Saldos y retazos

Desde la mirilla, POPURRI

desde-lamirillaA la hora de destinar fondos públicos para crear empresas del Estado o participar en sociedades, los gobernadores neuquinos han logrado históricamente la aprobación legislativa y tienen, hace más de treinta años, una vía abreviada.

Por Andrea Lopetegui

El acuerdo de mayorías propias o conseguidas para impulsar ese espíritu emprendedor encuadra en  lo que dicta la constitución, y aunque las figuras creadas (entes, agencias, institutos, sociedades, corporaciones, etc.) casi siempre tuvieron fundamentos expresados en términos de “desarrollo y progreso social”, la experiencia ha demostrado cuan fácil es proponer nobles objetivos y cuan raro es concretarlos.

La vía rápida

En el año 1973 se sancionó la ley 790; en su artículo 1° la legislatura autorizó al Poder Ejecutivo “a constituir o participar en sociedades de economía mixta, anónimas con participación estatal mayoritaria y a establecer empresas del Estado”: una autorización al voleo, de renuncia a decisiones que competen al poder legislativo, y que bien puede asimilarse a la delegación de facultades expresamente impedida en el artículo 12 de la constitución provincial.

Tal vez sólo por eso -si no por sus efectos- convendría revisar la constitucionalidad de la ley 790: analizar si contribuye o no a la representatividad y fiscalización parlamentaria, amén de si ha sido o no fuente de “desatinos”.

Estado empresario

Con esos instrumentos (del poder legislativo y ejecutivo), a la mega estructura ministerial neuquina se ha añadido una constelación de muchas otras en las que se fueron duplicando objetivos y/o funciones específicas de los ministerios y secretarías de Estado: son entidades que en muchos casos representan estructuras “espejo” (que además reproducen vicios de gestión, diluyen responsabilidades y controles).

Esas variantes seudo privadas dependen casi exclusivamente de la asignación del presupuesto público, están sujetas (¿?) a las leyes de fiscalización y contralor provincial y “cuelgan” de los organigramas ministeriales, pero se manejan como si se tratara de “empresas privadas”: en general tienen autonomía para designar autoridades en varios niveles, síndicos, personal, fijar sus remuneraciones y otras “libertades”.

Hay algo más de una treintena de ellas/os: algunas “tradicionales” (BPN S.A, D.P.V., etc.), otras no tan conocidas (ECyDENSE, NEUQUEN TUR S.E, etc.) y las nacidas en la actual gestión de gobierno.

De las más recientes instituidas por ley ya existen “incertidumbres” y planteos (como en el caso de Fiduciaria Neuquina S.A. (ley 2612). Las surgidas también en éste período por “la vía rápida” (Gas y Petróleo del Neuquén S.A., ADI-NQN S.E.P. y EMHIDRO S.E.P.) son hasta ahora una pequeña colección de datos: sobre ellas se ha publicado su objeto, capital social -estatal-, directorios, extractos de decretos de aportes de todo tipo (reintegrables, no reintegrables, de capital), y alguna información de incipiente actividad.

Todas (creadas antes o ahora, por ley o por decreto) tienen unos directorios bien remunerados que se cubren sin llamado público para concursar cargos entre los que acrediten mejor capacidad y antecedentes.

Podría indicarse sobre lo dicho que sólo es una suma de onerosos “detalles”; señalar incluso que es deber del Estado desechar la economicista relación costo/beneficio cuando la inversión de recursos públicos representa un avance incontrastable (como contribuyó a generar el EPEN, u ora/s).

Lo cierto es que -a falta de controles, transparencia o rendición de cuentas ante la sociedad– este “Estado empresario” presenta sólo unos flancos claros a la percepción pública: el patrimonial de muchos funcionarios que pasaron por esas –digamos- empresas, y una colección de sospechas y denuncias en vía muerta.

Así, si hay otro plato en la balanza, queda pesar el desarrollo y el progreso que esta industria de generación de empresas con fondos públicos ha dejado y proyecta, en términos sociales.

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