JOS en jaque

Política

Sobisch4La Cámara de Apelaciones de la provincia  rechazó la nulidad del requerimiento de instrucción y del llamado a indagatoria planteados por la defensa de Jorge Omar Sobisch, imputado en la causa conocida como “zona liberada”.

La estrategia dilatoria de los representantes legales del ex gobernador, Ricardo y Laura Cancela, fracasó. La Cámara de Apelaciones no hizo lugar al pedido que presentaron de recusación del juez de la causa, Alfredo Elosu Larumbe, y ayer les dio nuevamente la espalda, al rechazar la nulidad del requerimiento de instrucción y del llamado a indagatoria. Aun les queda la instancia de Casación.

Ni siquiera los integrantes de la Cámara, Héctor Rimaro, Daniel Varessio y Richard Trincheri, se salvaron de la arremetida. La defensa solicitó el apartamiento de los tres magistrados, argumentando, al igual que con Elosu Larumbe, una presunta falta de imparcialidad.

Sobisch está imputado por abuso de autoridad. Sería el responsable de haber dado la orden a la policía de “liberar la zona”, mientras un grupos de supuestos trabajadores de la Uocra “desalojaban” a docentes que se manifestaban, frente a una destilería de Plaza Huincul en 2006.

El 24 de septiembre pasado, fecha en la que Sobisch debía presentarse a declarar, sus abogados solicitaron la suspensión de la audiencia, junto al pedido de nulidad del requerimiento fiscal y del llamado a indagatoria. Elosu Larumbe se negó inmediatamente a postergar la citación, y JOS fue convocado para el día siguiente. Acompañado de sus seguidores, el ex gobernador asistió al juzgado y se negó a prestar declaración.

Resolución

Los tres magistrados rechazaron los planteos de nulidad.

Varessio dijo que en modo alguno el decreto de llamado a indagatoria puede afectar el derecho de defensa. El ejercicio de este derecho “solo puede ser afectado en el momento en que se produce el acto procesal previsto para que tome conocimiento del hecho que se le imputa y la prueba existente en su contra y podrá declarar o abstenerse de ello”. Es la indagatoria “el momento en que debe intimarse en forma clara, precisa y circunstanciada el hecho que se le atribuye y no en el llamado-decreto-, como lo pretende la defensa”.

Trincheri se explayó en este punto. Expresó que “el motivo bastante para sospechar” que autoriza la convocatoria del investigado “no debe ser equiparado al grado de probabilidad y menos aun al de certeza”. “Arribo a esta apreciación al reparar en las exigencias de la recurrente sobre ciertas circunstancias que rodean a “la orden” ( la forma de realización, el contenido, la identidad de todos los destinatarios) y que no se expresen detalladamente en la intimación, formando todo ello parte de información de cargo (material probatorio), que se agregará (o no) pero ello en absoluto autoriza a tachar de nulo el decreto del llamado a prestar declaración indagatoria”, agregó.

Rimaro remarcó que la indagatoria “en un Estado de Derecho debe ser concebida como un mecanismo de defensa del imputado, es decir que no implica un acto de coerción sobre aquel”.

La Cámara revocó la resolución que disponía declarar que las costas de la incidencia deberían ser soportadas por el imputado.

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