Labate: el hombre de JAS para el TSJ

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El juez federal Guillermo Labate fue propuesto por el gobernador Jorge Sapag como candidato a ocupar una de las –por ahora- dos vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. El magistrado tiene una denuncia penal en su contra por supuesto encubrimiento de casos de abuso sexual y una investigación en el Consejo de la Magistratura por el mismo hecho.

En las causas que sigue por violaciones a los Derechos Humanos en la región, procesó al 11 por ciento de los imputados, todos ellos militares. No hay policías ni civiles comprometidos por sus indagaciones. Muchas de sus decisiones en estas causas, están siendo cuestionadas por la Cámara Federal de General Roca.

Por los (8300)

El 10 de agosto de 2006 se le inició, al ex Defensor Federal de Neuquén, Oscar Alberto Temis, una investigación en la Defensoría General de la Nación que devino luego en un jurado de enjuiciamiento,  acusado de desnudar y manosear a sus jóvenes defendidos, cuando los asistía en causas por tenencia de estupefacientes. La causa, se había iniciado ante una denuncia por parte de un grupo de empleados del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, presentada a la Defensoría General de la Nación, por la cual Temis fue suspendido de su cargo por la Defensora General de Justicia de la Nación, Stella Maris Martínez. Finalmente renunció, para evitar el jury.

Antes de que la investigación comenzara, mientras ocurrían los hechos por los que se lo acusó a Temis, el abogado Guillermo Labate -propuesto recientemente por el gobernador Jorge Sapag como candidato a una vocalía del TSJ- ya era Juez Federal.

Según consta en el Dictamen 108/2008 del Consejo de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura –que recomienda al Plenario del Consejo de la Magistratura desestimar la acusación contra el juez- varios jóvenes imputados que habían sido atendidos por Temis relataron  al juez Labate en persona lo que sucedía en el despacho del Defensor. Asimismo, consta también en el Dictamen las denuncias que un grupo de empleados del Juzgado le realizó al juez acerca de la inconducta de Temis. Según esas denuncias, en vez de investigar, Labate actuó como si nada hubiera pasado.

Encubrimiento

Con la renuncia de Temis el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público archivó las actuaciones en su contra, remitió los testimonios y antecedentes a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca -en tanto órgano de Superintendencia-, para que determine la eventual responsabilidad que pudiera caberle en este caso al Secretario de Labate, el abogado Gustavo Villanueva.

Además de iniciar la actuación disciplinaria, la Cámara de Roca envió una copia del expediente a la Fiscalía Federal de Neuquén, para que investigue y determine si existe o no materia delictiva. Es decir, paralelo a la cuestión disciplinar que se le estaba llevando adelante a Temis mediante el jury y a Labate en el Consejo de la Magistratura, se iniciaron actuaciones en el fuero penal respecto de ambos.

En marzo de 2008 se formó un expediente en la Fiscalía Federal, el “10/08 Reg Fisc. Fed. Nqn.  Temi Oscar Alberto y Otros s/ Delito contra la Administración Pública”, en el cual “Otros” son el secretario Gustavo Villanueva y el Juez Guillermo Labate.

Excusas

Junto al delito penal en el que se investiga la responsabilidad del ahora candidato al TSJ, se suma la cuestión ética que implica a todo ciudadano a denunciar situaciones como las que vivieron los jóvenes en el despacho del Defensor Federal. Más aún, a sabiendas de la situación de vulnerabilidad que vive un joven sobre el cual pesa una acusación de tenencia de drogas, que ve que casi todos los boletos disponibles lo llevan directo a prisión, y que su futuro depende del accionar del Defensor que tiene en frente.

Fuentes del juzgado aseguran que el juez Labate se habría excusado de su omisión de denuncia, explicando que “se trata de un delito que no es Federal; además de ser un delito de acción privada”,

Recuadro

El Juez Guillermo Labate ha elevado su perfil en estos últimos tiempos a raíz de la causa contra los represores de la región que actuaron durante la última dictadura militar..

El grado de  avance del proceso de enjuiciamiento de los represores es bajo: transcurridos más de dos años y medio desde la reapertura de la causa, luego de anuladas las leyes de impunidad, el Juez elevó sólo un segmento de la causa a juicio. Esta, incluye al 11,7 por ciento de las personas imputadas, todas militares. En esa lista no hay miembros de las policías Federal y Provincia, ni agentes del Servicio Penitenciario Federal que actuaron también en los grupos de tareas, secuestros, sesiones de tortura, muerte y desaparición  de hombres y mujeres durante la última dictadura.

Hay además una gran cantidad de casos (73 de las 90 víctimas por las cuales se lleva adelante la causa) por los que todavía no se imputó a nadie. La mayoría de estos casos corresponden a las personas desaparecidas.

Labate declaró la incapacidad sobreviniente de dos imputados militares, lo que implicó la suspensión de la persecución penal que pesaba sobre ellos, al considerar el juez que no estaban en condiciones mentales. Esa decisión fue apelada y revocada por la Cámara Federal de General Roca, con el fundamente de que los exámenes periciales no tenían sustento. En uno de esos casos se realizó un nuevo dictamen que asegura que su capacidad mental no se encuentra afectada. El juez Labate –sin embargo- aún no lo citó para que preste declaración indagatoria.

Por otra parte dispuso algunas medidas consideradas como “indebidamente benévolas” para los imputados. Por ejemplo alojar a dos de los detenidos por los crímenes de la dictadura en prisiones militares, afectándose así el régimen de igualdad entre las personas sometidas a prisión preventiva. En ambos casos la Fiscalía apeló tal decisión, y la Cámara Federal de Roca dispuso que los  detenidos permanezcan alojados en una cárcel común.

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