La megaminería mata

SECCIONES, Tierra

incendio

El pasado viernes 11 de diciembre un incendio intencional acabó con tres galpones ubicados en la casa de María Rosa Destefani y Adriana Claudia Carlini. Ambas viven frente al cerro Tres Puntas, lugar donde el gobierno provincial pretende hacer negocios con Emprendimietnos Mineros S.A., cueste lo que cueste. Ellas, como la mayoría de la población del lugar, se han opuesto al desembarco de esta empresa vinculada a la Metallurgical Construction Corporatiom (MCC), empresa estatal china dedicada a la explotación minera.

Lamentablemente, el contrato de “exploración con opción a compra” se celebró de espaldas al pueblo y las comunidades originarias, hecho en el que dirimió el Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano de justicia de la provincia.

El mencionado contrato entre la empresa y la Corporación Minera de Neuquén (CORMINE),  se celebró el 26 de octubre de 2007, un mes y medio antes de que el ex gobernador Jorge Sobisch terminara su mandato. Desde entonces los vecinos y vecinas se organizaron y comenzaron a averiguar ellos mismos los pro y los contras de la megaminería. El estado provincial lejos de velar por los derechos de los ciudadanos, actuó más como lobbista de la empresa que como representante de los neuquinos. Fue así que lamentablemente se enfrentó al pueblo, se los dividió y lejos de propiciar la tan mentada paz social, el gobierno de Jorge Sapag comenzó a intentar concretar este contrato “a como de lugar”.

Hubo visitas de funcionarios y empresarios de Emprendimeintos Mineros S.A., amenazas, intento de sobornos, mentiras y aprietes. Mientras tanto, por el otro lado, el conocimiento se socializaba a la par que la gente se organizaba. Hubo marchas, actividades y presentaciones a la justicia. Finalmente el pueblo se impusó y le dijo sí a la vida. La Justicia ordenó retrotraer todo y no innovar las acciones comerciales hasta tanto no se obtenga el consentimiento  “previo e informado” de los pueblos originarios.

A pesar de ello, días atrás el mismísimo Fiscal de Estado, Martín Gaitán, se apersonó durante una Asamblea de la Comunidad Mellao Morales para notificar a la comunidad a que diera una respuesta en veinte días, pues se convocaría nuevamente a una Audiencia Pública. Vale decir que el mismísimo Fiscal de Estado de la Provincia desoyó el fallo del TSJ que adevertía sobre no innovar.

En este ambiente de presiones permanentes sobre la sociedad toda y, en particular, sobre todos y todas aquellas que se oponen a que se contamine el agua y se dinamite un cerro se cometió este incendio intencional.

El fiscal a cargo de la investigación es Marcelo Cofre, de la Fiscalía de la Ciudad de Zapala. Aunque para la policía el hecho esta prácticamente esclarecido, debido a que el principal sospechoso se ahorcó el pasado 14 de diciembre, todo lo acaecido no es más que el fruto de la violenta intención de explotar una mina de cobre cueste lo que cueste.

Como figura en la denuncia, radicada en la Comisaría 26 de Loncopué, el incendio provocó cuantiosos daños materiales (en el orden de los cien mil pesos) además de alimentar el miedo y la sensación de desprotección que crece en la comunidad.

La región esta conmovida y una vez más se pronuncia por el sí a la vida, por el no a la mina, que ahora más que nunca mata.

José María D`orfeo, cura parroco de Loncopué manifestó que lo que pasó en las última horas “no lo podemos sacar, a todo esto, del contexto que vivimos en la zona”.  Agregando que “hay indicicos, huellas y gente que vio un auto en ese lugar, mensajes que vecinas sufrieron en los últimos días”.  Sobre el incendio sostuvo “que no se le eche la culpa al vecino que se ahorcó”.

Nos llama la atención que el viernes a la mañana, la jueza Paula Stalinavsky acepta poner en custodia los expedientes, y a la tarde se produce el incendio que como determinaron las pericias, fue intencional. Lo de los expedientes es que la provincia sigue insitiendo en actitudes…. Pidió levantar la cautelar de la audiencia publica para hacer otra audiencia pública cuando el TSJ decida si esto fue bien o mal vendido. Los abogados le piden que por favor retire los expedientes que estaban en minería o medio ambiente y los ponga en custodia. La jueza ayer rechazó categóricamente levantar la cautelar para volver a hacer una audiencia pública.” indicó D´Orfeo.

La comunidad Mellao Morales

La doctora Elena Picasso, abogada patrocinante de la Comunidad Mellao Morales, explicó que hubo novedades en la causa que se abrió por el incidente en la comunidad Mellao Morales cuando la fiscalía de Estado intentó notificar a la comunidad sobre el estudio que había hecho la minera sobre impacto ambiental.

Con una resolución de la dirección de Medio Ambiente queriendo de alguna manera suplir una audiencia diferente que es la audiencia de los pueblos indígenas -que requiere toda una preparación previa de parte de toda la comunidad- hubo una serie de interferencias y planteos sobre cuál es la audiencia válida: si la que quiere convocar el gobierno o  la que dispone la resolución 169 de la OIT para los pueblos originarios.

Se intentó avanzar sobre la comunidad cuando en realidad está el expediente inmovilizado por la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia. Porque hasta que no se resuelva el tema del contrato firmado entre Cormine y la empresa minera, hasta que esta situación de fondo no se resuelva, no puede avanzarse con ninguna audiencia audiencia, ni con nada: eso quiere decir no innovar en términos jurídicos.

La jueza Stalinavsky conservó la orientación legal existente dada por el TSJ, y se pronunció en ese sentido. Es grave la desobediencia de las autoridades de minería, de medio ambiente y fiscalía de Estado, tratando de avanzar sobre un expediente que está parado.

Ahora la jueza tiene que resolver la cuestión de fondo. En la misma resolución interlocutoria se dispone que debe ser resuelto en primera instancia. Es decir, la jueza Stalinavsky debe determinar si el contrato es nulo o no.

Cerro Tres Puntas que se pretende dinamitar

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