Zimerman, del CELS: “El de Pehuenia es un caso sencillo”

Pueblos Originarios

zimmerman1Para la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, es clara la violación al derecho porque la Legislatura no consultó a las comunidades antes de sancionar la ley. Y punto.

Para Silvia Zimerman la cuestión es sencilla: la legislatura neuquina no consultó a las comunidades mapuche cuando sancionó la ley de municipalización de Villa Pehuenia, y por lo tanto la ley es inconstitucional. Así de simple y claro es el razonamiento de esta abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, que participó de la audiencia pública convocada por el Tribunal de Justicia de Neuquén, y dialogó con (8300)web.

“Cuando un Estado adhiere a un tratado internacional, lo tiene que cumplir”, afirmó por si a alguien le quedan dudas. Y completó: “si el TSJ no declarara la inconstitucionalidad de la Ley, el estado argentino va a terminar siendo condenado”.

Zimerman integra el Equipo Internacional del CELS, donde se analizan los  sistemas interamericanos de protección de DDHH y los sistemas de DDHH que existen en las Naciones Unidas.  “Los casos que tenemos son los que acompañamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana. Ahora –por ejemplo- estamos ante un reclamo que involucra a 47 comunidades de la provincia de Salta. Está a punto de ser definido por la Corte. Es un reclamo territorial. Es probable que condene al estado Argentino por violar los derechos territoriales indígenas y lo obligue a llevar adelante un proceso de titulación que respete las pautas culturales de estas comunidades”.

Usted dijo que el de Villa Pehuenia era un caso sencillo…

En general (los casos) no son sencillos y hay distintas interpretaciones sobre los derechos reconocidos en un tratado. Pero justo este caso es mas fácil porque la forma en que está reconocido el derecho dice claramente que un Estado nunca puede adoptar medidas que pueda afectar la vida de los pueblos indígenas sin consultarlos en forma previa. Los casos difíciles sobre este derecho son los otros a los que me refería. En otros casos el Estado hace la consulta y dice: hola que tal, te hago la consulta, te dejo estos papeles y listo. Pero ahí es mas difícil cuestionar: esa consulta: ¿se hizo a las instituciones que correspondía?, ¿se hizo el procedimiento adecuado? Pero en este caso ni la hizo (a la consulta). Y como ni la hizo, es clara la violación del derecho. De modo que si el Tribunal no declarara la inconstitucionalidad de la Ley, el Estado argentino va a terminar siendo condenado en este caso. Va a pasar a la Corte Suprema,  y con la jurisprudencia que existe, seguramente lo vuelve atrás, pero si no lo hiciera, si le diera la razón, la Corte tomaría el caso y diría: qué consulta si no se hizo!

El intendente del Castillo dijo que se hizo esta consulta

El, en realidad, decía que la consulta sobre la ley, no se hizo, pero que antes de que se presente el proyecto, hubo algunas reuniones con algunas comunidades, y luego de que se creó, hubo reuniones y conversaciones. Y ahí uno entra en un terreno mas complejo. Pero sobre la ley, la legislatura la sancionó y no hizo la consulta. No creó un mecanismo consensuado con las comunidades porque no puede hacer cualquier cosa. Un mecanismo a través de las instituciones que correspondía, etc. Lo que se hizo después es otro tema. Yo escuchaba al intendente y pensaba: qué pretendía, que las comunidades esperaban sentadas seis años de brazos cruzados esperando a ver si el Tribunal les daba la razón? No, claramente que iban a tratar de defender sus intereses en el contexto que están que son instituciones de las que no participaron de su conformación y su decisión. Lo ideal desde el punto de vista del derecho indígena, el punto de llegada, tiene que ver con no sólo hacer consultas sino garantizar el derecho a la participación que significa decidir qué instituciones queremos entre los distintos pueblos.

Esto tiene que ver con algunos principios y pensar que el Estado que nosotros tenemos, los poderes, todos sus niveles, son instituciones creadas por la sociedad occidental. Por eso el punto de llegada es tener instituciones discutidas con los pueblos indígenas. Ellos forman parte de la decisión de cómo nos vamos a regir, a gobernar. Por eso por más que diga el intendente, son instituciones impuestas desde afuera y no acordadas entre los pueblos.

¿Qué tiene que pasar para que se modifiquen las leyes y se adapten a los pactos internacional?

Cuando se firma un tratado, ese tratado es completamente operativo y tanto las legislaturas, los poderes Ejecutivos, los gobiernos, tienen que hacerlos efectivos. El poder judicial no existiría si todas las leyes se cumplieran a rajatabla. Pero no es así. Hoy por hoy, como el Estado argentino reconoció la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando

Llega hasta ahí y toma una decisión, el Estado tiene que cumplir. Ahora la nación está intentando cumplir ciertas directas lo hace directamente. Y cuando hay que modificar las legislaciones, es un tramo mas largo. Pero en varios casos el Estado Argentino lo ha hecho. Correa Belisle era un militar fue sometido a un proceso disciplinario sin garantías ni nada, lo que se logró fue modificar todo el sistema de justicia militar.

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