Nuevo desalojo a una comunidad Mapuce

Pueblos Originarios, Tierra

PAICHIL ANTRIAOEn compañía de elementos parapoliciales, la policía provincial irrumpió ayer de manera intempestiva  en las tierras de la comunidad Paichil Antriao. Es el segundo desalojo que el estado provincial ordena en apenas cuestión de meses.

Tres familias pertenecientes a la comunidad mapuce Paichil Antriao fueron violentamente desalojadas ayer por la mañana de las tierras que habitaban en cercanías a Villa La Angostura. Según denunciaron desde la Confederación Mapuce de Neuquén, el operativo fue llevado adelante por miembros del Geof con la ayuda de efectivos parapoliciales, y entre las autoridades presentes se encontraba el Secretario de Seguridad Provincial, Guillermo Pellini.

Se trata de la segunda acción de este tipo en menos de cuatro meses en perjuicio de una comunidad indígena en la provincia. El 24 de Agosto pasado fue la comunidad Currumil la que sufrió un intento de expulsión de sus hogares con una metodología similar: cerca de las 9 de la mañana las fuerzas policiales se hicieron presentes en el lugar cuando la mayoría de los hombres se encontraba afuera trabajando, y en el territorio solo permanecían mujeres, niños y ancianos.  El nivel de violencia empleado fue algo inusual e injustificado, dada la escasa capacidad de resistencia de los residentes.

El desalojo se realizó sin previa notificación y tuvo como saldo 2 detenidos. Se tiraron abajo las viviendas y se destrozaron y desperdigaron las pertenecías de sus habitantes. Actualmente el territorio permanece custodiado por efectivos policiales que controlan todo ingreso o salida de personas del lugar.       PAICHIL ANTRIAO2

Las tierras en cuestión son reclamadas por el ciudadano de nacionalidad estadounidense William Hernry Fisher, quien en 2006 presentó ante la justicia documentación que lo avala como propietario desde hace más de 20 años. Al poco tiempo el juez Jorge Videla le dio la razón aún cuando nunca había ejercido  la posesión, un requisito dispuesto por ley.

De todas formas, la comunidad jamás fue debidamente notificada del proceso judicial en su contra y por lo tanto tampoco pudo ejercer su legítimo derecho a defensa. Sólo se les informó de su situación cuando el juez ya se había pronunciado a favor del demandante.

Debido a esta irregularidad, la sentencia fue apelada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –máximo órgano de justicia reconocido por nuestra Constitución- y aún restaba conocer su decisión, lo que le imprime un carácter de absoluta ilegalidad a la orden de desalojo.

Verónica Hullipan, Werken de la Confederación, calificó lo sucedido como “una cacería de familias” y destacó que forma parte de una “seguidilla de acciones violentas y ofensivas que está realizando el gobierno de Neuquén en defensa de intereses privados”

Huillipan además explicó que “la sentencia que se ejecutó ayer tenía una discusión pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” .  Los hechos fueron denunciados inmediatamente ante el citado organismo, que ya respondió solicitando toda la información necesaria para tomar cartas en el asunto. Agregó que también se iniciaron las gestiones políticas correspondientes a nivel nacional y harán lo propio con el gobierno provincial.

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