Un poco de aire para la justicia neuquina

Digo lo que siento

digo-lo-que-sientoLa audiencia pública significó una bocanada de aire fresco para un poder que –hasta hace poco- tenía más motivos para la sospecha que para la justicia. Los “amigos de la corte” sumaron información relevante al proceso, y jaquearon la decisión de municipalizar la Villa Pehuenia .

El vallado que rodeó al coqueto edificio del Colegio de Abogados neuquinos y los dos bomberos ridículamente pertrechados con trajes antiflama, cascos con protección, y enormes matafuegos (¿como para apagar la mecha de una bomba tal vez?) fue la contracara exacta de lo que ocurrió adentro del recinto en donde se realizó la primera audiencia pública, convocada por el TSJ para discutir un tema tan complejo como postergado. El pedido de inconstitucionalidad de la Villa Pehuenia, presentado por la Confederación Mapuce y la comunidad Catalan, que lleva casi un lustro deambulando en busca de una definición.

La demora habitual del TSJ en resolver los casos que llegan a sus manos, se extendió más de la cuenta. Tal vez por presiones a los miembros que mejor responden al humor del Ejecutivo, por intereses propios, por desidia, porque no se trató nunca de un tema prioritario, o porque la decisión a tomar puede comprometer fallos futuros, la institucionalización de la comuna de Pehuenia quedó en los cajones por mucho tiempo.

Por eso la idea de resucitar el expediente a través de una audiencia que convirtiera en pública la etapa de alegatos, significó una verdadera bocanada de aire. Tanto para el tribunal, como para las partes. Los aportes echaron aun más luz sobre un hecho incontrastable: la legislatura “se olvidó” de consultar a los pueblos originarios que habitan en el lugar, antes de sancionar la ley de municipalización de la Villa.

comentarioNi la vehemencia del intendente Del Castillo –que se enojó mucho intentando demostrar qué varios integrantes de las comunidades participaron de los procesos electorales-, ni la lógica cartesiana del joven abogado del gobierno –para quien + de 500 habitantes = 1 municipio- lograron torcer esta realidad.

El debate fue muy rico por el aporte del abogado de la COM, Juan Manuel Salgado, de Beatriz Gentile de la secretaría de Derechos Humanos, María Suárez Amieva, de la APDH, de Pablo Tomasini del Inai y –sobre todo- de la abogada del Cels, Silvia Zimerman, quiénes agregaron a la incontrastable evidencia jurídica, aportes que rescatan el respeto por la cultura, la idiosincrasia, las creencias y la cosmovisión mapuce.

Fue, en definitiva, un interesante llamado de atención a quienes –como la provincia- consideran que los pactos y tratados internacionales a los que suscribe el Estado argentino, son meras “expresiones de deseo”, o metas a las que uno debe tender a lo largo del tiempo. “Cuando el Estado adhiere, tiene que cumplir” latigó Zimerman, poniendo fin a la cuestión.

La lógica del Poder Ejecutivo y legislativo neuquino en este caso, es la misma que aplicó en Campana Mahuida, y con el mismo alevoso desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. De modo que un fallo favorable a los reclamos mapuce en Villa Pehuenia, dejará a las intenciones oficiales de instalar una mina a cielo abierto en Loncopué, al borde de la muerte.

Por eso la decisión que tome el TSJ trascenderá largamente la cuestión de Villa Pehuenia, y pondrá al pueblo mapuce, por primera vez, en la mesa de una debate del que hasta ahora ha estado ausente.

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