El estado de (y) las áreas naturales protegidas neuquinas

Río suena

La Argentina tiene una tradición casi centenaria en creación y gestión de áreas naturales protegidas (ANP) a partir de las tierras donadas por el Perito Francisco P. Moreno al Estado Nacional en lo que hoy es el Parque Nacional Nahuel Huapi.

por Leonardo Datri

amanecer en Laguna negra y cordillera
Epu Lauquen. Las Áreas Naturales Protegidas encierran una belleza singular. Por esta razón es que requieren de los máximos cuidados, para que el potencial turístico no las convierta en una belleza efímera.

El auge conservacionista, a los estados provinciales, llegó mucho mas tarde y las legislaciones provinciales, mas tarde aun. De hecho nuestra provincia cuenta con varias áreas naturales creadas por ley o decretos desde hace varias décadas, pero solo contó con su primera ley del sistema de ANP a partir del 2008.

En diciembre del año 2000, los diputados provinciales aprobaron por unanimidad la primer ley, que pocos días después fue vetada por completo por el ex Gobernador Jorge Sobisch, supuestamente por presiones de la sociedad rural, agentes inmobiliarios y petroleras. El año pasado casi entre gallos y media noche, no por mala voluntad sino tal vez para evitar la presión de algún “lobby”, se aprobó una nueva ley de ANP y a un año de andar, es bueno saber como van las cosas. Y las cosas no marchan más o menos mal.

La Dirección de Áreas Naturales Protegidas pasó a depender de la Subsecretaría de Turismo y desde entonces ha sido imposible desarrollar una agenda de trabajo orientada a organizar y programar las múltiples acciones que son necesarias para crear los planes de manejo y operativos de cada área. Aun están a la espera las políticas y las planificaciones territoriales, que definan una estrategia de conservación para las actuales ANP del sistema y futuras que se puedan crear para dar respuestas a necesidades de conservación de recursos del territorio provincial.

El organismo prácticamente no cuenta con financiamiento en la actualidad, y se encuentra aislado completamente de las estructuras funcionales del Estado concernientes con la gestión del medio ambiente, el desarrollo territorial o la ciencia o con aquellas que al menos definen proyectos de desarrollo socioeconómicos a escala que directa o indirectamente las puedan afectar. Este aislamiento y dependencia de un organismo al que mas bien las ANP tendrían que contener y controlar, convierte al propio Estado en la principal amenaza de las ANP. Las pocas señales indicativas de un rumbo de trabajo surgidas desde la Subsecretaría y la Dirección Provincial fue la aprobación de un organigrama que no responde a ninguna planificación, ni a las obligaciones emanadas de la ley de áreas protegidas como por ejemplo formular los planes de manejo faltantes antes de fines del 2010. A esta altura del año y faltando apenas días para ingresar en el plazo establecido por ley la mayoría de las áreas no cuentan con su plan de manejo.

tromen
Tromen

Con esta nueva estructura la Dirección Provincial ha tendido a ser mas funcional a los fines del desarrollo turístico de las áreas en desmedro de una política activa de conservación y de relación del organismo específico con la política ambiental y territorial provincial. Sin una articulación de los objetivos de cada área con una política estratégica de conservación cada unidad pierde sentido de ser y se convierte en lo que ecológicamente se conoce como una “isla”, en la cual la diversidad tiende a ser cada vez más restringida y vulnerable a las acciones del entorno. Como si fuera poco este nuevo esquema prácticamente promueve la reconversión de uso de las ANP para actividades de conservación y promoción del desarrollo sustentable de las comunidades locales, a unidades netamente turísticas. Y sin dejar de contar que las áreas cuentan desde sus respectivas creaciones con problemas derivados del turismo, pero también del sobrepastoreo y la extracción de gas y petróleo en superficie.

A través del nuevo organigrama, se creó una Dirección General de Uso Público, del mismo rango que la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, estableciendo un organismo dedicado a la gestión de las áreas con una perspectiva ajena a la promovida por ley. Así cualquier acción sobre cada unidad no contenida en los objetivos para las que fueron creadas, plantearía un dilema jurídico y hasta sembraría la tan temida “inseguridad jurídica” de los supuestos inversores privados, por quienes velan nuestras autoridades con exageración exacerbada y poco realismo, que buscarían desarrollar actividades (seguramente turísticas) en las ANP.

Con respecto a la estructura específica de manejo de las áreas, se impugnó la incorporación de un profesional en educación ambiental, pese a que las áreas son visitadas por contingentes escolares en actividades curriculares promovidas por el propio Consejo Provincial de Educación y varias escuelas de la provincia. Tampoco se cubre la demanda profesional del sector de manejo de la población dentro de las áreas que comprende a un total de 250 familias con actividades de alto impacto ambiental como la ganadería extensiva. Ni hablar de la promoción de la actividad científica dentro de las ANP. Sin embargo el área de uso público ya posee cuatro profesionales en la Dirección; no se crearon los Departamentos de Educación ni de Pobladores, pero se creó el Departamento de Manejo de Visitantes.

Para colmo de males se vetó el nombramiento de dos guardaparques para las áreas protegidas Domuyo y Cuchillo Curá. La temporada de verano en áreas protegidas con gran afluencia de público (como Domuyo, Copahue y Epu Lauquen entre otras) ya ha comenzado sin la presencia de guardaparques debido a la falta de fondos para que se establezcan en las mismas. Como verán nueva ley, pero nada nuevo bajo el sol de las ANP. A la vaciada Dirección practicada por el antecesor del actual gobierno ahora se le suma la lisa y llana reconversión de áreas de protección de la naturaleza en productos turísticos. Sería importante que los legisladores que recientemente promovieron la ley, no hagan lo mismo que con el veto de la ley en el 2000…. Nada! Urge un pedido de informes y una propuesta criteriosa para que con los mismos recursos que hoy se asignan a promover productos turísticos que nuestra provincia vende muy bien por su propia naturaleza paisajística por si solos, se deriven a la forma en que estos se protegen y se le reconocen nuevas propiedades como usos medicinales de especies, educativos, prácticas conservacionistas y nuevos alimentos.

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