio al subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, hablar con el comisario Rinzafri y otro efectivo vestido con camisa blanca: Matus.

Luis Fernando Paredes dijo que vio a los jefes de la policía provincial dirigiendo el operativo.

Marcelo Fernández, contó que luego de que Carlos Fuentealba fue herido de muerte, vio en el lugar de la represión a Pascuarelli sentado en una camioneta blanca con vidrios polarizados. Fernández lo increpó y el ex funcionario –que estaba hablando por celular- le dijo: “se me fue de las manos”, y partió con rumbo a Neuquén.

También dijo haber visto al policía Benito Matus –el hombre que disparaba contra los vehículos de los docentes- recorrer solo la zona del operativo, sin depender de ningún grupo. “Eso es muy raro”, aseguró. Confirmó que Matus depende del área de Logística de la policía, que es una estructura con dependencia directa de la jefatura de Policía.

Diego González, inspector a cargo del Geop Cutral Co, confesó que ese 4 de abril “fue la primera y única vez” en toda su trayectoria como miembro de la fuerza policial que vio “tantos jefes actuando juntos”.

¿Para qué tantos jefes? Porque el plan era riesgoso, y había que controlarlo de cerca.

El periodista García estaba a unos dos metros del comisario Rinzafri cuando lo escuchó –sumamente enojad- hablando por celular mientras decía: “es otra vez el jefe, atiéndalo”.

Quién dio la orden

El subcomisario José Flores dijo que el 4 de abril tenían orden de evitar que se cortara la ruta y que “si mal no recuerdo” el comisario Juan Carlos Escobar “me dijo que la dio el gobernador”, en alusión a Jorge Sobisch.

Gualletto también señaló al ex gobernador como el máximo responsable del sucedido, ya que él, “tiene que responder por el tipo de entrenamiento y aleccionamiento que se le inculca a la policía provincial”.

Marcelo Guagliardo, recordó que en una primera instancia Sobisch había asumida como propia la responsabilidad política frente a lo sucedido y, a pesar del lamentable resultado del operativo había mantenido firme su postura de volver a tomar la misma determinación. “Hoy ni quiso hablar de responsabilidades –dijo Guagliardo el día que el ex hombre fuerte de la provincia declaró en el juicio-. Evidentemente sabe que está en una situación procesal difícil, por eso al comenzar se cubre y dice que no va a contestar preguntas que lo vayan a incriminar”.

“Lo importante de la presencia de Sobisch en este juicio –le dijo a (8300) el abogado de la familia de Carlos Fuentealba, Gustavo Palmieri- es que lo obligamos a mentir”. El ex gobernador descargó toda la responsabilidad sobre los funcionarios policiales. “Si me cabe una responsabilidad es la de haber dado la orden de actuar sin violencia”, dijo. “La violencia se vio en el simple hecho de mandar cinco grupos especiales y la cantidad de armamento que llevaban” le respondió Guagliardo.

Una afirmación que sólo es entendible en el marco del plan y la orden que deberá develarse en la investigación del caso Fuentealba II.

La víctima

Instantes antes del disparo contra el Fiat 147 de Gustavo Arroyo, el docente Rubén Lescano escuchó una conversación entre jefes policiales que decían que había que “cazarlos”. En ese momento supuso que se refería a los dirigentes, y entonces temió por Gabriel Pillado que se movilizaba en el auto que iba inmediatamente antes del 147.

Pero la reconstrucción del momento del crimen permite ver que, además de Pillado, estaban en ese sector de pocos metros sobre la ruta, otros dirigentes. Papalardo, de Aten Junín, en la Trafic que estaba adelante; otros en la camioneta de la Pastoral. Marcelo Guagliardo, en el Fiat verde.

Todos formaban parte de un grupo de vehículos que fueron encerrados por las camionetas policiales interrumpiendo su escape hacia Senillosa. La mayoría de ellos tuvo que esquivar la “chicana” montada sobre una mano de la ruta por el Geop Cutral Co. Cualquiera de ellos pudo haber ser el auto a detener, según la orden que sólo los policías oyeron. El muerto fue Carlos Fuentealba. Pero, ¿era la víctima?

 

 

¿Qué deja el fallo?

A pesar de la contundencia de los testimonios de docentes y policías, la sentencia de la Cámara Criminal Primera de Neuquén rescata pocos elementos que servirán para la investigación del plan de represión del pasado 4 de abril en Arroyito.

Sólo el voto del vocal Mario Rodríguez Gómez traza líneas de comunicación entre las causas. Si bien es cierto que lo que se juzgó aquí fue al autor material del crimen, los interrogatorios de la fiscalía y de la querella apuntaron a sumar información clave para llegar a develar la trama secreta del plan represivo.

Pero si por algo este fallo tendrá trascendencia histórica en el país, es porque le marca un límite a la impunidad en el accionar policial en los “operativos de disuasión social”.

Quedó demostrado que la pistola Federal es un arma de fuego, cuyo poder destructivo es casi la mitad de una Magnum, el arma más potente que se conoce. También se puso en evidencia que no se puede disparar hacia el cuerpo, como hacen prácticamente todas las fuerzas de seguridad del país. Y por sobre todas las cosas, marca un hito porque José Darío Poblete mató e irá preso de por vida.

Sólo falta ver si el ideólogo máximo de este plan tendrá la misma suerte que el ex policía neuquino, o si seguirá tan impune como otros responsables políticos de muertes atroces como Eduardo Duhalde con Kosteky y Santillán o Aníbal Ibarra con República Cromañón.

 

 

 

 

Cuatro mandatos

El vocal de la Cámara Criminal Primera, Mario Rodríguez Gómez, consideró en su fallo que existieron cuatro mandatos el día de la represión. Uno de Rinsafri, “cuando informa (a los y las docentes) que tenían cinco minutos para retirarse” y que “las órdenes habían sido impartidas por el Jefe de Policía”.

El segundo es parte del testimonio de Guagliardo, para quien “trataron de darles una lección por haberse animado a enfrentar al Gobernador pretendiendo hacer un corte de ruta”. El tercer mandato surge de la declaración del testigo Jorge Sobisch “que afirmó que sus instrucciones fueron preceptivas, que no se use violencia. Y la última orden es del sub comisario González: “paren ese auto”.

“Mi conclusión –dice el vocal- es que las órdenes tienen ingerencia en Poblete en dos sentidos, evidentemente si esa mañana fue a Arroyito con su grupo operativo uniformado y armado, es porque existía una orden previa, pero la causa inmediata que lo llevó a disparar contra el Fiat 147, fue la del Sub Comisario González. Me pregunto qué otra nefasta coincidencia que esa orden pudo determinar que los dos efectivos casi simultáneamente decidan disparar al mismo tiempo, al mismo vehículo, y de la misma manera, en forma directa?”.

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