90 días y van…

Política
El sapagismo, en su versión Jorgista, inventó una frase para responder a cada uno de los reclamos salariales: "Tesorería al rojo vivo"
El sapagismo, en su versión jorgiana, inventó una frase para responder a cada uno de los reclamos salariales: "Tesorería al rojo vivo".

El personal del Tribunal de Cuentas continúa con el paro de actividades, que comenzó en noviembre pasado. En este contexto, Rachid presentó un proyecto de prescripción de las acciones del órgano de contralor provincial.

La última reunión entre representantes gremiales y autoridades gubernamentales fue a principios de enero. Allí estuvo presente la ministra de Hacienda y Obras Públicas, Esther Felipa Ruiz. Según contó la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), María José García Crespo, Ruiz se limitó a decir que no había posibilidades de un incremento salarial. La retención de tareas del personal lleva ya noventa días.

Durante enero y febrero, un grupo de trabajadores del Tribunal mantuvo encuentros con legisladores de los bloques del oficialismo y la oposición para informarles acerca de la situación del órgano, que se agravaría ante una posible aprobación tácita de las cuentas públicas. Es que aun no ha sido presentada la Cuenta General de Inversión de la Provincia- Ejercicio 2008, con lo cual podría existir un aval de hecho, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de Neuquén.

El “borrón y cuenta nueva” de Rachid

El diputado provincial de Opción Federal y aliado estratégico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Horacio Rachid, presentó un proyecto de ley para incorporar un segundo párrafo al artículo 108 correspondiente al capítulo del juicio administrativo de responsabilidad, de la ley 2141 de Administración Financiera y Control.

La propuesta consiste en fijar un plazo de caducidad para las acciones y procedimientos iniciados por el Tribunal. Los sumarios y juicios administrativos tramitados en el órgano que superen los cinco años, contados desde la fecha en que ocurrieron los hechos investigados, sin acuerdo definitivo serían declarados prescriptos.

Entre los argumentos, el legislador sostiene que “La incorporación mencionada se torna necesaria a los fines de preservar la tan añorada seguridad jurídica, como principio base de nuestro sistema de Justicia, brindando reglas claras que rijan este tipo de procedimiento administrativo específico, fijando un plazo máximo de vigencia”. Su objetivo es evitar “mantener abierta investigaciones por lapsos indefinidos”.

Rachid entiende que la prolongación sin justificativo afecta “el principio de legítima defensa y debido proceso legal a favor de los imputados”.

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